Las guarderías privadas se movilizan para pedir «un reparto equitativo» de los fondos europeos
El Gobierno planea crear 65.000 plazas públicas. La patronal de los centros privados asegura que esa decisión les aboca a la desaparición
Una niña en una guardería. | Muhammed Ata (Zuma Press)
«Estamos en riesgo de desaparecer». No es solo una frase lapidaria, es el grito de auxilio que lanza Ignacio Grimá. El presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada de España (Acade) sostiene que la decisión del Gobierno de crear 65.000 plazas públicas para escolarizar a niños de cero a tres años supone un golpe mortal a las guarderías privadas. Han decidido salir a la calle este domingo en Madrid para pedir «un reparto equitativo» de los fondos europeos que permita al sector sobrevivir.
La movilización, de ámbito estatal, ha sido convocada por la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil (Fenacein) y será secundada por guarderías y organizaciones de toda España, incluida Acade. La patronal de las escuelas privadas rechaza las políticas del Gobierno central y de regiones como Madrid, que «están destruyendo el tejido de estos centros implantados por todo el territorio nacional».
Guarderías sin ayudas
Desde el sector explican a THE OBJECTIVE que los problemas vienen de atrás y que están relacionados con la baja natalidad y la creación de centros ilegales. No obstante, la pandemia ha agravado la situación. Al contexto sanitario se une la crisis económica. Solo el curso pasado cerraron el 20% de las escuelas infantiles privadas, que descendieron de 5.400 a 4.500, según datos del Ministerio de Educación. «Durante este tiempo apenas hemos tenido ayudas», lamenta Grimá.
El Gobierno anunció el año pasado una partida de 670 millones de euros incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para crear 65.000 plazas públicas y gratuitas que permitan escolarizar a niños de cero a tres años. El plan debe completarse entre 2022 y 2023. El Consejo de Ministros ya autorizó en noviembre la distribución de 200 millones a las comunidades autónomas para crear las primeras 21.000 plazas.
«Nos sentimos desasistidos por las Administraciones», afirma Grimá. En su opinión, la decisión del Gobierno es discriminatoria porque beneficia a la educación pública frente a la privada. «El artículo 27 de la Constitución aboga por la libre elección de los padres», sostiene el dirigente de Acade. Sin embargo, la Carta Magna no menciona ese extremo. Sí reconoce la libertad de enseñanza y que esta, en su etapa básica, debe ser obligatoria y gratuita.
La Constitución también recoge que los poderes públicos deben ayudar a los centros docentes que reúnan los requisitos que establece la ley. Un extremo que según Fenacein no se da. En opinión de la federación, las escuelas infantiles privadas salen «perjudicadas» de la decisión del Ejecutivo. Por eso ha pedido al Parlamento Europeo que revise el destino de esa partida económica.
Investigar los fondos europeos
La Eurocámara admitió la petición a trámite a principios de semana, lo que supone iniciar una investigación para determinar si la decisión del Gobierno infringe el reglamento comunitario. Este establece que los fondos europeos deben servir para mitigar el impacto económico y social de la crisis derivada de la pandemia y fomentar la creación de empleo, especialmente entre las mujeres. El 90% de los 40.000 trabajadores de las escuelas infantiles privadas son mujeres.
«Estamos en una situación catastrófica», insiste Grimá. El presidente de Acade cifra en más de 10.000 los empleos que se han perdido en el sector durante la pandemia. En su opinión, los centros privados están en riesgo de desaparecer. Antes de esta crisis, Grimá ya preveía el cierre del 40%, una cifra que no se atreve a dar con el escenario actual: «El sector está herido de muerte».
Fenacein considera que el Gobierno se equivoca al crear 65.000 nuevas plazas públicas de guarderías. Desde la federación consideran que ya existen 120.000 vacantes de cero a tres años y que, en un contexto de descenso de natalidad, la medida no responde a «una necesidad real». Por eso reclama que los fondos europeos se destinen a «la supervivencia» de los centros existentes y a mantener los puestos de trabajo.
Grimá también critica la decisión de la Comunidad de Madrid de introducir el primer ciclo de la Educación Infantil en algunos colegios públicos. «Es justo lo contrario a lo que decía hasta hace poco», afirma el presidente de Acade. La decisión de Isabel Díaz Ayuso supone que los padres podrán inscribir a sus hijos en un mismo centro desde que son bebés hasta que acaban Primaria. Hasta ahora, el modelo solo existía en Valencia y Cantabria. El proyecto se financiará gracias a los fondos europeos.
Regiones en contra
No solo el sector de las escuelas privadas ha alzado la voz contra la decisión del Gobierno central. Varias comunidades autónomas también se han mostrado en contra del plan de Educación. Entre ellas, Cataluña, Euskadi y Andalucía, que rechazan que haya que destinar el dinero de los fondos europeos a crear nuevas plazas públicas de guardería de forma obligatoria.
Un estudio publicado por Save The Children en diciembre señala que las familias españolas son de las que más gastan en educación infantil en la UE, ya que el 40% del gasto recae sobre ellas, mientras que la media en el continente es del 25%. En España, la Educación Infantil es voluntaria y abarca de los cero a los seis años de edad, dividida en dos ciclos de cero a tres años y de tres a seis. Este segundo ciclo es gratuito y universal.
