El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado este martes un nuevo «plan de acción de derechos humanos» que tiene como finalidad una mayor protección de la libertad de expresión. La noticia, sin embargo, se ha recibido con escepticismo, pues llega tras las recientes críticas de la oposición y de las denuncias emitidas por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional ante acciones represivas del Gobierno.
En contexto: la censura perpetrada por Erdogan lleva años en el debate internacional de la sociedad y, pese a que la política interna del presidente tenga un marcado carácter islamista, la política externa está ahora condicionada por el diálogo con la Unión Europea para conseguir la liberalización de visados, que viene integrada en el plan de actuación anunciado.
Este plan comprende 9 objetivos, 50 metas y 393 actividades y se pretende implantar durante un periodo de dos años, según recoge el medio nacional NTV. También, Erdogan ha declarado en la retransmisión que «queremos mejorar la libertad de expresión, de organización, de religión… Es el objetivo en el que hemos trabajado con mayor intensidad hasta ahora». Se ha hecho especial hincapié en los preceptos relacionados con la libertad de expresión y las mejoras judiciales y legislativas relacionadas.
De este modo, se han establecido unos principios básicos en pos de los derechos humanos e incluso se ha mantenido la creación de una comisión de seguimiento para el cumplimiento de los mismos. Asimismo, el presidente ha sostenido que las conversaciones con la Unión Europea para lograr la liberalización de visados está en buen camino. En este sentido y, teniendo en cuenta la pugna ideológica en la que se encuentra Erdogan, todo apunta a que es una respuesta para cesar las críticas y las denuncias a su actividad como mandatario, así como para relajar tensiones con la UE.
A principios de año, un informe sobre abusos en las cárceles turcas revelado por la formación opositora prokurda Partido Democrático de los Pueblos (HDP), generó debate en el Parlamento por las denuncias de decenas de mujeres detenidas que fueron supuestamente obligadas a desnudarse durante registros e interrogatorios. Por otra parte, Amnistía Internacional y organizaciones locales de defensa de los derechos humanos han criticado al Gobierno turco por expulsar a miles de funcionarios tras el intento de golpe de Estado de 2016 y por ejercer presiones en los tribunales.
Turquía también ha ignorado las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que piden la liberación del exlíder del partido HDP, Selahattin Demirtas, en prisión desde 2016; así como la excarcelación del defensor de los derechos humanos Osman Kavala, en prisión preventiva desde hace más de tres años. Igualmente, cerca de un centenar de periodistas y colaboradores de medios de comunicación permanecen entre rejas, según la plataforma P24, que vigila los juicios relacionados con la prensa.