Polémica en la primera huelga contra Llop: los letrados acusan a Justicia de maquillar las cifras
El Ministerio lo niega y sitúa en un 30,34% el seguimiento a la protesta a la que estaban convocados más de 4.000 letrados de la Administración
La ministra de Justicia, Pilar Llop. | Europa Press
Polémica, cientos de procesos judiciales afectados y baile de cifras. Es el balance de la primera huelga contra la ministra de Justicia, Pilar Llop, desde que asumió el cargo en julio pasado. Los al menos 4.000 funcionarios que conforman el Cuerpo de Letrados de la Administración de la Justicia estaban llamados este miércoles a un paro nacional. El objetivo: exigir una subida salarial que compense el incremento de sus funciones y una negociación colectiva propia.
La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) ha cifrado el seguimiento de la huelga en el 70%. El Ministerio de Justicia, por su parte, ha reducido el dato al 30,34% a nivel nacional. Ante la disparidad de cifras, los convocantes de la huelga han acusado al departamento dirigido por Pilar Llop de «usar tretas» para maquillar los datos. Una movilización con la que los Letrados de la Administración de la Justicia esperaban demostrar su capacidad de paralizar los juzgados.
«No compartimos para nada las cifras ofrecidas por el Ministerio de Justicia, están usando tretas para reducir el impacto de una huelga de cuyo seguimiento estamos muy satisfechos y sorprendidos por el apoyo recibido», afirma Juan José Yáñez, miembro del secretariado de UPSJ, en declaraciones a THE OBJECTIVE. Según su versión, el dato oficial de seguimiento del Ministerio de Justicia ha incluido al 40% de los trabajadores que estaban obligados a prestar servicios mínimos. Además, habría realizado el porcentaje total contando unas 300 plazas de Letrados que se encuentran actualmente sin cubrir.
Causas afectadas
Desde el Ministerio dirigido por Pilar Llop niegan las acusaciones de la UPSJ. Afirman que el dato de seguimiento no ha incluido los servicios mínimos y ha contabilizado un total de 4.331 funcionarios del Cuerpo de Letrados de Administración de la Justicia. Sin embargo, este diario no ha obtenido respuesta sobre la cifra oficial de procedimientos judiciales afectados por la huelga.
Según los datos de la UPSJ, la movilización de este miércoles ha obligado a suspender 1.842 juicios en la jurisdicción penal. También 73.667 declaraciones de investigados, acusados y peritos en toda España. Entre los casos más mediáticos afectados, se han visto suspendidas declaraciones previstas en la Audiencia Nacional por el caso Púnica. También las declaraciones previstas por el caso ERE en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
El 40% de los 4.000 funcionarios del Cuerpo de Letrados de Administración de la Justicia estaban obligados a cubrir los servicios mínimos exigidos por el Ministerio. La huelga no ha interrumpido actividades esenciales en relación con los juzgados de guardia, detenidos, causas con presos y traslados de internos.
Respaldo de los jueces a la huelga
La movilización ha recibido el apoyo de dos de las principales asociaciones de jueces de España. En sendos comunicados, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Judicial Independiente (FJI) han respaldado públicamente la protesta. Un apoyo clave para las demandas de los letrados.
Una de las reivindicaciones principales del Cuerpo de Letrados de Administración de la Justicia es que desde hace diez años los sucesivos responsables del Ministerio de Justicia han obligado a estos funcionarios a asumir 600 funciones que hasta 2010 correspondían a los propios jueces y magistrados, sin que sus retribuciones se hayan incrementado.
Fuentes del Ministerio de Justicia informan a este diario que el Consejo de Ministros aprobará el próximo 1 de febrero un complemento específico de 195 euros al mes para los letrados que se acordó en la Mesa Sectorial de Justicia. Esto supondría una subida del 5,26% que se sumaría al 2% de incremento salarial contemplado en los Presupuestos de 2022 para todo el sector público.
«Los ingresos medios de un Letrado de la Administración de la Justicia, después del incremento total del 7,26%, serán de 46.855,99 €/año, el doble que el salario medio de España y el 50% de la media de las retribuciones del cuerpo de gestión procesal», indican desde el Ministerio de Justicia. «Es un incremento que no tiene ningún paralelismo en todo el sector público», añaden desde el departamento dirigido por Pilar Llop.
«Deuda histórica»
Los letrados decidieron mantener la huelga ya que consideran «insuficiente» esa cantidad para la carga de trabajo asumida en los últimos años. «No aceptamos que esos 195 euros sean suficientes para las nuevas tareas que hemos asumidos desde 2010. Son más de 600 que antes correspondían a jueces y magistrados, un 30% de las que teníamos antes», indica Juan José Yáñez, del secretariado de UPSJ. «No podemos dar por saldada la deuda histórica que el Ministerio de Justicia ha asumido con nosotros desde 2010», añade.
Además, reclaman la posibilidad de negociar un convenio colectivo. Al representar menos del 10% del total de funcionarios del sector, los Letrados de la Administración de la Justicia no están representados en la Mesa Sectorial del Ministerio de Justicia con los sindicatos tradicionales y otros colectivos del sector. Desde el Ministerio dirigido por Pilar Llop recuerdan que «no existe ningún cuerpo de la Administración General del Estado que tenga reconocida una negociación propia», por lo que esta reivindicación sería «imposible de cumplir».
«Tenemos la mano tendida y queremos negociar. Lo último que queremos es causar algún perjuicio a la Justicia, nuestro trabajo es precisamente hacer que funcione mejor», concluye por su parte Yáñez.
