La Audiencia de Barcelona avala investigar los contactos rusos de un asesor de Puigdemont
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La Audiencia de Barcelona ha avalado la investigación de una operación de compraventa de petróleo entre compañías rusas y chinas vinculada a Josep Lluís Alay, asesor de Carles Puigdemont.
En contexto: la Audiencia ha rechazado el recurso de la Fiscalía y ha avalado dicha investigación ante las sospechas de que pudo ser «una pantalla de financiación ilegal».
En un auto, la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona ha desestimado el recurso que presentó la Fiscalía para pedir que se archivara esa pieza separada del llamado caso Volhov, de presunto desvío de fondos al entorno de Puigdemont, por considerar que se trataba de una investigación «prospectiva».
Concretamente, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, relaciona a Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, con el empresario ruso Alexander Dmitrenko, a quien el Ministerio de Justicia denegó la nacionalidad española por su presunta vinculación con los servicios de inteligencia rusos.
Según el juez, que basa sus indicios en informes de la Guardia Civil, la operación de compraventa de petróleo fue posibilitada por personas vinculadas a empresas de Dmitrenko y en ella intervino Artem Lukoyanov, hijo adoptivo de Vlasilav Shurkov, apodado el «cardenal gris», un influyente ex asesor personal del presidente ruso, Vladimir Putin.
El juez cree que esa operación es similar a otra efectuada por Rusia a favor de una empresa vinculada al político italiano Matteo Salvini que sirvió para financiar ilegalmente la Liga Norte.
En su auto, la Audiencia mantiene que la diligencia encargada por el juzgado es «necesaria, útil y pertinente a los fines de la investigación, siendo obligado indagar, al menos, sobre tal operación sospechosa por constituir posiblemente una pantalla de financiación ilegal, debiendo conocerse el destino del dinero obtenido con dicha venta y si llegó a España».
En base a los informes de la Guardia Civil y lo investigado por el juzgado, el tribunal señala que Alay percibe un sueldo público como director de la oficina de Puigdemont, pero «sus actividades sobrepasan esa función».
Además, subraya la Audiencia, se ha «consumado» una operación de compraventa de petróleo en la que no puede descartarse «la participación de personas del entorno próximo a Puigdemont», puesto que en una conversación intervenida Alay comentó que «su trabajo en el tema energético ruso es estratégico».
Otro indicio apuntado por la Audiencia es que Alay y Dmitrenko se congratularon en una conversación intervenida del «buen fin de la operación» y que el empresario ruso fue nombrado embajador de la Cámara de Comercio de Barcelona, además de «haberse concretado citas en las que presuntamente participaría Jordi Puigneró», ahora vicepresidente del Govern.
La sala también señala que, de acuerdo con la investigación, por la venta de petróleo o gas ruso a China se habrían recibido 295.000 dólares como pago de garantía, lo que según las intervenciones telefónicas Dmitrenko comentó con Alay al tiempo que felicitaba a «todos nosotros» y calificaba la operación de «primer gran paso hecho».
No es este el único frente judicial de Alay: la Audiencia de Barcelona acaba de dejarlo a un paso de juicio por un viaje de 2018 a Nueva Caledonia pagado con fondos de la oficina del expresident Puigdemont.
