Un juzgado cita a Irene Montero por sugerir que el exmarido de María Sevilla es un maltratador

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido citada para comparecer en el Juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid el próximo 13 de julio. Esa es la fecha fijada para el acto de conciliación previo a la demanda por presunta intromisión ilegítima al derecho al honor que va a interponer en su contra Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, la mujer indultada por el Gobierno en mayo pese a haber sido condenada por secuestrar al hijo de ambos.

Marcos reclama 85.000 euros a la ministra de Igualdad por sugerir públicamente que había maltratado tanto a su hijo como a María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre. Además, exige a Irene Montero una rectificación pública que contenga reconocimiento expreso de la «incerteza» de unas declaraciones efectuadas el 25 de mayo en las que celebraba el indulto a María Sevilla y se refería a Marcos, sin mencionarle directamente, como un maltratador.

En un escrito, fechado el 29 de junio y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el juzgado cita a ambas partes para que comparezcan en el acto de conciliación. Se trata del medio previsto en la ley para que las personas puedan alcanzar un acuerdo en algún asunto en las que ambas tienen intereses y eviten un futuro pleito. Los abogados de Marcos formularon el pasado 9 de junio una solicitud para la celebración de un acto de conciliación previo a la interposición de la demanda contra la titular del Ministerio de Igualdad por presunta intromisión ilegítima al derecho al honor.

«Examinada la anterior solicitud, se estima, a la vista de los datos y documentos aportados, que la parte solicitante reúne los requisitos de capacidad y representación procesales necesarios para comparecer en juicio conforme a lo determinado en los artículos 6 y 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil», señala el escrito del Juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid, fechado el 29 de junio. La ministra no está obligada a comparecer.

Montero sugirió que es un maltratador

En el escrito de solicitud del acto de conciliación, como contó este diario, los abogados de Marcos requerían a Irene Montero a que «se avenga a a reconocer que las declaraciones que realizó el día 25 de mayo de 2022 en el acto de inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres, en las que presentó a don Rafael Marcos como un maltratador tanto de su hijo como de su expareja, María Sevilla, son inciertas y determinan una intromisión ilegítima en el derecho al honor».

María Sevilla denunció en hasta en seis ocasiones a Rafael Marcos por presuntos malos tratos y abusos sexuales al menor. En todos los casos, sus demandas fueron desestimadas por falta de pruebas. Nunca ha sido enjuiciado ni condenado por maltrato, a pesar de las declaraciones de la ministra de Igualdad sugerían precisamente lo contrario.

Durante el juicio por la custodia del menor, Sevilla aseguró que su padre le golpeaba y que incluso había cometido abusos sexuales en su contra, algo que quedó completamente desestimado al no constar pruebas de ello. La Justicia condenó a María Sevilla en 2021 a dos años y cuatro meses de prisión, además de cuatro años sin patria potestad, por sustraer y mantener aislado y sin escolarizar a su hijo durante más de un año para evitar que viviese con su padre, al que ella había denunciado hasta en seis ocasiones por abuso sexual al niño.

100.000 euros en donaciones

Además de las acciones judiciales contra Irene Montero, los abogados de Marcos también han emprendido medidas legales contra la secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam, y la periodista Ana Pardo de Vera. A ellas les reclama 65.000 y 10.000 euros de indemnización, respectivamente. La ‘número dos’ de Igualdad se refirió abiertamente a Marcos como un maltratador en un programa del Canal 24 horas de RTVE. Por su parte, Pardo de Vera  le llamó «pederasta».

Tras el indulto a María Sevilla, y para financiar sus demandas, Marcos ha recibido casi 100.000 euros en donaciones gracias a un crowdfunding puesto en marcha por la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica (Anavid). Una iniciativa en la que han participado 4.500 personas para ayudarle a pagar los gastos del procedimiento judicial y cubrir las costas en caso de ser necesario. Los despachos Arroyo Abogados y Novalex Spain van a encargarse de forma gratuita de llevar ambos casos.