Las polémicas oposiciones al hospital Gómez Ulla salpican al líder de UGT en Defensa
La mujer y el hijo del también portavoz del PSOE en Boadilla (Madrid) consiguen sendas plazas de celador en un examen bajo sospecha
El líder de UGT en el Ministerio de Defensa, Alfonso Castillo, junto a Margarita Robles. | Foto: Twitter de Alfonso Castillo
La polémica en torno a las últimas oposiciones públicas de empleo para la red hospitalaria del Ministerio de Defensa, y en especial las plazas ofertadas para el Hospital Gómez Ulla de Madrid, salpica ahora al personal del departamento de Margarita Robles. En concreto, al máximo responsable del sindicato UGT en el citado ministerio, Alfonso Castillo Gallardo, según la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Castillo Gallardo también es secretario general del PSOE en Boadilla del Monte y actual portavoz socialista en los plenos de esta localidad madrileña. Lleva destinado en Defensa más de 40 años en puestos civiles, si bien en la actualidad está liberado por su condición de coordinador de UGT dentro del ministerio. En su perfil de Twitter aparecen numerosas fotografías con ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez y dirigentes nacionales socialistas.
Las citadas oposiciones están en el ojo del huracán a raíz de una noticia de El Periódico de España la semana pasada que ha extendido la sospecha en el Gómez Ulla de que las preguntas de los exámenes -o al menos una parte- se pudieron filtrar previamente a algunos de los aspirantes. En el caso que atañe al responsable de UGT, su mujer –María Begoña Lorenzo Lopez– y su hijo –Alberto Castillo Lorenzo– consiguieron superar el corte con dos de las notas más altas.
El reparto de plazas en el hospital Gómez Ulla
Ambos aparecen en las primeras posiciones en las pruebas de acceso libre y del llamado proceso de estabilización para celador, en las que se repartían 41 y 62 puestos fijos en el Gómez Ulla respectivamente. Así, la esposa de Castillo Gallardo obtuvo la duodécima mejor nota de los 218 candidatos que superaron la prueba de estabilización, destinada a aquellos que llevan años encadenando contratos eventuales y que, por tanto, tienen ventaja sobre los que optan a las vacantes de acceso libre.
Sobre esta última prueba, el hijo del máximo responsable de UGT en Defensa quedó en el puesto 17 de los 198 candidatos que superaron el corte de su examen, considerado «muy difícil» por las citadas fuentes, al incluirse muchos artículos de legislación sobre la autonomía del paciente junto a preguntas «sobre la vida y el manejo de los celadores» en la red hospitalaria.
Al quedar ambos miembros de la familia de Castillo Gallardo tan arriba en la lista de aprobados, ambas plazas se pueden dar por adjudicadas ya que los puntos que se reparten en la última fase de concurso, donde se mira el currículum o la experiencia laboral previa, son de escasa cuantía y no modifican el resultado del examen si uno queda entre los primeros.
Ahora bien, varios de los aspirantes consultados por este periódico están preparando recursos ante el Ministerio de Defensa con el fin de repetir el proceso de la oposición, al tiempo que no descartan presentar denuncias por la vía penal ante la posible comisión de un delito de prevaricación. Desde el departamento de Robles se mantiene que la oposición en el punto de mira fue «completamente estanca, segura y limpia».
Las «dudas en la cadena de custodia de los exámenes», en palabras del sindicato CCOO, se centran en el teniente Antonio Jesús García Sillero, jefe de Seguridad en el hospital Gómez Ulla y que aparece como segundo jefe de Recursos Humanos dentro del mismo, por detrás de Eva María Gálvez, según el Sistema de Mensajería Oficial y Gestión Documental (Simendef), la ‘intranet’ de personal del Ministerio de Defensa a la que tuvo acceso THE OBJECTIVE en exclusiva.
Esa doble condición laboral de García Sillero le pudo permitir acceder al contenido de las preguntas antes del examen, según fuentes militares consultadas por este periódico, ya que el propio hospital las suele elaborar para su posterior remisión al tribunal examinador. Además, el Gómez Ulla tiene constancia de que en al menos una oposición anterior hubo un intento de su parte por conocer cuáles eran las preguntas.
Pese a ello, su «poder» dentro del Gómez Ulla no se ha resentido en los últimos años. Una situación que se debe, a juicio de personas de su entorno, a que ha estado «protegido» por la actual subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos Tejada, quien antes de ascender el pasado 12 de mayo a ‘número tres’ de Robles estuvo doce años al frente de la Dirección General de Personal del ministerio.
El sindicato CCOO pidió la pasada semana a Defensa que abriese una investigación interna sobre este proceso de oposición, al conocerse que dos hijos y un yerno de García Sillero también aparecían con plazas provisionales en la convocatoria para cubrir las vacantes acumuladas de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Una petición a la que se sumó Izquierda Unida. Además, se da la circunstancia de que la mujer del citado teniente ya tiene asignada una plaza de funcionaria como técnico de Recursos Humanos en el Gómez Ulla.
Pero no es la única familia a la que salpican estas «supuestas irregularidades», pues las citadas fuentes advierten de una situación «prácticamente idéntica» con los citados casos de la esposa y el hijo del líder de UGT en Defensa fruto, a su juicio, de una «amistad de años» entre García Sillero y Castillo Gallardo que habría llevado al primero a compartir con el segundo la información confidencial de los exámenes para celador. Este último niega tal extremo a preguntas de este diario, si bien admite que ambos se conocen por sus respectivos puestos laborales.
Además, el dirigente de UGT rechaza que su mujer y su vástago hayan tenido trato de favor en esta convocatoria. En este sentido, subraya con vehemencia que han competido en igualdad de condiciones con el resto de personas que se apuntaron en la oposición tras varios contratos como eventuales en el Gómez Ulla. Sobre todo, tras prepararse en el último año en una academia los temarios que elaboró Defensa para los aspirantes a celador en su red hospitalaria.
