Policías y guardias civiles se 'reconcilian' y convocan la «mayor protesta de la historia» contra el Gobierno

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ha conseguido dividir y volver a unir en cuestión de tres días a policías y guardias civiles. Si en un primer momento, asociaciones y sindicatos policiales anunciaron protestas por separado contra la llamada Ley Mordaza por discrepancias entre algunas formaciones. Ahora, han dado su brazo a torcer y participarán unidos en la concentración y en la protesta convocadas, respectivamente, el 24 y 27 de noviembre.

A estas citas, sin embargo, no solo acudirán policías y guardias civiles. En ellas se espera la participación de agentes nacionales, regionales y locales: Mossos d’Escuadra, Policía Foral, Ertzaintza, Guardia Urbana… Más de 300.000 agentes de todo el país están llamados a la que, según aseguran fuentes sindicales a THE OBJECTIVE, es «la mayor protesta policial de la historia» contra el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, y el Gobierno.  

El motivo está claro: frenar la modificación de la Ley de Seguridad, propuesta por el PNV, enmendada por PSOE y Unidas Podemos, y que el Ejecutivo prevé aprobar a finales de este año. En opinión de las asociaciones y sindicatos policiales, además de que fue «hecha a sus espaldas» , la nueva norma «merma día a día el principio de autoridad y pone en peligro la integridad física de los agentes y sus familias».

Detenciones y manifestaciones

Los cambios que plantea esta modificación son varios. No obstante, los que preocupan especialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son cuatro. La nueva redacción suavizará la anterior, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, en 2015, respecto a las detenciones y el trabajo de los agentes en las manifestaciones. 

Aquel que se niegue a identificarse podrá ser retenido hasta dos horas —antes seis— y después, dice la norma, si se identifica, los agentes deberán devolver a la persona al lugar donde se inició la intervención. En cuanto a las protestas, aquellas «espontáneas» no deberán avisarse con anterioridad a la Delegación del Gobierno. Y en ellas, además, los policías no podrán utilizar material antidisturbios agresivos como las pelotas de goma, deberán emplear «siempre el menos lesivo evitando que causen lesiones irreparables». 

Respecto a las manifestaciones o cualquier acto público, le ley también añadirá que policías y guardias civiles puedan ser grabados, sin que dicha práctica constituya una infracción. Tal vez el punto más polémico de esta nueva ley, y que los agentes ven como un «grave ataque a su derecho a la intimidad». 

Reunión con Marlaska

El origen de la protesta sindical tuvo lugar el jueves pasado, cuando el ministro de Interior, reunido con la plataforma Jusapol, evitó comprometerse a frenar la nueva Ley de Seguridad, tal como le habían pedido los agentes en el encuentro, que duró algo más de dos horas. 

A la salida, esta organización, que aúna a policías y guardias civiles, convocó una manifestación el próximo 27 de noviembre en Madrid y animó al resto de sindicatos y asociaciones a sumarse a la protesta. Algo que, sin embargo, no ocurrió. Ese mismo día, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) anunciaba otra protesta por la misma cuestión el 24 de noviembre, desmarcándose de la de Jusapol e invitando también a estos últimos, integrados por Jupol y Jucil, a unirse. 

Unas y otras organizaciones se echaron en cara «no haberse avisado con anterioridad» y que tenían ser otros y no ellos los que debían unirse a su convocatoria. Un rifirrafe que llegó a su fin a principios de esta semana, cuando, por sorpresa, desde las asociaciones y sindicatos se anunció —aunque por separado— la asistencia de todos tanto a la concentración del día 24, en subdelegaciones y delegaciones del Gobierno, como a la protesta del día 27 en el centro de Madrid. 

«Se apoyarán todas las movilizaciones porque esto no va de convocantes. Tenemos que estar unidos, seamos agentes estatales, autonómicos o locales»; «En esta batalla no queremos siglas ni personalismos, esta nueva ley nos afecta a todos», sentencian desde las distintas agrupaciones policiales.