Aluvión de demandas de médicos contra Ximo Puig tras su condena por falta de EPIs
Más de 2.000 facultativos reclaman indemnizaciones tras la condena de un juzgado al Ejecutivo autonómico por no proteger a los sanitarios en la primera ola
Ximo Puig. | Europa Press
Avalancha de demandas de los médicos valencianos contra el Gobierno de Ximo Puig. Más de 2.000 facultativos se han adherido en apenas diez días a la nueva batería de reclamaciones colectivas del sindicato que ha derrotado judicialmente al Ejecutivo autonómico, el primero de España condenado a pagar a los médicos por no dotarlos de mascarillas y EPIs al inicio de la pandemia.
El Juzgado de lo social número 5 de Alicante condenó el pasado 11 de enero al Gobierno valenciano a indemnizar con hasta 49.180 euros a los médicos que se enfrentaron en los hospitales a la primera ola de covid-19 sin los elementos de protección necesarios para garantizar su salud.
La sentencia condena a la Consejería de Sanidad por el incumplimiento de sus obligaciones de dotar de mascarillas y Equipos de Protección Individual (EPIS) a los médicos entre marzo y mayo de 2020. Además, fija por primera vez en España las cuantías económicas concretas a pagar como indemnización por los daños y perjuicios causados.
«Desde que se conoció la sentencia estamos viviendo una avalancha de reclamaciones. En solo diez días más de 2.000 médicos nos han remitido los documentos necesarios para unirse a la nueva demanda colectiva», afirma Guillermo Llago, abogado del Sindicato Médico Comunidad Valenciana (CESM-CV). «Lo que vamos a hacer es dividirlas y presentar nuevas demandas colectivas por grupos en los distintos partidos judiciales de la Comunidad Valenciana», añade en declaraciones a THE OBJECTIVE.
Indemnizaciones de 5.000 a 49.180 euros
En representación de un total de 450 médicos, CESM-CV presentó en 2020 cinco demandas colectivas distintas en juzgados de Castellón, Valencia, Alicante, Benidorm y Elche. La primera en recibir sentencia ha sido la de Alicante, en la que estaban representados 154 facultativos. La victoria judicial ha provocado un alud de nuevas demandas contra el Gobierno de Ximo Puig.
La sentencia del juzgado de Alicante, que va a ser recurrida por el Ejecutivo autonómico ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, obliga a pagar un mínimo de 5.000 euros a cada uno de los médicos que trabajaron sin la protección adecuada en la primera ola de la pandemia.
Los que tuvieron que estar en cuarentena por haber tenido contacto con infectados de covid-19 percibirán 15.000 euros. La cuantía asciende a 35.000 euros para los que se contagiaron pero no precisaron de hospitalización, mientras que los médicos que acabaron ingresados por covid recibirán un total de 49.180 euros.
El Tribunal Supremo y juzgados territoriales habían dictado anteriormente fallos en los que reprochaban a Administraciones como las del País Vasco o Aragón por no haber dotado de equipos de protección a los médicos, pero sin establecer compensaciones económicas concretas. La decisión judicial, de ser ratificada en la instancia superior, abre la puerta a nuevas denuncias y supondrá un importante desembolso a la Consejería de Sanidad.
Grave riesgo para los médicos
«No tenemos duda de que el resto de juzgados van a mantener el mismo criterio en la parte dispositiva y condenarán a la Consejería por incumplir con su obligación de proteger a los trabajadores. No obstante, las cuantías de las indemnizaciones pueden variar en función del juzgado», indica Guillermo Llago, letrado de CESM-CV.
La sentencia del juzgado de Alicante acreditó que el incumplimiento de las medidas de prevención individual ha significado un grave riesgo para la seguridad y la salud de todos los trabajadores sanitarios, especialmente para el personal facultativo, por su exposición directa al riesgo de contagio que ha significado.
«La estrategia que vamos a seguir con las nuevas demandas, a las que se han adherido otros 2.000 médicos en los últimos días, va a ser la misma», añade. El sindicato cuenta con más de 4.500 médicos afiliados y la fecha límite para sumarse a las reclamaciones colectivas concluye el 31 de marzo, por lo que la cifra de demandas contra el Gobierno de Puig podría crecer.
