La AVT denuncia la reforma legal del Gobierno que reduciría la condena de 50 presos de ETA
La modificación que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez permitiría descontarse las penas cumplidas en Francia
La presidenta de AVT, Maite Araluce. | AVT
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado la reforma legal que «prepara» el Gobierno de Pedro Sánchez para reducir los años de condena de 50 presos de la banda terrorista ETA al descontarse las penas cumplidas en Francia. Por este motivo, ha convocado una rueda de prensa el próximo viernes, 4 de febrero, donde asegura que dará a conocer un dossier detallado sobre esta cuestión.
Según explica la AVT en un comunicado, la asociación que preside Maite Araluce ha invitado al acto a todos los grupos parlamentarios, a los que también quiere presentar el dossier, con el objetivo de que permanezcan «alerta para que esta maniobra nunca llegue a ser una realidad».
La asociación asegura que la reforma legal que prepara el Ejecutivo «no sólo favorece la impunidad, si no que supone una nueva humillación para las víctimas del terrorismo» puesto que se basa en «un fraude de ley» de lo dictado en la materia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
La AVT lleva meses criticando la política penitenciaria del Gobierno, principalmente en lo que afecta al acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra.
También recela de la transferencia en esta materia a favor del Gobierno vasco y de los planes legislativos del Ejecutivo central, que puede afectar a reformas de leyes como la 7/2014, que impide a los etarras acogerse a una normativa europea de 2008 para descontarse los años de prisión si ya se ha cumplido condena en otro país de la Unión Europea, como pasaría con los etarras en el caso de Francia, según ha informado el diario Abc.
El pasado 25 de enero, la red ciudadana Sare pidió excarcelar ya a 63 presos de ETA argumentando que tienen cumplidas las tres cuartas partes de la condena y hacer lo mismo con otros 19 internos de la banda terrorista, de los cuales dicen que están gravemente enfermos. En este sentido, arremetió contra la «justicia patriótica» por su «preocupante deriva involucionista» y contra el Gobierno vasco, al entender que «tiene la obligación» de hacer «una nueva política penitenciaria».
