La verdad de la economía con Sánchez: desmontando la propaganda de Moncloa

Hay dos maneras de leer la economía española. La primera es meramente propagandística: si uno se ciñe al discurso del sanchismo, todo son brotes verdes. Si revisamos los datos sin el barniz de la Moncloa, lo que emerge es una economía con graves problemas estructurales. El crecimiento está dopado por deuda, la caída del paro es pura manipulación contable, los sueldos apenas mejoran y la sociedad vive cada vez más de las ayudas y subsidios que entrega el sector público.

Las sombras del crecimiento

Empecemos por el cacareado argumento del crecimiento. Desde 2019 hasta 2024, España creció en términos de producto interior bruto (PIB) nominal algo más de 330.000 millones de euros. En ese mismo período, la deuda pública aumentó en más de 430.000 millones. La aritmética es implacable: por cada euro de riqueza adicional que generó la economía española, el Estado se endeudó en 1,30 euros.

Conviene añadir que buena parte de ese crecimiento es extensivo, no intensivo: España recibió más de 900.000 inmigrantes netos en 2024, la cifra más alta de su historia. Más personas produciendo generan más PIB —es una identidad contable, no un logro de política económica—. El indicador relevante es el PIB por habitante, y ahí la imagen cambia radicalmente.

El dato agregado de crecimiento oculta además que la actividad descansa cada vez más sobre un Estado en expansión que desplaza a la iniciativa privada. En 2023 y 2024, en torno a un tercio del crecimiento del PIB se explicaba por el gasto público. Bajo el mandato de Sánchez, el peso de las Administraciones ha pasado del 41% al 46% del PIB, reduciendo el espacio del sector empresarial. Ese mastodóntico Estado se sostiene sobre una presión fiscal asfixiante: de 2018 a 2024 se contabilizaron al menos 97 subidas de impuestos y cotizaciones, lo que ha elevado la carga efectiva sobre un sueldo medio hasta cotas cercanas al 55%. Los contribuyentes soportan exacciones abiertamente confiscatorias sobre sus ingresos, su consumo y su ahorro.

Maquillaje estadístico del paro y sueldos mediocres

El Gobierno habla de empleo récord, pero cada vez que publica los datos de ocupación lo hace incurriendo en una grosera manipulación estadística. El 90% de la reducción del paro desde 2019 se explica por la reclasificación que la contrarreforma laboral de 2021 impuso sobre los fijos discontinuos: trabajadores que, en periodo de inactividad —sin trabajar, sin cobrar salario, dados de baja en la Seguridad Social— no computan como parados, sino como «demandantes con relación laboral». El truco es tan burdo como eficaz: contabilizando el paro efectivo, el desempleo asciende al 13,5%, más de tres puntos por encima del dato oficial, con 3,37 millones de personas sin empleo real frente a los 2,47 millones que reconoce la EPA. Desde que se introdujo el cambio, el paro registrado cayó en 737.600 personas; el paro efectivo, solo en 132.400. La cifra de fijos discontinuos ha subido más de un 60% y ya son más de 800.000 españoles quienes han dejado de figurar como parados sin estar ocupados.

Hablemos ahora de la renta de quienes sí trabajan. Por mucho que las empresas se hayan esforzado por subir los sueldos, la inflación acumulada bajo Sánchez ha tenido un efecto devastador sobre el poder adquisitivo. El PIB per cápita real —descontada la inflación— apenas supera en un 3% el nivel de 2019, lo que equivale en términos prácticos a unos 30 euros más por habitante en cinco años. Para el mismo periodo, esa variable creció más del doble en el conjunto de la eurozona —y un 4,7% solo en Italia—. La brecha en renta per cápita entre España y la media de la UE se amplió un 37% desde que Sánchez llegó al poder, de 2.720 a 3.720 euros por habitante; respecto a la eurozona, la distancia es todavía mayor: 10.680 euros por habitante frente a los 8.000 de antes de la pandemia. España crece. Sus ciudadanos, no.

El incremento reiterado del salario mínimo, lejos de elevar todos los sueldos, ha empujado a la baja la retribución del grueso de los trabajadores. De 2018 a 2023, el SMI subió un 26% en términos reales, mientras que el sueldo más frecuente cayó de 16.000 a 14.000 euros —una reducción del 13%—. La brecha entre ambos, que hace una década superaba el 40%, se ha desvanecido hasta el 3%. El coste laboral básico ha pasado a ser la retribución generalizada de millones de trabajadores. Es igualitarismo en la precariedad; equidad en la miseria.

Otra forma de inflar las cifras de ocupación es la contratación masiva en el sector público. Desde que Sánchez llegó a la Moncloa, las Administraciones han incorporado 657.948 nuevos empleados, pasando de 2,46 a más de 3,12 millones de efectivos. El coste salarial de esa expansión pasó de 127.700 a 172.400 millones de euros en seis años —un 35% más—, creciendo al doble de la velocidad del PIB y representando ya uno de cada cuatro euros del gasto público total.

Empobrecimiento de la juventud y asistencialismo generalizado

Si la economía española funcionase de manera realmente boyante, no seríamos testigos del crecimiento desbocado del asistencialismo que impulsa este Gobierno. El Ingreso Mínimo Vital nació en 2020 y un año después sumaba unos 600.000 beneficiarios; en 2025 alcanza ya los 2,4 millones de receptores. Si se suman otras ayudas, el número total de beneficiarios de algún tipo de prestación asistencial ronda los siete millones de personas.

Este incremento, que supone la constatación de un fracaso, se vende de manera triunfalista por un Ejecutivo que parece apostar por un modelo peronista: uno que celebra abiertamente el aumento de la dependencia. Sánchez puso en marcha el IMV anunciando que reduciría en un 80% la pobreza severa. Ese indicador se ha mantenido prácticamente inalterado. Lo que sí ha cambiado es el número de familias que no pueden sostenerse sin ayuda del Estado.

El retroceso es especialmente llamativo entre los jóvenes. Entre 2008 y 2024, el ingreso real de los trabajadores de entre 18 y 29 años cayó un 3%, mientras que el de los mayores de 65 creció un 18%. En 2025, un nuevo jubilado del Régimen General percibía de media 1.760 euros mensuales; el salario medio de un trabajador menor de 35 años era de 1.670 euros. Por primera vez en la historia reciente, jubilarse en España es más rentable que trabajar.

El deterioro de las circunstancias de los jóvenes resulta especialmente visible en el acceso a la vivienda, donde los precios se han encarecido más de un 50% bajo el Gobierno de Sánchez. Eso se traduce directamente en menos posibilidades de emancipación y mayor dependencia —tanto de la familia como del Estado—. El intervencionismo inmobiliario de la Ley de Vivienda no ha hecho sino agravar el problema: allí donde se han aplicado los controles de precios, la oferta de pisos disponibles para compra o alquiler se ha desplomado. La evidencia es contundente y universal: intervenir los precios destruye la oferta. España lo está comprobando en tiempo real.

Los perversos incentivos económicos del sanchismo

Detrás de todos estos datos late un problema más profundo que ningún indicador captura por sí solo: el deterioro sistemático de los incentivos que marcan el rumbo de la economía. Si emprender o trabajar en el sector privado es sinónimo de lidiar con un sinfín de trabas fiscales y regulatorias, que no nos sorprenda el progresivo desarrollo de un sistema basado en el gasto público asistencial y las redes clientelares. Ahora mismo, la política económica española está claramente orientada a ese objetivo: generar dependencia del Estado y, de esa forma, apuntalar un proyecto que no persigue la autonomía de las personas, sino su servidumbre.