Gibraltar denuncia a cuatro líderes de Vox por incitación al odio

El Gobierno de Gibraltar ha presentado hoy una denuncia penal contra los líderes de Vox por delitos de incitación al odio, según ha informado el Ejecutivo de la colonia británica.

En la denuncia, el Gobierno traslada a la Fiscalía española una lista de declaraciones de líderes de Vox de las que «se desprende una clara estrategia para denigrar a los gibraltareños» y sus «instituciones». Añade el comunicado que dicha estrategia «parece claramente concebida para generar un ambiente de odio entre los españoles hacia Gibraltar».

La denuncia fue presentada ante un tribunal en Madrid, y apunta a cuatro dirigentes de Vox, entre ellos su presidente, Santiago Abascal, y su secretario general, Javier Ortega Smith, quien en 2016, junto con otros simpatizantes, desplegó una bandera española en el Peñón y luego escapó a nado para evitar ser detenido. Los otros dos denunciados son el eurodiputado Jorge Buxadé, y el general retirado Agustín Rosety Fernández de Castro, actualmente diputado y firmante en 2018 de un manifiesto en defensa del dictador Francisco Franco.

El Gobierno gibraltareño recuerda que el líder de Vox en la vecina localidad de La Línea de la Concepción (Cádiz) «dimitió acusando a los líderes nacionales del partido de fomentar el odio hacia Gibraltar». Recuerdan también el «largo y oscuro historial en Europa de ataques a minorías por parte de ideologías políticas extremistas» y los resultados de algunas de ellas, que «constituyen una mancha imborrable en la historia». Por ello, sostienen que «no escatimarán en esfuerzos para garantizar que aquellos que fomentan el odio contra su pueblo sean juzgados con todo el peso de la Ley».

Además, el Gobierno ha solicitado a los fiscales españoles que investiguen el grupo digital Gibraltar Español, que publica «regularmente» en redes sociales «acusaciones falsas» contra la colonia y que ha sido «un importante altavoz para la propaganda de Vox».

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El ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, ha indicado que su Gobierno está «firmemente comprometido con el principio de libertad de expresión, pero no permitiremos que aquellos que intentan dañarnos incitando el odio contra el pueblo de Gibraltar abusen de esta libertad fundamental». «Existe una clara línea divisoria entre el derecho a expresar la propia opinión» y la «incitación al odio, las injurias, las calumnias y la difamación» y no permitirá, asegura, que «nadie cruce esa línea sin consecuencias».

La Oficina de Información de Gibraltar alude al artículo 510 del Código Penal español para justificar su acusación contra el partido político al que describe como de «ultraderecha». Dicho artículo establece que «serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada».