Vox propone la autorización previa en las actividades de los centros sociales de Madrid

Vox sigue dando la batalla de las ideas en el Ayuntamiento de Madrid. La formación ‘verde’ llevará al pleno de este martes una propuesta para instaurar la autorización previa en las actividades que se realizan en los centros sociales y culturales de la capital. Los grupos de izquierda votarán en contra de la medida, que para salir adelante necesitará el apoyo del Gobierno municipal, aunque PP y Ciudadanos tampoco tienen intención de secundarla. En cualquier caso, la moción recuerda al llamado pin parental, una de las propuestas estrella de los de Santiago Abascal en la campaña de 2019 que, por ahora, nunca se ha llegado a aplicar.

La formación ‘verde’ quiere exigir que «se revisen los contenidos» que se ofrecen en todos los centros de Madrid en los que se realizan actividades. La intención es «comprobar que resultan adecuados al público que se dirigen y evitar que a través de servicios externalizados se desarrollen actividades no aptas para menores», reza la propuesta de Vox. «Y también que los contenidos no atenten contra el honor de las víctimas o no se realice apología de crímenes o delitos», insiste el texto, firmado por la concejal Arantxa Cabello.

La propuesta de Vox

En el segundo punto, la formación verde solicita que «toda la actividad o espectáculo social y cultural» financiada por el Ayuntamiento «requiera de una autorización previa de revisión de contenidos por parte de los responsables de contratos con el fin de que por desconocimiento no se amparen espectáculos que supongan apología de algún delito o actividades no apropiadas para menores». Una situación que, según relata Vox en la exposición de motivos, ya se produjo el 7 de mayo.

Ese día, en el Centro Juvenil El sitio de mi recreo, una instalación municipal ubicada en el distrito de Villa de Vallecas, tuvo lugar el monólogo No solo duelen los golpes, de Pamela Palenciano. El espectáculo estaba dirigido a todos los públicos. Vox denuncia que en la actuación «se emitieron juicios de valor en defensa de dos condenadas por delitos cometidos contra sus hijos menores». En concreto, a favor de Juana Rivas y de María Sevilla, la presidenta de Infancia Libre, indultada por el Gobierno tras haber sido condenada por secuestrar a su hijo.

La formación verde sostiene que esos juicios de valor suponen «una agresión a la integridad moral de las víctimas de sus delitos y apología de estos». El tercer punto de la moción presentada por Cabello, una de los cuatro ediles con los que cuenta Vox, también pide que se establezcan cláusulas en los pliegos de condiciones y las bases de subvenciones para que «en los espectáculos o actividades financiadas por el Ayuntamiento no se incluyan frases o expresiones injuriosas o ultrajantes».

La intención es que se impida «cualquier tipo de apología de crímenes o delitos». En caso de incumplimiento, el texto solicita que puedan resolverse los contratos o retirarse las subvenciones. Vox reconoce la libertad de expresión como «uno de los derechos fundamentales» (artículo 20 de la Constitución), pero señala la responsabilidad del Consistorio en las actividades que «por su contenido no formen parte de la oferta que se ofrece a los ciudadanos o se limiten». Entre los casos que resalta, aquellos que tienen que ver con la edad del público destinatario o los que por su contenido «atenten u ofendan a víctimas». Este artículo constitucional incluye, además, la prohibición de la «censura previa».

Acuerdo de legislatura

Los votos de los concejales de Vox fueron vitales para que José Luis Martínez Almeida se convirtiera en alcalde de la capital. El PP no ganó las últimas elecciones municipales, pero gracias a su coalición con Ciudadanos y al apoyo de los de Abascal recuperó el poder tras el mandato de Manuela Carmena. Los populares y el líder de la formación ‘verde’ en Madrid, Javier Ortega Smith, cerraron el 15 de junio de 2019 un acuerdo de legislatura con 81 medidas. La número siete alude a suprimir «todas las subvenciones a entidades cuyo fin sea ideológico y no quede acreditado un interés público y/o social».

Para algunos dirigentes municipales, esta iniciativa de Vox se asemeja a la del pin parental, una de sus propuestas estrella en las campañas electorales previas a las generales de 2019. Con dicha medida, la formación verde pretendía obligar a la dirección de los centros educativos a informar a las familias de todas las actividades complementarias organizadas en horario lectivo. Los de Abascal reclamaban el derecho de los padres a dar su consentimiento mediante una «autorización expresa» para cualquier charla, taller o actividad con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones.

El pin parental nunca se ha aplicado en España, aunque Murcia ha mostrado su predisposición a hacerlo a partir del próximo curso. Quien lidera la batalla es su consejera de Educación, Mabel Campuzano, que se puso al frente del departamento después de un acuerdo con el presidente regional, Fernando López Miras, del PP. Ella y otros dos diputados díscolos de Vox resultaron decisivos para que fracasara la moción de censura que registraron PSOE y Ciudadanos para desalojar a López Miras en marzo del año pasado y que, como un efecto de dominó, llevó a Isabel Díaz Ayuso a convocar elecciones en la Comunidad de Madrid.

El sillón de Almeida nunca corrió riesgo, aunque la izquierda ha demandado en varias ocasiones a Ciudadanos que presentara una moción de censura. Un procedimiento que jamás hubiese apoyado Vox, que solo se distanció del alcalde cuando este alcanzó acuerdos con los ediles del Grupo Mixto, escindidos de Más Madrid y los más cercanos a Carmena. Entre esos pactos, destacan el nuevo Madrid Central, el presupuesto de la capital para este año y la ordenanza de las terrazas.