Indignación en el CGPJ con PSOE y Podemos por vetar también el relevo de un vocal jubilado

El asunto no está en el orden del día del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se celebra este jueves. Pero fuentes del órgano de gobierno de los jueces dan por hecho que será uno de los temas a tratar en la reunión. La Mesa del Congreso de los Diputados, con mayoría de PSOE y Unidas Podemos, ha rechazado esta semana activar el relevo de uno de los vocales del CGPJ que se acaba de jubilar. Una decisión tras la que se podría esconder, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, un nuevo intento para presionar al Partido Popular y obligarle a transigir con la renovación completa del órgano de gobierno de los jueces sin cambiar el sistema de elección de los 20 vocales que conforman el Consejo, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018.

«Ha sido una decisión que va muy en la línea con el propósito del PSOE de que el Poder Judicial funcione lo peor posible para salirse con la suya y que se renueve el CGPJ sin cambiar el sistema de elección de los jueces, como exige Bruselas y como pedía el PP antes de que Pablo Casado anunciase su decisión de dejar la presidencia del partido», indica uno de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. «Parece claro que el Ejecutivo quiere acabar con el funcionamiento del Poder Judicial por extinción, o por jubilación en este caso, de las personas que componen su órgano de gobierno y poner entre la espada y la pared al PP de Feijóo», coincide por su parte el diputado y portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal.

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, comunicó el pasado 8 de marzo a la presidenta del Congreso que uno de sus 20 vocales, el también magistrado del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde, pasó a la jubilación forzosa a principios de mes tras cumplir los 72 años de edad. El artículo 571.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que el cese anticipado de un miembro del CGPJ «dará lugar a su sustitución» y obliga al presidente del organismo a ponerlo en conocimiento de la Cámara competente «para que proceda a la propuesta de nombramiento de un nuevo vocal».

PSOE y Podemos vetan el relevo

El asunto llegó el martes a la Mesa del Congreso. Al haber sido el órgano que designó a Fernández Valverde, le correspondía a la Cámara Baja realizar una propuesta de nombramiento «a la vista del listado de vocales suplentes elegidos» cuando se produjo el nombramiento del vocal ahora jubilado, en diciembre de 2013. Sin embargo, la Mesa del Congreso -con mayoría de PSOE y Podemos- rechazó el martes la petición de Lesmes de activar el proceso de sustitución de Fernández Valverde, según adelantó El Periódico de Catalunya y ha podido confirmar este diario.

La presidenta de la Cámara Baja, Meritxel Batet, había pedido un informe jurídico a los letrados del Congreso antes de decidir sobre esta cuestión. Los partidos que conforman el Gobierno de coalición se han escudado en ese documento. Según los letrados del Congreso, los vocales suplentes de Fernández Valverde fueron elegidos hace nueve años y con idea de un mandato de cinco años. Los servicios jurídicos de la Cámara entienden por tanto que el mandato de los suplentes también estaría caducado y recomiendan esperar a que se produzca la renovación completa de los 20 vocales del CGPJ, dejando vacante la plaza de Fernández Valverde hasta entonces.

«Es dudoso que, dada la limitación de funciones y la previsible duración de la sustitución, se mantengan las condiciones en que se produjo la designación de sustitutos», indican los letrados. «Lo que corresponde para garantizar el correcto funcionamiento de este órgano constitucional es proceder a una completa renovación del mismo», añaden. La Mesa del Congreso, con la oposición verbal de la vicepresidenta Ana Pastor, hizo suyos los argumentos de los letrados y se limitó a tomar nota de la jubilación forzosa del vocal del CGPJ. PSOE, Unidas Podemos y Vox se manifestaron rechazando poner en marcha su renovación, según fuentes parlamentarias.

Revuelo en el CGPJ

Los servicios jurídicos del Congreso alegan, además, que la jubilación de Fernández Valverde no cumple con la condición de ser un «cese anticipado» porque no se trata de un vocal en plenas funciones, ya que el CGPJ tiene su mandato caducado desde hace más de tres años. Este punto es uno de los que más revuelo ha causado en el seno del órgano de los jueces. Algunos de sus vocales no entienden que una jubilación pueda ser interpretada como algo distinto a un «cese anticipado», cuando la ley obliga a la jubilación forzosa a los magistrados vocales al cumplir los 72 años.

Algunas voces del CGPJ califican este argumento jurídico como una «nueva excusa» del Gobierno de coalición para impedir el buen funcionamiento del Poder Judicial. Fuentes parlamentarias añaden que la LOPJ no hace mención expresa a que el Congreso no pueda relevar a un vocal jubilado o fallecido si el órgano de gobierno de los jueces está en funciones. Ni siquiera tras la reforma impulsada por el Ejecutivo hace un año para impedir que el CGPJ pueda hacer nombramientos con el mandato caducado. El PP defiende que el CGPJ debe volver a funcionar con la mayor normalidad posible hasta que se renueven sus vocales para desbloquear la situación de colapso a la que se enfrenta el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal tendrá el 20% de sus plazas de magistrados vacantes el próximo mes de octubre si se mantiene la reforma que impide al Poder Judicial hacer nombramientos, advierte Edmundo Bal.

Ante esta situación, y tras la jubilación de Fernández Valverde, serán 19 los vocales del CGPJ que se reúnan con Lesmes en el Pleno de este jueves. En el orden del día se encuentra el análisis de varios informes sobre algunas leyes que no son de carácter nacional ni de gran calado. Se espera un Pleno pacífico, pero en el que se hablará también de la negativa a activar en el Congreso la sustitución del vocal jubilado.

Tres años de bloqueo

La renovación del Consejo del Poder Judicial está pendiente desde finales de 2018 y desde entonces no se ha conseguido un acuerdo entre los dos principales partidos, el PSOE y el PP, cuyo concurso es imprescindible dada la mayoría cualificada de dos tercios que se exige en el Parlamento para los nombramientos del órgano de gobierno de los jueces. El PP exigía al Gobierno un compromiso para cambiar la LOPJ y que se modifique también el sistema de elección de los jueces, de manera que sean los propios magistrados quienes elijan los ocho vocales jueces del CGPJ y el Parlamento los 12 vocales juristas de reconocido prestigio propuestos por el poder legislativo.

La LOPJ contempla desde 1985 que sea el poder legislativo el encargado de designar a todos los vocales. Por este motivo, Bruselas ha dado varios tirones de orejas a España. La Comisión Europea recomienda que la mitad de los vocales sean elegidos por los jueces, como ocurre en casi todos los países de la UE. Solo Polonia y Hungría, además de España, tienen un sistema de elección donde los partidos políticos eligen a la totalidad de los miembros del órgano de gobierno de los jueces.