Sánchez pisa el acelerador para llevar la Ley Trans al Congreso en septiembre
Sánchez quiere zanjar el asunto en breve. Las socialistas barajan presentar una enmienda, aunque queda la sospecha de una táctica para silenciar la protesta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere acelerar los tiempos para aprobar la «ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI«, también conocida como Ley Trans. El presidente socialista evitó durante todo el Debate del estado de la Nación mencionar la cuestión. Ni siquiera hizo alusiones al término «trans» que acompaña la propuesta de ley del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Pero fuentes conocedoras del desarrollo de dicha ley explican a THE OBJECTIVE que Sánchez planea elevar el asunto al Congreso para zanjarlo definitivamente poco después del verano, incluso en septiembre.
A finales de junio, el Consejo de Ministros aprobó remitir a las Cortes dicha ley para su votación definitiva. La ministra Montero, que lleva la firma en la normativa como ministra de Igualdad, sostuvo que su intención era aprobar la ley cuanto antes. «Esperamos que esta ley pueda ser aprobada con urgencia, porque las vidas LGTBI, particularmente las vidas trans, ya no pueden esperar más». La Moncloa argumenta que la Ley Trans «establece los principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas específicas contra cualquier forma de discriminación».
Los colectivos feministas, sin embargo, han cuestionado duramente la Ley Trans. Algunos hablan de «aberración» por, entre otras cosas, permitir la libre autodeterminación de género. Son muchos los colectivos que critican dicho texto. Aunque destaca la reprobación de las feministas socialistas. La Asociación Española de Feministas Socialistas (Femes) la califica de «amenaza a menores, expone a las mujeres y aterroriza a madres, padres y profesionales«.
Papel de las farmacéuticas
Las feministas sostienen que detrás de esa ley existen dudosos intereses económicos de las farmacéuticas dispuestos a aprovecharse de los tratamientos que legitimará el Gobierno. Y también cuestiones más generales, que algunas califican de «borrado de la mujer», ya que la autodeterminación del género evita diferenciar el sexo del género y, por ende, permitir que hombres se hagan pasar por mujeres, ocupando incluso el lugar de éstas.
Irene Montero, que desde su toma de posesión como ministra de Igualdad ha tenido que afrontar duras críticas de colectivos feministas, piensa todo lo contrario. Según ella, la norma establece el derecho a la libre determinación de la identidad de género y su despatologización. «El Estado reconoce a las personas trans su derecho a ser quienes son, sin que medien testigos, sin que medie la obligación de hormonación durante dos años y sin ningún informe médico que tenga que decir que son personas enfermas», sostuvo durante la rueda de prensa después del Consejo de Ministros.
Sánchez, que según varias fuentes gubernamentales «entiende poco del asunto», actúa a lo Poncio Pilato. Como mencionado, en los casi dos horas de intervención congresual del pasado martes, el socialista evitó mencionar el término «Ley Trans», y prefirió hablar de los derechos de las personas LGTBI -las feministas críticas con la Ley Trans diferencian las dos cuestiones-. Y desde el pacto de coalición con Podemos ha dejado en manos de Montero, y antes de Carmen Calvo, resolver el embrollo.
Estrategia política detrás de la Ley Trans
Montero y Podemos llevan años centrados en lanzar una ofensiva contra el PSOE por el control de los colectivos vinculados tanto al mundo LGTBI como al feminista. Y han encontrado un hueco a través de la cuestión de los trans, según explican fuentes de los propios colectivos.
Esa lucha por el poder de los movimientos ha empujado a Montero a erigirse en máxima defensora de una ley, la Ley Trans, que según algunos miembros de su entorno «se cree solo en parte». Todo ello mientras Yolanda Díaz, lideresa in pectore de Sumar, guarda silencio. Aunque también desde su entorno sostienen que tampoco respalda la Ley Trans en muchos de sus puntos (Díaz no la mencionó en su estreno de Sumar en Madrid el pasado 8 de julio).
Miedo a enmiendas del PSOE
En esta delicada situación que mezcla lucha de poder, conflicto ideológico y debate farmacológico, Sánchez ha decidido que lo mejor es zanjar el asunto cuanto antes. Quiere llevar el texto normativo al Congreso en septiembre para que su pueda aprobar antes de que estalle por dentro del grupo parlamentario socialista. Más que un guiño a la ministra de Podemos, Sánchez quiere evitar el fuego amigo de sus diputadas que, según algunas fuentes, se estarían planteando incluso preparar «enmiendas» contra le Ley Montero.
Cabe señalar que el documento es el segundo borrador de una ley muy conflictiva que no convence siquiera a muchos altos cargos que trabajan en el ministerio de Igualdad. Sin embargo, según fuentes conocedoras de la política interna de dicho departamento, después de una fuga masiva de funcionarios, el entorno de Irene Montero, en el que destaca su secretaria de Estado Ángela Rodríguez Martínez (Pam), está decidido en seguir adelante cueste lo que cueste.
En la misma semana de la aprobación de la Ley Trans en el Consejo, ambas viajaron a Estados Unidos en un traslado muy polémico por el uso del Falcon del Gobierno y una serie de fotos criticadas por la oposición. Esa polémica irritó a muchos en la Moncloa porque consideraron que tapó los buenos datos de ocupación en un escenario económico de enorme dificultad.
Ahora, Sánchez quiere zanjar el asunto cuanto antes para evitar que, una vez más, las polémicas generadas por el ministerio de Montero alimenten la llama de la desafección a su Ejecutivo. Quedará por ver si los colectivos feministas contrarias a la Ley Trans intensificarán su lucha o lo dejarán todo en manos de una enmienda presentada por el propio PSOE, con el peligro de que la Moncloa o Ferraz boicotee por dentro esa iniciativa. El tiempo corre.
