Temer recibe las mismas acusaciones que tuvo Rousseff antes de ser destituida

Los abogados de la parte acusadora en el proceso contra el triunfo electoral de Dilma Rousseff y Michel Temer en 2014 han afirmado este martes ante la Justicia brasileña que la campaña de ambos ha constituido «un innegable abuso de poder económico y político».

«Hubo claras ilegalidades en la financiación», pero también «hubo fraudes hasta en la divulgación de datos falsos, según los cuales 40 millones de brasileños habían salido de la pobreza y era mentira«, ha dicho el abogado Flavio Henrique Costa en la primera audiencia de un juicio que le puede costar el cargo a Temer.
El actual mandatario ha ascendido al poder el año pasado después de la destitución de Rousseff por irregularidades presupuestarias, pero ahora está junto a ella en el banquillo en un proceso que le puede costar el mandato.

El Tribunal Superior Electoral juzga en este caso unas denuncias de abuso económico y político de la fórmula integrada por Rousseff y Temer, que entre otras cosas habría recibido millones de reales de la red de corrupción que ha operado en la estatal Petrobras.

Muchas de las empresas involucradas en ese escándalo, como los grupos Odebrecht o Andrade Gutierres, han confesado que aportaron a la campaña de Rousseff y Temer multimillonarias sumas que no fueron debidamente declaradas y correspondían a los sobornos acordados a cambio de la adjudicación de contratos con la petrolera.

El juicio había comenzado el pasado abril pero ha sido suspendido para escuchar a nuevos testigos y ha sido retomado en medio de una gravísima crisis que se cierne sobre Temer, también investigado en la Corte Suprema por los supuestos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita.

Las defensas de Rousseff y Temer, antagonistas irreconciliables desde la destitución de ella, actúan por separado y han pedido la anulación del juicio por supuesta falta de pruebas.

Los abogados de Temer, por su parte, también demandan que las cuentas de las campañas de ambos sean juzgadas en forma separada, pues alegan que cada uno se ha ocupado de su propia recaudación y que en el caso del actual mandatario no ha habido fraudes.

Si hubiera una sentencia condenatoria, Temer permanecería en el poder hasta que sean juzgadas todas las apelaciones previstas en la ley, que comienzan en la corte electoral y acaban en el Tribunal Supremo, que daría la última palabra tras un engorroso proceso.

En caso de que todas las apelaciones que pueda presentar Temer sean rechazadas, perdería el cargo y el Congreso debería elegir a su sucesor en un plazo de 30 días mediante una elección parlamentaria indirecta.