Temor en las prisiones por la relajación en los permisos de salida: «Puede ser un polvorín»

«A ver si arreglo lo del parte de sanción que me pusiste y puedo salir de permiso pronto». Es la frase que un preso del Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga) lanzaba ayer al funcionario de prisiones que vigila el módulo donde cumple condena. Lo que el interno no sabía es que el Ministerio del Interior ha aprobado un cambio normativo que abre la puerta a que los presos puedan recibir permisos de salida aunque, como en su caso, tengan sanciones firmes o sin cancelar por haber cometido infracciones graves o muy graves en prisión. 

Una modificación reglamentaria que ha indignado a los funcionarios de prisiones. Dicen sentirse abandonados, desprotegidos y sin armas para garantizar la convivencia en las cárceles. «Esto puede convertir los módulos en un polvorín», afirma Joaquín Leiva, portavoz de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP). «Siempre decíamos que la única arma de un funcionario de prisiones es el bolígrafo con el que se escribe un parte reglamentario cuando un preso comete una infracción. Ahora nos dejan sin armas», añade el representante del sindicato mayoritario de los funcionarios de prisiones. 

Como adelantó THE OBJECTIVE, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha modificado la instrucción que regula la concesión de permisos de salida a los presos que se encuentren en segundo o tercer grado si han cumplido una cuarta parte de su condena. Tener una sanción firme y sin cancelar por una falta grave ya no será un impedimento para que la Junta de Tratamiento y los jueces de vigilancia penitenciaria otorguen permisos.

«A los pies de los caballos»

«Nos dejan a los pies de los caballos y en una situación de indefensión total. La gente que toma estas decisiones no ha pisado un patio en su vida», señala Elena Getino, portavoz nacional del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar. «Si ya no se tiene en cuenta una agresión hacia un funcionario o hacia otro interno a la hora de conceder un permiso, ¿qué vamos a poder hacer para controlar a una persona que no tiene un comportamiento adecuado en prisión?», agrega.

Los partes disciplinarios por faltas graves o muy graves son una de las medidas coactivas usadas por los funcionarios para mantener la convivencia en las prisiones. Llevan años reclamando que se les reconozca como agentes de autoridad. Afirman que la eliminación del requisito de la «no existencia de mala conducta» para la concesión de un permiso de salida, avalada por una sentencia del Tribunal Supremo de 2019, les deja aún más desprotegidos.

«El Gobierno ha acabado de hundirnos con esta instrucción. Si los partes disciplinarios ya no son motivo para denegar un permiso, perdemos totalmente la poca autoridad que tenemos», señala Rafael Paniza, portavoz de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP). «Es un perjuicio para nosotros, para los internos y para la sociedad. Luego nos echamos las manos a la cabeza cuando un interno delinque en la calle durante un permiso», añade. 

23.000 altercados en las prisiones

Según datos de Instituciones Penitenciarias, entre los años 2016 y 2020 se registraron un total de 23.000 altercados o peleas entre internos y 1.286 agresiones a funcionarios. El Reglamento Penitenciario contempla en su artículo 109 esos altercados entre las causas de posible sanción grave o muy grave. El procedimiento sancionador se inicia cuando un funcionario de prisiones escribe un parte de sanción.

Tras analizar el informe del funcionario, la Junta de Tratamiento del centro penitenciario decide si la infracción debe ser motivo de sanción. Cumplida la penalización impuesta debían pasar otros seis meses para dar por cancelado el proceso sancionador y que el interno pudiese solicitar un permiso de salida. Hasta ahora tener una sanción en firme o no cancelada era motivo objetivo de denegación. Sin embargo, Instituciones Penitenciarias ha eliminado este requisito en respuesta a una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 2019.

El Alto Tribunal había dispuesto que no se puede denegar un permiso si el interno había cumplido la sanción y se encontraba en los seis meses del periodo de cancelación. «Cumplida la sanción de privación de permiso por el tiempo que haya sido impuesta, la mera existencia de sanciones graves o muy graves sin cancelar no comportará la carencia del requisito si se aprecian otras razones objetivas que fundamenten su concurrencia», señalaba la sentencia.

Cambio en el reglamento

Además, el Supremo añadió que la concesión de un permiso debía ir acompañada de una «valoración más global» y contemplar una serie de parámetros «que coexisten con el precedente disciplinario». Entre otros, se debería tener en cuenta la incidencia o relevancia de la infracción, el perfil delictivo del penado o el perjuicio que pueda derivarse para el tratamiento por la privación del permiso.

Sin embargo, la modificación del artículo 5.1.1 de la Instrucción de Permisos de Salida y Salidas Programadas no se ha limitado a eliminar el periodo de cancelación ni ha añadido esos parámetros señalados por el Supremo. Lo que ha hecho ha sido suprimir por completo la siguiente frase recogida en la instrucción que regula los permisos de salida: «La no existencia de mala conducta, objetivada ésta en la existencia de sanciones firmes y sin cancelar, por faltas graves o muy graves».

«Si eliminamos ese factor objetivo de no tener sanciones firmes y sin cancelar, estamos dejando la decisión de dar los permisos a personas que no están en contacto diario con los internos», indica Joaquín Leiva. «Si ya de por sí la sanción administrativa no tiene siempre un efecto coactivo, ahora entramos en una dinámica peligrosa para los funcionarios de prisiones», concluye el portavoz del sindicato ACAIP.