Guardias civiles piden a Interior portar cámaras para grabar sus actuaciones en Ceuta y Melilla

Una prueba de peso para el ciudadano y seguridad jurídica para los agentes que lleven a cabo cualquier intervención. Son las dos razones en las que basa Jucil, la asociación profesional mayoritaria de guardias civiles, su petición para que los agentes puedan portar dispositivos de toma de imágenes y sonido en sus actuaciones policiales, principalmente en el caso de los que prestan servicio en el área de Seguridad Ciudadana, pero también para aquellos que trabajan en zonas de especial conflictividad, como las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. 

Desde esta organización policial ponen el foco especialmente en la última intervención que realizó la Guardia Civil ante el asalto masivo de inmigrantes en la valla melillense el pasado 24 de junio, tras el que murieron 23 personas, 37 según las ONG marroquíes. Una intervención que, a juicio del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Marruecos —que investiga los hechos—, de similares competencias a las del Defensor del Pueblo en España, no fue adecuada. 

En una rueda de prensa, a mediados del mes pasado, la responsable de esta institución, Amina Bouyach, culpó a las autoridades españolas de no facilitar «la asistencia y socorro necesarios» a las víctimas del asalto al paso fronterizo. Lo que, según sus palabras, «llevó a un aumento de heridos y muertos». Desde la Guardia Civil, así como desde el Ministerio del Interior, las fuentes consultadas sostienen que la actuación siempre se rigió bajo el amparo de la legalidad, fue proporcionada y respetó los derechos humanos. 

La posibilidad de portar una cámara disiparía cualquier duda sobre la intervención de un agente, «como ha ocurrido en con el trabajo de la Guardia Civil en Melilla, en el que se nos ha acusado de vulnerar derechos fundamentales», señalan desde Jucil. Pero también demostraría, insisten, si un agente se extralimita en sus funciones. «La cuestión es evitar un juicio de versiones contradictorias a los agentes al carecer de elementos que permitan acreditar cómo acontecieron los hechos que dieron lugar a la actuación», explica Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil. 

Costeada por los agentes

A través de un escrito, esta asociación profesional ha pedido al departamento dirigido por María Gámez que apruebe una normativa que permita el uso de estos dispositivos, puesto que el reglamento no hace mención expresa a este tipo de instrumentos, indican fuentes sindicales. Desde esta asociación profesional pretenden que las cámaras sean un elemento más de su dotación, y se abren incluso a que puedan ser adquiridas y costeadas por los agentes que quieran contar con las mismas. Todo ello, dicen, con el objetivo de blindar la «seguridad física y jurídica» de los funcionarios. 

Esta demanda se enmarca en un contexto en el que han aumentado las agresiones a guardias civiles, «donde a veces resulta difícil identificar al autor o autores de esos hechos». Pero también en una situación en la que se observa un incremento del número de denuncias y de expedientes disciplinarios a los miembros del Cuerpo. 

No obstante, el uso de estos dispositivos, explican desde Jucil, también es un «claro beneficio para los ciudadanos, que podrán contar con un elemento de prueba que les permitirá el pleno uso del derecho de defensa frente a los hechos, penales o administrativos, que les impute la Guardia Civil. «Nos remitimos a la experiencia de otros países, donde las cámaras están plenamente autorizadas y han servido para amasar los derechos de los ciudadanos ante supuestos de abusos en el ejercicio de la función policial», sostiene Vilariño. 

Policía Nacional

En España, la Policía Nacional ya dispone de estos dispositivos, aunque las unidades que requieren de su uso tienen que solicitar autorización previamente y deben esgrimir una actuación policial concreta, según explican las fuentes consultadas. Hasta el momento, quienes las han utilizado son las unidades especiales de seguridad ciudadana, entre ellas, la Unidad de Intervención Policial (UIP), más conocidos como antidisturbios. En algunas manifestaciones que han derivado en altercados violentos, algunos agentes han portado cámaras incorporadas en los cascos para tomar imágenes de lo que ocurría.