Vox recurre al Constitucional la votación de la reforma laboral y pide su suspensión cautelar

Vox va a recurrir la reforma laboral ante el Tribunal Constitucional. Es el trigésimo primer recurso que interpone la formación ante el Alto Tribunal. En este caso, los diputados consideran que el Congreso cometió una «flagrante vulneración» al no permitir que Alberto Casero, del PP, repitiera su voto. La portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha anunciado este jueves que su partido también ha solicitado la suspensión cautelar de la norma.

«La convalidación de la reforma laboral fue un pucherazo. Tenía que salir por lo civil o lo criminal y salió por lo criminal», ha señalado Olona. En su opinión, en la votación se cometió «un hurto» contra la voluntad popular. El PP ya anunció un recurso de amparo ante el Constitucional, pero ahora Vox ha dado un paso más al pedir la suspensión cautelar. «No podía ser de otra forma sabiendo que solo se admite el 1% de los recursos que se interponen», ha insistido la diputada durante una rueda de prensa.

«Una infamia» para Vox

La portavoz adjunta de Vox en el Congreso ha señalado que su partido va a agotar todas las posibilidades a su alcance. La intención es que «se respete la voluntad popular conculcada claramente por la presidenta de la Cámara», Meritxell Batet, cuya dimisión pidió la formación verde el martes. Lo hizo, asegura Olona, ante la «infamia» que había cometido «al filtrar nuevamente un informe sin sello de registro de entrada ni firma cuando se estaba acabando la campaña» en Castilla y León.

«En Vox no compartimos los argumentos que esgrime el informe, preparado al efecto», ha insistido Olona. La diputada afirma que tampoco comparten otros informes que «Batet encargó a medida para intentar avalar el secuestro del Congreso». Se ha referido al que apareció sobre el diputado de Unidas Podemos inhabilitado por el Tribunal Supremo por agredir a un policía. Olona señala que la presidenta de la Cámara Baja trató de evitar con estas acciones un caso de prevaricación.

La reforma laboral salió adelante el 3 de febrero gracias a un error en el voto que emitió de forma telemática el diputado Alberto Casero, del PP. Cuando advirtió su equivocación, que atribuyó a un fallo informático, el parlamentario solicitó poder votar presencialmente, pero no se atendió su petición. Vox insiste que su intención al judicalizar el caso es «conseguir la defensa de los derechos de los españoles y sostener la defensa de nuestra democracia, que en estos meses está siendo gravemente atacada».

Lo está, según Olona, por el Gobierno de Pedro Sánchez, pero también por diversas comunidades autónomas, donde «se ha impuesto un inconstitucional pasaporte covid». La diputada ha explicado que su formación ha interpuesto ya 31 recursos de amparo ante el Alto Tribunal. Una acción a la que ha accedido esta legislatura, al superar el umbral de los 50 escaños. Una cifra que le permite presentar recursos en solitario, según establece el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Un caso sin precedentes

Olona también ha informado de cinco sentencias que les notificó ayer el Tribunal Supremo. Estas estiman los recursos que interpuso su partido contra el Gobierno por no facilitar su labor de control. Las resoluciones obligan al Ejecutivo a aportar en el plazo máximo de un mes la información y documentación requerida, así como «todos los informes emitidos por la Abogacía del Estado» en relación con los estados de alarma, declarados inconstitucionales tras un recurso de Vox.

Una vía que podría suponer un precedente. «Después de estudiar la jurisprudencia, concluí que no se había ejercitado una acción específica contra este tipo de negativas del Gobierno de España, que no me cabe la menor duda, siempre ha existido», ha reconocido Olona. La diputada ha explicado que un grupo de parlamentarios autonómicos ya había activado esta vía judicial y ella solo ha realizado «las adaptaciones pertinentes». El Gobierno de Sánchez está obligado a pagar las costas de las sentencias.