Villarejo responsabiliza al CNI de las grabaciones que se le incautaron en 2017
El excomisario ha defendido la labor que, como «agente de inteligencia», dice que ejerció al servicio del Estado durante años, en los que se le encargaron «cuestiones muy delicadas»
El excomisario ha defendido la labor que, como «agente de inteligencia», dice que ejerció al servicio del Estado durante años, en los que se le encargaron «cuestiones muy delicadas»
El excomisario José Manuel Villarejo ha negado estar detrás de las múltiples grabaciones que se le incautaron al ser detenido en 2017 y ha responsabilizado de ellas al CNI, con quien ha dicho alcanzó un «pacto» por el que se «monitorizaba» su vida desde principios de los 2000.
Aunque no estaba prevista su declaración, la incomparecencia de varios acusados ha hecho que Villarejo se haya sentado frente al tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga por tres encargos de espionaje para responder a las preguntas de la Fiscalía, que pide para él más de 100 años de cárcel.
Villarejo no se ha salido del guión y ha vuelto a defender la labor que, como «agente de inteligencia», dice que ejerció al servicio del Estado durante años, en los que sostiene que le encargaron «cuestiones muy delicadas» que le impedían darse a conocer «con luz y taquígrafos». Por ello ha dicho que en 1995, cuando se reincorporó como comisario tras una excedencia, realizó un escrito donde explicó el «pacto» que había alcanzado para «volver a estar en activo aportando las sociedades para el uso de cobertura de mis trabajos de agente de inteligencia».
La única condición era que no debía percibir dinero más allá de su nómina, ha señalado, y ha asegurado en este sentido que nunca recibió fondos reservados y que la facturación de sus empresas iba destinada a «reinvertir en la estructura empresarial al servicio del Estado». Y ese no es el único pacto al que ha aludido. También ha hecho referencia a otro que dice que suscribió con el Centro Nacional de Inteligencia para que se «monitorizara» su vida, como ha dicho que ocurrió con Bárbara Rey, a quien el CNI le dio copia de las grabaciones con la condición de que no sacara nada, según la versión del comisario.
De esta forma se ha desvinculado de las múltiples grabaciones que se le incautaron tras su detención a finales de 2017 y que han salpicado a numerosos personajes públicos. Según Villarejo, el CNI también le dio copia de esa supuesta monitorización, pero resultó ser una «técnica ficticia» porque «jamás» pensó que sus actuaciones como «agente de inteligencia» iban a ser conocidas «por todos».
Durante un tenso interrogatorio del fiscal, Villarejo también ha negado tajantemente que pidiese ningún informe de compatibilidad en 2015 para que quedase formalmente acreditada esa actividad empresarial porque estaba convencido «de que estaba trabajando para nuestro país» y «pedir explicaciones al presidente de turno» le parecía una «incoherencia». Según ha recalcado, imagina que el informe lo pidió el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y ha supuesto que por indicación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quienes sin embargo no ha nombrado expresamente.
Ha afirmado que se reunió con el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó y el ex director adjunto operativo Eugenio Pino, a quienes explicó «todas las cuestiones». «Colaboré absolutamente», ha dicho. De nuevo, Villarejo ha asegurado que todas las acusaciones en su contra son un «montaje» del CNI y de Asuntos Internos. «Lo que no sé es cómo no han encontrado cocaína en mi casa», ha ironizado.
Interrogado sobre el presunto encargo de espionaje del despacho Herrero y Asociados, denominado Iron, ha asegurado que nunca les entregó ni listados de llamadas, ni datos bancarios ni información tributaria de personajes a los que presuntamente espió, documentación hallada en los registros y que, según su versión, fue colocada por Asuntos Internos. Según ha apuntado, como policía ni tenía ordenador ni claves para acceder a esa información.
Su declaración ha comenzado con uno de los ya habituales choques con la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, quien le ha llamado la atención por intentar cuestionar la actuación del fiscal en el procedimiento, quien le ha pedido que no le llamase por su nombre. «Él es una institución, usted es un acusado», le ha espetado la magistrada.
Fuente: EFE
