Las comunidades se desentienden de los controles a las mascotas ucranianas pese al riesgo de rabia

Con la huida de Ucrania de millones de personas desde la invasión por parte de Rusia, miles de mascotas han cruzado las fronteras de la Unión Europea junto a sus dueños. Dada la crisis humanitaria, las autoridades han levantado la mano y han permitido que estos animales pasen sin los controles sanitarios y las vacunas que se exigen habitualmente con la condición de que se realicen en el destino. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha elaborado un protocolo para que sean los servicios oficiales de veterinarios quienes se encarguen de estos controles, pero las comunidades autónomas se han desentendido de esta tarea y la han trasladado a las clínicas veterinarias privadas, según denuncian estos profesionales. 

Esto supone que se está dejando en manos de la solidaridad una cuestión de salud pública, puesto que Ucrania es un país donde la rabia es una enfermedad endémica, con un número de casos elevado cada año, y que los animales no tengan un control sanitario podría derivar en contagios en animales en España e incluso en personas. 

El Ministerio de Sanidad no se hace cargo 

«La primera cuestión es que se alza un interlocutor gubernamental que no tiene como objetivo la salud pública, que es el Ministerio de Agricultura, cosa que los veterinarios empezamos a no entender», dice a THE OBJECTIVE José Fernández Romojaro, de la  Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (Fesvet). «En el caso de un animal que no es productor y cuando se trata de una amenaza de salud pública de libro como es la rabia, se alza como interlocutor un ministerio que no tiene ese objetivo, con lo cual ya empezamos a desconfiar de que sus recursos, sus veterinarios y toda su infraestructura, estén predispuestos a utilizarlos en el control de la rabia», explica. 

Los veterinarios no se explican por qué no es el Ministerio de Sanidad y las consejerías de Salud de las distintas comunidades no se hacen cargo de esta situación, ya que los casos de salud pública son su competencia. 

Pero las consejerías no ponen a disposición de esta necesidad sus veterinarios porque entienden que, dado que ha sido el Ministerio de Agricultura quien ha elaborado el protocolo, son las administraciones dependientes del mismo quienes deberían hacerlo. 

Las clínicas privadas corren con los riesgos y los gastos 

Si desde el origen se han evitado responsabilidades, cuando la cuestión llega a las comunidades autónomas ya «es un caos», explica a este periódico Delia Saleno, veterinaria y miembro de la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE). «Algunas comunidades autónomas han facilitado al menos un contacto, pero hay otras que ni siquiera tenemos un contacto y no sabemos a quién acudir», denuncia. Además, «hay algunas que han hecho su propio protocolo y directamente cargan a los clínicos todo el trabajo directo con el animal». 

En la práctica, esto supone que las clínicas que se ofrezcan a cubrir estos servicios deben poner sus propias instalaciones, material y medios de protección para llevar a cabo los controles de estas mascotas. 

«Les piden que sea voluntario y gratuito y les proporcionan, como mucho, y solo en algunos sitios, la vacuna, el microchip y el pasaporte, pero tienen que dedicar su tiempo de trabajo como profesionales liberales, arriesgarse porque esos animales si tienen la rabia es peligrosísimo, y prestar sus instalaciones», denuncia Fernández. 

«No puede ser que un riesgo para la población grave de salud pública, que es competencia del Ministerio de Sanidad, primero lo esté manejando Agricultura, y después se acuda a los clínicos particulares apelando a su solidaridad, porque la salud pública de la gente no puede estar en mano de la solidaridad de nadie», añade. 

Riesgo para los veterinarios y animales 

Además de que confiar en la solidaridad de los profesionales para controlar una enfermedad que puede suponer un problema de salud pública es ineficiente, puesto que pueden negarse y no quedar cubierto el servicio, los veterinarios explican que no tiene lógica porque sus instalaciones no están preparadas para atender casos de este tipo. 

El protocolo actual en España apunta que si un animal no vacunado ha estado en contacto con otro que da positivo por rabia, este tiene que ser sacrificado. Por eso, las clínicas no quieren ofrecerse a hacer estos controles, pues supondría mezclar en la recepción a los animales ucranianos con los que residen en España, poniendo a estos últimos en un riesgo innecesario. 

«Vemos absurdo mezclar los animales que no han pasado cuarentena con animales nacionales o animales de turistas en la misma recepción de la clínica», dice Saleno, que señala además que hay comunidades donde la vacuna de la rabia no es obligatoria y la tasa de vacunación es muy baja, por lo que sería un riesgo muy elevado exponer a los animales a este posible contagio. 

Además, las comunidades autónomas se niegan a facilitar las vacunas de la rabia a los veterinarios que se ofrezcan a hacer estos controles, a pesar de que los protocolos en España recomiendan que quienes manipulen a animales sospechosos de tener rabia estén vacunados, explica Saleno. 

«El contagio es por contacto con la saliva del animal enfermo, que puede ser por mordedura, arañazos, o por alguna lesión que tengas en la piel», explica, por lo que el riesgo de contagio existe.

«Lo hemos pedido (las vacunas) y dicen que somos unos exagerados, nos mandan a ponernos las vacunas como a cualquier turista que quiere ir a un país que tenga rabia endémica, no entendemos por qué nos tratan así», critica. 

«Las administraciones tienen tres vías para poner solución» 

Desde Fesvet, José Fernández señala que las comunidades autónomas pueden optar por tres opciones para hacerse cargo de estos controles sanitarios. 

La primera es utilizar a los veterinarios de la salud pública, vacunarlos y dotarlos de los medios necesarios para llevar a cabo la tarea. La segunda, «como las plantillas de veterinarios son escasas en la administración», es contratar a profesionales por obra y servicio. Y la tercera, derivarlo a los clínicos, «pero claro, de forma voluntaria pero no gratuita». 

«¿Cómo va un profesional liberal que tiene que pagar facturas a dedicar su tiempo y sus instalaciones a una amenaza de salud pública? Cuando no solo es que no gane, es que pierde dinero», denuncia. «Los veterinarios han sido siempre muy solidarios, pero solidario no quiere decir tonto».