Colectivos 'trans' piden al Gobierno que elimine la mención al sexo en el DNI
El Consejo de Ministros aprobó en junio el anteproyecto de la conocida como ley Montero, que espera los dictámenes para iniciar su tramitación parlamentaria
La Plataforma Trans quiere eliminar cualquier mención al sexo en el DNI. Supone un paso más. Hasta ahora, los colectivos pedían que la futura ley trans contemplara la creación de una tercera casilla en el documento de identidad para las personas no binarias, aquellas que no se reconocen como varón ni como mujer. El Consejo de Ministros aprobó en junio el anteproyecto de la conocida como ley Montero, que espera los dictámenes de diversos organismos para iniciar su tramitación parlamentaria.
«El derecho a la identidad es un derecho universal y todo el mundo tiene que poder hacer uso de él. Tarde mucho o tarde poco, los países tienen que crear los mecanismos jurídicos para reconocerlo», afirma Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya aprobó una resolución al respecto. No tardaron en sumarse otros organismos internacionales.
El Gobierno aprobó un anteproyecto
La resolución 2048 del Consejo Europeo, aprobada en abril de 2015, establece en el artículo 6.2.1 «desarrollar procedimientos rápidos, transparentes y accesibles, basados en la autodeterminación, para el cambio de nombre y sexo registrado de personas transgénero en actas de nacimiento, cédulas de identidad, pasaportes, certificados educativos y otros documentos similares».
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) también ha desarrollado en los últimos años una importante jurisprudencia sobre el reconocimiento legal de la identidad de género. En 2020 fue la Comisión Europea, en su estrategia de Igualdad LGTBIQ, quien propuso avanzar hacia su reconocimiento legal. No hay que olvidar los principios de Yogyakarta, la ciudad indonesia donde un grupo de especialistas redactaron en 2006 diferentes recomendaciones.
El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros en junio permitirá cambiar de nombre y de sexo con la voluntad como único requisito. El documento ya insta al Ministerio del Interior a adaptar los documentos oficiales de identificación, pero en el caso de las personas no binarias puede ser insuficiente. Los principios de Yogyakarta aconsejan abordarlo de tres maneras: incluyendo una tercera casilla, dejar el espacio en blanco o eliminar la mención del documento.
«Cualquiera de las tres opciones nos vale», reconoce Cambrollé a THE OBJECTIVE. No obstante, prefiere que se elimine cualquier mención, algo que acabaría con el problema. En su opinión, «el Estado no debe mirar para otro lado porque si lo hace está discriminando a una realidad que existe y necesita estar protegida». La activista afirma que «hay muchos países» que ya han incorporado en su ordenamiento los cambios legales, y entre ellos cita a a Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Canadá o los estados de Nueva York y California, en Estados Unidos.
«Un reconocimiento jurídico»
Cambrollé afirma que lo que solicitan es «un reconocimiento jurídico de la identidad binaria». Lo hacen, dice, bajo una premisa: «Lo que no resta, suma. Y aquello que suma es diversidad. A mí no me resta que una persona sea no binaria. Y tiene derecho a ver reconocida su identidad», insiste la presidenta de la Plataforma Trans.
Darko Decimavilla, presidente del Colectivo No Binaries, afirma que su organización demanda la creación de una tercera casilla en el DNI. Reclama que también exista la posibilidad de no marcarla. «Es una posición bastante extendida dentro del movimiento trans. Luego hay que analizar cuál es su implantación», admite Decimavilla. En su opinión, existen «fundamentos jurídicos» para el reconocimiento de las identidades no binarias, según el análisis encargado por la asociación Euforia al jurista Francisco Peña.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) también rema en esa dirección. Cree que las instituciones deben evitar que las personas no binarias «se queden al margen de la ley». En general, las organizaciones valoran positivamente el texto presentado por el Ministerio de Igualdad porque recoge las dos cuestiones que más preocupa a los colectivos: el reconocimiento del derecho de autodeterminación y la despatologización de los transexuales.
Entienden que algunos aspectos de la ley «se quedan cortos», pero confían en que puedan mejorarla durante su tramitación parlamentaria. Para que eso suceda, varios organismos deben publicar dictámenes no vinculantes. En estos momentos, el anteproyecto se encuentra varado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ultima el informe. Cambrollé exige celeridad ante el aumento de las agresiones al colectivo y «la amenaza de la ultraderecha».