La Fiscalía venezolana imputará a nueve militares por la muerte de manifestantes

La Fiscalía de Venezuela imputará a nueve funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por haber disparado contra manifestantes en Táchira y Aragua. Tres de ellos son sargentos segundos de la GNB y serán imputados por la muerte de Manuel Castellanos, de 46 años, quien ha falleció en el Hospital Central de San Cristóbal tras haber recibido un disparo en el cuello este miércoles, informa el diario El Estímulo.

Con la muerte de un joven de 15 años la pasada noche, la cifra de fallecidos durante los casi dos meses de protestas en el país asciende 45.

Serán los fiscales 85º nacional y 20º de esa jurisdicción, José Martínez y Edward Narváez, respectivamente, quienes imputarán a los efectivos castrenses Yelfrin Junior Carmona Milán, José Gregorio Rodríguez Peña y Brayan Edgardo Lemus Vivas por la presunta comisión de delitos previstos en la legislación venezolana, asegura el Ministerio Púbico a través de un comunicado. 

De acuerdo con la información preliminar, aproximadamente a las 11:00 horas Castellanos realizaba compras en un establecimiento de la zona, donde se realizaba una manifestación contra el gobierno de Nicolás Maduro, cuando se presentó una situación irregular durante la cual recibió un disparo en el cuello. De inmediato, la víctima fue trasladada hasta el Hospital Central de San Cristóbal Dr. José María Vargas, en el que ingresó cadáver.

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Tras varias diligencias de investigación, los fiscales solicitaron una orden de detención contra los tres militares, la cual fue acordada por la citada instancia judicial y materializada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

El Ministerio Público añade que el Fiscal 91 presentará cargos contra seis miembros de la GNB por un hecho en el que resultaron heridos de bala seis estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Los efectivos acusados son Argenis Jáuregui, Joselin Alarcon, Franco Ojeda, José Molina, Enmer Pineda y Deivi Cabrera.

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Las protestas comenzaron en abril después de que el Tribunal Supremo, acusado de servir al chavismo, se atribuyera las funciones del Parlamento de mayoría opositora, y aunque la decisión fue revocada en medio de la presión internacional, la oposición insiste en denunciarlo. La escalada de la tensión se recrudeció cuando el presidente Nicolás Maduro anunció el inicio de un proceso constituyente para redactar una nueva Carta Magna como la «única» manera de conseguir la paz, lo que sus detractores ven como un «golpe de Estado» y una manera de perpetuarse en el poder.