El Gobierno acata la sentencia contra Marlaska por la ortografía y no recurrirá al Supremo
La Dirección General de la Policía ya está cuantificando el número de opositores que se verán beneficiados por el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. | Efe
La Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, no recurrirá en casación al Tribunal Supremo la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declara como válidas cuatro palabras del test de ortografía que el tribunal calificador corrigió como incorrectas en las oposiciones al Cuerpo en 2019, y que abre la puerta a que miles de aspirantes que se quedaron fuera del proceso tengan ahora la oportunidad de obtener una plaza.
En una respuesta parlamentaria al diputado Pablo Cambronero sobre la mencionada cuestión, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Gobierno le informa de que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska «no tiene previsto recurrir la sentencia del TSJM» que tumba las pruebas de ortografía de las oposiciones a 2019. Y que «actualmente se está llevando a cabo la cuantificación de la incidencia de la sentencia, así como el número de opositores que se verían afectados por la mismas».
Cambronero preguntó al Ejecutivo si, después del fallo del Tribunal Superior de Madrid, había valorado y cuantificado el coste para las arcas públicas de tanto el pleito planteado como de los años que muchos de los opositores van a tener que cobrar por una decisión «injusta» de la Dirección General de la Policía. En este caso, la Abogacía del Estado y un grupo de aspirantes han estado pleiteando en los juzgados casi tres años sobre las palabras del polémico examen de ortografía. Pero a esta causa judicial se suman cientos má, a raíz de los presuntos errores que también habría cometido la Policía Nacional en las pruebas ortográficas de siguientes convocatorias.
Pese al varapalo judicial contra la Dirección General de la Policía y los que, teniendo en cuenta esta sentencia, podrían llegar, el Gobierno defiende al tribunal examinador de la oposición. «Se debe precisar que las preguntas de los exámenes y los criterios de evaluación de los mismos los define un tribunal reglamentariamente constituido, cuyos componentes son funcionarios de la Policía Nacional con una acreditada experiencia, que toman las decisiones de forma autónoma y aplicando los criterios establecidos en las oportunas convocatorias con profesionalidad y rigor», reza la respuesta parlamentaria del Ejecutivo.
Sentencia pionera
En una sentencia, fechada a finales del pasado mes de abril, la Justicia falló a favor de un grupo de nueve aspirantes que interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la Dirección General de la Policía por haber establecido como incorrectas cuatro palabras de la prueba de 2019 que la Real Academia de la Lengua Española (RAE), en un informe que remitieron los afectados, daba por correctas. Una cuestión que incluso el tribunal llega a calificar de «inadmisible» por parte de Interior.
La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) estimó parcialmente el recurso de los candidatos y ordenó al Ministerio del Interior que corrigiese dicha decisión. Lo que implica que, una vez se actualicen las puntuaciones, si superan la nota de corte establecida en el test ortográfico (6,2), los afectados podrán ser readmitidos en el proceso y realizar las pruebas de la oposición que no pudieron completar por haber suspendido: la entrevista personal, un reconocimiento médico y un test psicotécnico. De aprobar estas últimas, dice el fallo, los aspirantes tendrán pleno derecho a ser designados como funcionarios. Todo ello, no obstante, sin perjudicar a los opositores que lograron su plaza en 2019 pese al error en las correcciones de la Dirección General.
Estos nueve aspirantes, no obstante, no fueron los únicos que se vieron afectados por la corrección de la prueba de la División de Formación de la Policía Nacional. Se cuentan por cientos los que, después de haber sido ignorados en sus reclamaciones y recursos de alzada contra la Dirección General, llevaron su caso a los tribunales. El juzgado madrileño, de hecho, tiene pendiente de resolver casi 400 recursos de otros aspirantes.
En cualquier caso, este primer pronunciamiento judicial abre la puerta a que otros afectados, no solo en esta promoción sino también en posteriores en las que la prueba de ortografía también se tornó polémica, recuperen la oportunidad perdida de acceder a la Escala Básica de la Policía Nacional. De hecho, según cuenta Ángel Galindo, el abogado que representa a la mayor parte de aspirantes, miles de opositores que no recurrieron sus resultados en el examen están organizándose para acogerse a este sentencia.
Eliminar la ortografía
Esta primera sentencia contra los exámenes de la Policía Nacional da sentido a la decisión que hace tres meses tomó el Ministerio del Interior: eliminar definitivamente la prueba de Ortografía de entre las pruebas para acceder mediante oposición a la Escala Básica del Cuerpo.
Fuentes de la Dirección General indicaron a THE OBJECTIVE que esta modificación en las pruebas conllevará una «selección más eficaz asentada en los principios de mérito, capacidad, publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica». De este modo, solo habrá una prueba de conocimientos, compuesta por el número de ítems relacionados con la función policial que se determine en la convocatoria.
El Tribunal será el encargado de elaborar el conjunto de cuestiones para cada una de las materias encuadradas en las áreas de ciencias jurídicas, sociales y técnico-científicas y conocimiento general y de lengua extranjera. No obstante, también podrá incorporar preguntas relacionadas con la ortografía, aunque en menor medida.
