Londres estudia aumentar los controles en los alquileres de furgonetas tras los atentados

Reino Unido ha estudiado la introducción de mayores controles en los alquileres de furgonetas a fin de prevenir futuros atentados terroristas como los cometidos recientemente en Cambrils y Barcelona, que han dejado al menos 14 muertos, tal y como ha informado este lunes The Guardian.

La policía británica, el Ejecutivo de Theresa May y la industria del alquiler de esos vehículos en este país debaten actualmente si adoptar nuevas medidas para tratar de evitar los ataques, como comprobar las identidades de los individuos que quieren alquilar los vehículos con listas de sospechosos de terrorismo.

Las autoridades barajan establecer esos mayores controles tras las experiencias sufridas en varios países europeos, como España, Francia, Alemana y el propio Reino Unido, donde los yihadistas utilizaron furgones para arrollar indiscriminadamente a viandantes y causar el mayor número posible de víctimas mortales.

«La amenaza de los terroristas está cambiando y con ello debe cambiar nuestra respuesta. Es por ello que estamos revisando nuestra estrategia antiterrorista y por lo que hemos destinado recursos extra a contrarrestar el terrorismo», ha indicado un portavoz del Gobierno de Londres citado por ese periódico.

La misma fuente ha apuntado que también el Departamento del Transporte trabaja con la policía y la industria del alquiler de vehículos «a fin de explorar qué más se puede hacer para evitar el uso malicioso del alquiler de vehículos«. De acuerdo con la Asociación Británica de Alquiler de Vehículos, cuyos miembros gestionan alrededor del 75 % del alquiler de automóviles en las islas, la mayor parte de las compañías de alquiler son conscientes de la existencia de este riesgo y cuentan en sus oficinas con carteles con mensajes antiterroristas y números de emergencia.

Toby Poston, portavoz de esta asociación, ha señalado que si bien la industria del alquiler de vehículos está «determinada a prevenir esos atentados», en última instancia son la policía y el Gobierno «los únicos que pueden introducir cambios».