Indignación policial con el plan antiterrorista de Marlaska: «Nos despoja de nuestro trabajo»
Mossos y Ertzaina serán los encargados de liderar la investigación cuando se produzca un atentado terrorista, según anunció el ministro del Interior
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. | Efe
El nuevo plan de prevención, protección y respuesta antiterrorista, recientemente actualizado por el Ministerio del Interior, ha levantado ampollas entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSS). La principal novedad, según precisó el ministro Fernando Grande-Marlaska, es que los cuerpos policiales autonómicos, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza o Policía Foral, serán los encargados de liderar la investigación cuando se produzca un atentado terrorista en su territorio. Una medida que ha encendido la mecha entre policías y guardias civiles, quienes critican al titular de Interior por haberles «despojado de sus competencias». «La lucha antiterrorista es competencia del Estado», denuncian asociaciones profesionales y sindicatos policiales.
Tras anunciar las primeras líneas de este plan, que actualiza el que se aprobó en 2015, Grande-Marlaska explicó que «la primera responsabilidad tras un atentado será del cuerpo de seguridad, estatal o autonómico, que tenga asignada la demarcación donde se produzca el atentado. Todo ello, con el objetivo de evitar que se produzcan «situaciones tensas» como las que se vivieron en los ataques yihadistas de Barcelona y Cambrils. El ministro se refería a la disputa entre Mossos y Policía y Guardia Civil por quién debía liderar la investigación.
De esta forma, cuando se produzca un atentado en País Vasco, Cataluña o Navarra, serán los cuerpos policiales autonómicos quienes se encarguen de la primera respuesta policial. Aunque eso puede cambiar. En paralelo, también se reunirá una Mesa de Coordinación —formada por la Secretaría de Estado de Seguridad, Policía, Guardia Civil, Cuerpos autonómicos y Citco, entre otros— y un Centro de Gestión de Crisis Territorial, que deberán garantizar una respuesta conjunta y cohesionada de todas las instituciones hasta que se detenga a los autores o se minimice el riesgo.
Pese a ello, desde los sindicatos policiales, denuncian que este nuevo plan «despoja de parte de sus competencias históricas a las FFCCSS en una decisión más política que operativa. «La seguridad de los ciudadanos en un tema tan relevante como es el terrorismo no puede depender de la influencia que ejerzan sobre el Gobierno sus socios nacionalistas e independentistas», critican desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
«Limitaciones operativas»
Desde esta organización policial, su portavoz, Carlos Morales, considera «poco acertada» que sean Policías autonómicas «con limitaciones operativas y territoriales» las que lideren investigaciones que afectan «a la seguridad de todo el país y de todos los españoles».
«El liderazgo de las investigaciones antiterroristas ha sido siempre, y debe seguir siendo, de Policía Nacional y Guardia Civil, que disponen de mayores medios humanos y materiales para combatir el terrorismo. No entendemos esta última ocurrencia del Ministerio de Interior. Nunca será una buena idea anteponer las razones de índole política a la seguridad de todo el Estado», concluye.
En la misma línea, desde Justicia Policial (Jupol) y Justicia Guardia Civil (Jucil), agrupaciones mayoritarias de policías y guardias, la decisión de Fernando Grande-Marlaska supone un paso más en la cesión de competencias policiales a Cataluña y País Vasco. Defienden que en la lucha contra el terrorismo, como hasta ahora, haya una «colaboración entre Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas», pero en ningún caso que estas tengan una primera respuesta ante un ataque terrorista.
Ley de Enjuiciamiento Criminal
La Confederación Española de Policía (CEP) va un paso más allá y sostiene que esta nueva cesión competencial se enfrenta, entre otras, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «La comisión de un atentado terrorista no constituye un episodio de alteración de la seguridad ciudadana sino, al contrario, la comisión flagrante de un delito que requiere la intervención de unidades especializadas de Policía Judicial, como lo son las estructuras de información de Policía Nacional y Guardia Civil, que actúan a las órdenes de los jueces de la Audiencia Nacional».
Desde este sindicato, además, sostiene que en la nueva instrucción del Ministerio del Interior no se ha contado con órganos fundamentales como son el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado, «voces autorizadas en este tipo de delitos especializados».
En este sentido, desde CEP insisten en que esta medida ha «sobrepasado claramente las funciones de coordinación en el ámbito de la seguridad pública». Recuerdan que este plan no tiene que ver con la seguridad ciudadana —delincuencia, mantenimiento del orden público, protección y auxilio al ciudadano, etc.- sino con la comisión de infracciones penales ante las que prima su regulación específica de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, además del Real Decreto 769/1987 sobre regulación de la Policía Judicial.
