Igualdad estudia prohibir la publicidad de la gestación subrogada en España
También planea poner en marcha planes por valor de 1.000 millones de euros para ayudar a las mujeres que quieran abandonar la prostitución
Montero interviene en un acto en Málaga. | Jesus Merida (Europa Press)
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado que su ministerio estudia prohibir la publicidad de la gestación subrogada en España. El objetivo sería que esta medida, ilegal en el país pero muy solicitada en el extranjero, forme parte de la reforma de la ley del aborto.
«Hay verdaderas granjas de mujeres en una situación de absoluta vulnerabilidad y riesgo. Es una práctica que es violencia sobre las mujeres, y así entendemos que debe ser reconocida», ha remarcado en una entrevista en TV3, antes de reunirse con la consellera de Igualdad de la Generalitat, Tània Verge.
Esta será una de las cuestiones que Unidas Podemos deberá negociar con el PSOE, ha explicado Montero: «No porque tengamos posiciones diferentes, sino porque es una cuestión en la que hay que afinar. En nuestro país, los vientres de alquiler no están permitidos».
Montero, que ha evitado poner fecha a la reforma, ha dicho que siguen trabajando en un borrador que recupere la posibilidad de que las menores interrumpan el embarazo sin permiso paterno y que aborde, a su vez, la «salud reproductiva, la salud menstrual y la violencia obstétrica».
Además, la nueva ley buscará que el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios «no se pervierta» ni suponga un impedimento para que las mujeres puedan interrumpir el embarazo cerca de su casa y en centros públicos.
«Es una reforma ambiciosa para garantizar el derecho al aborto en nuestro país» acorde, según la ministra, con la nueva generación de derechos feministas, por lo que no augura problemas para llegar a un acuerdo en la coalición.
Montero prevé ayudar a las mujeres que deseen abandonar la prostitución
Montero también ha afirmado que no le corresponde a ella zanjar el debate sobre si la prostitución debe abolirse o regularse, sino que su tarea es «garantizar los derechos de las personas» que la ejercen (80% de ellas, ha dicho, en situación irregular) y perseguir el proxenetismo y la trata.
Por ello, el ministerio prevé destinar 1.000 millones en tres años para ofrecer un plan de inserción social y laboral a las mujeres «que están en situación de prostitución y quieren salir de esto».
Montero se ha mostrado dispuesta a escuchar las reivindicaciones del colectivo de trabajadoras sexuales, si bien ha subrayado que el ministerio tiene «una posición política clara» al respecto.
