Argelia desbloquea las operaciones bancarias con España tras más de 50 días congeladas
La crisis abierta tras el viraje en el Sáhara Occidental cambia a un nuevo capítulo gracias a la mediación de la Unión Europea
El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune. | Huang Ling (Xinhua Press)
La Asociación Profesional de Bancos y Entidades Financieras (Abef) de Argelia ha comunicado que desbloquea las operaciones bancarias con España tras mantenerlas congeladas por más de 50 días. El organismo había tomado esta decisión a raíz del viraje del Gobierno español sobre el Sáhara Occidental, cediendo su soberanía a Marruecos en contra de los intereses argelinos y del pueblo saharaui.
En una misiva enviada a los directores generales de los bancos e instituciones financieras del país, la Abef ha detallado que «las medidas cautelares mencionadas anteriormente ya no proceden», por lo que quedan sin efecto las prohibiciones de las operaciones bancarias con España.
«Tengo el honor de informarles de que, tras la evaluación del sistema descrito en esta carta y en consulta con los agentes del comercio exterior afectados, las medidas de precaución (en relación a España) mencionadas ya no son necesarias», reza el comunicado de la patronal argelina.
Argelia y España pueden retomar relaciones comerciales
El desbloqueo de las operaciones bancarias entre Argelia y España permitirá retomar las relaciones comerciales entre ambos países tras la mediación de la Unión Europea, que avisó a Argel de estar preparada a «hacer frente a cualquier tipo de medida coercitiva» que tomase contra uno de sus Estados miembro.
Esta marcha atrás ha tenido lugar tras más de medio centenar de días de congelación de las domiciliaciones bancarias desde Argelia con el comercio exterior español que el país magrebí anunció el pasado 9 de junio, seguido de la decisión de suspender su tratado de amistad con España por su «injustificable» giro sobre el Sáhara Occidental.
Las autoridades argelinas recriminan a las españolas la campaña emprendida para tratar de argumentar un giro político que, según han esgrimido, suponen una «violación de las obligaciones jurídica, moral y política» de la que sigue siendo «potencia administradora» del Sáhara Occidental.
