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Marlaska solo ha repartido a la Policía el 15% de las pistolas Taser en las que gastó dos millones

La Dirección General de la Policía ha enviado los primeros 150 dispositivos a los agentes. Interior compró 1000 a finales de 2019.

Marlaska solo ha repartido a la Policía el 15% de las pistolas Taser en las que gastó dos millones

Una agente italiana con una pistola Taser. | Efe

La Dirección General de la Policía Nacional ha enviado una primera remesa de 150 dispositivos electrónicos de control, conocidos como pistolas Taser, a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, las jefaturas superiores y el Grupo Especial de Operaciones (GEO), según confirman fuentes de este departamento a THE OBJECTIVE, para que los agentes los empleen una vez completen la formación teórico-práctica asociada a este tipo de armamento.

No obstante, este envío solo supone un 15% de los dispositivos que adquirió el Ministerio del Interior hace dos años. Según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE), el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska sacó a licitación la compra de un millar de pistolas Taser con sus correspondientes accesorios con un presupuesto de 2.099.350 euros. Hasta ahora, las dos empresas que se hicieron con dicha adjudicación han entregado a la Dirección General 600 unidades y deberán completar el pedido antes de que termine el mes de febrero. Aun así, 450 armas siguen en algún almacén policial sin que pueden usarse.

Fuentes policiales consultadas por este periódico sostienen que esta dilación se debe «al atraso en la habilitación de los funcionarios para el uso de estos dispositivos a causa de la pandemia». En cualquier caso, aseguran que «el reparto del resto de equipos de defensa llegará en cuanto concluyan las formaciones de los agentes». El punto de vista de los sindicatos, en cambio, es radicalmente distinto. Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) critican que la instrucción por parte de Interior «ha sido lenta» y que, pese al coronavirus, «los policías podrían haber sido formados».

«Hemos solicitado constantemente a la Dirección de la Policía la recepción de las pistolas eléctricas, incluso hemos dotado del curso a algunos miembros de nuestro sindicato. La excusa era el coronavirus, pero ha habido momentos y momentos. Queremos el resto vea la luz y que la posean todos los turnos y especialidades de la Policía. Este dispositivo es necesario como un arma intermedia entre la defensa policial y el arma de fuego, que puede llegar a salvar vidas», sostiene Carlos Morales, portavoz del SUP.

En España, este tipo de defensa es empleada desde hace tiempo por distintos cuerpos de Policía municipal, así como por policías autonómicas como los Mossos d’Escuadra o la Ertzaintza. En unos meses, también formará parte del equipamiento de la Guardia Civil. A finales de diciembre de 2020, el Instituto Armado adjudicó a una empresa estadounidense un contrato de medio millón de euros para la compra de 150 pistolas destinadas al personas de distintas unidades del Cuerpo.

Uso de las pistolas Taser

El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González Jiménez, envió un oficio el pasado martes a los servicios centrales y jefaturas superiores sobre la utilización de los dispositivos electrónicos de control. En el escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el mando policial establece que solo podrán usarlos aquellos uniformados «que hayan superado la formación teórico-práctica necesaria para su tenencia, uso y manejo, la cual se acreditará mediante la expedición del correspondiente certificado».

Siempre que se utilicen estos dispositivos se activará una cámara personal asociada a los mismos que «proporcionará seguridad jurídica a la actuación policial», y permitirá obtener vídeos, fotos y grabaciones de audio de la misma. No obstante, estará prohibido accionar este elemento si no se va a usar posteriormente la pistola Taser. En relación a su uso, el agente solo podrá emplear el arma «en casos de urgencia o necesidad inaplazable». De hacerlo, dice el oficio, tendrá que comunicarlo con la mayor brevedad posible y siempre el plazo de 24 horas al Delegado o subdelegado del Gobierno o autoridad competente de las Comunidades Autónomas.

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