Una jueza investiga a tres altos cargos del Gobierno por presuntas irregularidades en contratos covid
Estos miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez podrían haber incurrido en varios delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude
El exministro de Sanidad, Salvador illa, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la pandemia. | Moncloa
La titular del Juzgado 26 de Madrid, Concepción Jerez García, investiga a tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez por presuntas irregularidades en la compra de material sanitario en los primeros compases de la pandemia. La magistrada señala que estos tres miembros del Ejecutivo pudieron incurrir en varios delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la tramitación de los contratos de emergencia del primer estado de alarma.
Las pesquisas de esta investigación, desveladas por El Confidencial, se iniciaron hace un año, aunque no ha sido hasta ahora cuando han trascendido. El origen se encuentra en una querella presentada por Vox en mayo de 2020, en la que denuncian la licitación de medio centenar de licitaciones concedidas en el mes de marzo por valor de 310 millones de euros y que, según los denunciantes, se ampararon en el estado de alarma para poder incurrir en estos actos de dudosa legalidad.
Hacienda y Sanidad, señalados
Los investigados forman parte de los ministerios de Sanidad y Hacienda, entonces dirigidos por Salvador Illa y por María Jesús Montero. Se tratan del director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Alfonso María Jiménez; la directora general de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DRGCC), Paloma Rosado, y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGSNSF), Patricia Lacruz.
En su comparecencia, los acusados defendieron la legalidad de los procesos seguidos a pesar de las acusaciones de haber concedido los contratos a empresas sin experiencia en el sector o a otras que posteriormente entregaron materiales defectuosos o de mala calidad.
Los denunciantes han señalado que en las concesiones se concedieron compañías de «dudosa existencia», en las que «no consta su identidad fiscal, ni si tienen establecimiento físico alguno, en España o fuera». Vox señala que en a pesar de la situación crítica en la que se encontraba la sociedad española, no se tomaron las medidas de prevención mínimas para asegurar el correcto desembolso.
