La UE multa a España con 3 millones por el retraso en la reforma de la estiba
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha impuesto este jueves a España una multa de tres millones de euros por el retraso en la aprobación de la reforma que liberaliza el sector de la estiba, una infracción mucho menor que la que pedía la Comisión Europea, 24 millones de euros.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha impuesto este jueves a España una multa de tres millones de euros por el retraso en la aprobación de la reforma que liberaliza el sector de la estiba, una infracción mucho menor que la que pedía la Comisión Europea, 24 millones de euros.
En su sentencia actual, el tribunal declara que al término del plazo señalado por Bruselas, «España no había adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 2014». «Ese incumplimiento debe considerarse grave», ya que «persistió durante un tiempo significativo de 29 meses», subraya la sentencia.Este retraso «afecta a la libertad de establecimiento, que constituye uno de los principios fundamentales del mercado interior».
El objetivo de la reforma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 12 de mayo y convalidada por el Congreso seis días más tarde, es cumplir con la normativa comunitaria. En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014 se declaraba que la actuación de las empresas estibadoras españolas era contraria a la legislación comunitaria, ya que impidía que operadores de otros países se instalasen libremente en los puertos y contratasen a quienes deseen.
#ECJ order Spain to pay €3million for delay in liberalising port cargo-handling sector https://t.co/4AFZq0dbkz
— EU Court of Justice (@EUCourtPress) July 13, 2017
Los sindicatos españoles, por su parte, se opusieron en todo momento a la aprobación de esta reforma y denunciaron que podía suponer el despido de unos 6.000 trabajadores, razón por la que convocaron varias jornadas de huelga, con paros en los puertos. Este colectivo acusó al gobierno de no contar con ellos y pone en duda el mantenimiento del 100% del empleo. La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar siempre ha exigido que este punto quede recogido en una norma con rango de ley, algo a lo que el Gobierno se opuso por considerar que Bruselas jamás lo aceptaría.
