Podemos reprocha al PSOE las consecuencias con Argelia por el «error» del viraje del Sáhara
La formación morada ha señalado que su socio de Gobierno ha «traicionado» su postura tradicional
El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha reprochado al PSOE su «enorme error» en el conocido como viraje del Sáhara Occidental, que ha concluido con un empeoramiento de las relaciones con Argelia, principal suministrador de gas a España y que en la actualidad ha cortado todas sus relaciones comerciales. A pesar de que el Ejecutivo haya acudido en busca de soluciones a la Unión Europea, por el momento las empresas denuncian que estas no han llegado.
En rueda de prensa en la sede del partido, el dirigente de la formación morada ha admitido que están preocupados con este asunto y ha deslizado que la suspensión del tratado de buena amistad con Argelia obedece a que el socio mayoritario ha «mutado» su posición sobre el Sáhara, al avalar el plan de autonomía marroquí.
También ha reprochado al PSOE que haya «traicionado» su propia posición política y la tradicional postura del país, favorable a la defensa de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. «Cuando uno gira su posición política lleva a estas circunstancias», ha razonado Fernández.
Podemos carga contra el PP por el recurso a Bárcenas
Por otro lado, la secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, ha criticado que el PP planteara un recurso que pedía la absolución del extesorero Luis Bárcenas por las obras de ‘Génova’ para revocar la condena al partido como responsable civil, aunque posteriormente la formación ha decidido retirarlo.
La dirigente del partido morado, antes de conocer que el PP desistía de ese recurso, arremetió contra los populares, al espetar que el nuevo PP liderado por Alberto Núñez Feijóo se parecía al antiguo, tratando de «encubrir» y «exculpar» a antiguos compañeros corruptos con un «comportamiento mafioso».
Además, Pérez ha defendido que el Ejecutivo debe hacer «todo lo que esté en su mano» para renovar el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, dado que este último acumula tres años de mandato caducado y provoca un «colapso» de la Justicia. Por tanto, están a favor de que el Ejecutivo nombre a dos magistrados del alto tribunal sin esperar a la renovación del órgano de gobierno de los jueces.