Las nucleares y las eléctricas rechazan las medidas del Gobierno para bajar la luz: pueden llevar "al cese de la actividad" y son "intervencionistas"

Las nucleares han explicado que el cese anticipado de la actividad podría provocar la «pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial»

El Gobierno ha aprobado un Proyecto de Ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico con el objetivo de rebajar la factura de la luz.

Ante estas medidas aprobadas por el Gobierno de España, el Foro de la Industria Nuclear Española ha expresado su rechazo ante estas reformas, ya que consideran podrían provocar «el cese de la actividad de todo el parque nuclear».

Las nucleares han enviado un comunicado en el que aseguran que estas medidas «ahondan aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear», por eso piden que, en caso de que este proyecto de ley siga adelante, no se aplique de forma retroactiva.

¿Por qué las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno son rechazadas por las nucleares?

Para el sector de las nucleares, una vez minorado el precio del CO2, el precio de venta real de la generación eléctrica nuclear debería mantenerse entorno a los 57 o 60 euros/MWh, teniendo en cuenta el nivel impositivo actual.

En este comunicado, el Foro Nuclear lamenta que los parques nucleares españoles soporten una «excesiva presión fiscal» que, además, unida a las nuevas medidas que ha aprobado el Gobierno de España, pueden llevar a que sea inviable económicamente seguir con la actividad.

Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear, ha indicado que este cese anticipado podría provocar «un cierre desordenado de la generación nuclear», además de «la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial».

«Si las nucleares se ven abocadas a esta situación, España tendría una mayor dependencia energética del exterior y habrá un incremento de la volatilidad del precio en el mercado mayorista«, opina Araluce. Esto impediría poder cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).

Las eléctricas también rechazan las medidas «intervencionistas» del Gobierno

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha rechazado este martes el nuevo paquete de medidas aprobado por el Gobierno para rebajar la factura de la luz, al considerar que son actuaciones «intervencionistas» que van en contra de las compañías eléctricas.

La patronal del sector eléctrico ha instado al Gobierno en un comunicado a buscar soluciones «verdaderamente eficaces» que protejan de la volatilidad diaria a los consumidores acogidos a la tarifa regulada o PVPC, además de volver a señalar al gas como principal responsable de la escalada del precio de la electricidad en el mercado mayorista.

Sobre las últimas medidas presentadas por el Ejecutivo, Aelec denuncia que penalizan de forma injusta a un sector «absolutamente comprometido» con la electrificación y descarbonización de la sociedad, el desarrollo territorial y el empleo, así como la protección de los colectivos vulnerables, y que asume anualmente grandes esfuerzos económicos.

Respecto a la medida que recorta los beneficios extraordinarios que obtienen las centrales de generación hidráulica y nuclear en el mercado eléctrico como consecuencia de los altos precios del gas, aseguran que es «injusta y desacertada», ya que tiene un enorme impacto en la estabilidad de un sector que ni es responsable de esta situación ni se está beneficiando de ella.

La patronal recuerda que las eléctricas tienen vendida a plazo el 100 % de su producción de base de 2021 y el 75 % de 2022 desde hace meses, por lo que no se están beneficiando del aumento de precios en el mercado mayorista.

En cuanto a la obligación de subastar energía a las comercializadoras independientes y grandes consumidores, aseguran que esta medida ya se introdujo en 2007 y no sirvió para bajar los precios de la electricidad.

Critican que las medidas dirigidas a intervenir los mercados van en contra de su eficiencia, creando un clima de inseguridad jurídica.

Por ello, piden llevar a cabo una reforma de la tarifa regulada, como en otros países del entorno, para evitar que los consumidores estén expuestos a la volatilidad del mercado eléctrico, limpiar la factura de aquellos componentes que nada tienen que ver con la producción eléctrica y su transporte y distribución y llevar a cabo una reforma fiscal.