La Guardia Civil responde a las acusaciones de Marruecos: «Ellos debían asistir a los heridos»

Las conclusiones preliminares de la investigación del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Marruecos, un órgano «independiente» aunque diseñado por el rey marroquí, sobre la muerte de 23 inmigrantes —37, según las ONG marroquíes— en el último y multitudinario salto a la valla de Melilla, el pasado 24 de junio, han abierto un cisma en el seno de las fuerzas de seguridad españolas. La presidenta de la CNDH, Amina Bouyach, ha culpado a las autoridades españolas de no facilitar «la asistencia y socorro necesarios» a las víctimas del asalto al paso fronterizo. 

A última hora del pasado miércoles, la responsable de este organismo, de similares competencias a las del Defensor del Pueblo en España, dio cuenta en una rueda de prensa de los principales resultados de las pesquisas que se siguen en el CNDH. Bouayach, en declaraciones recogidas por Efe, denunció que «basándose en una serie de testimonios, concretamente los de las ONG, la comisión invoca la hipótesis de la violencia más allá de la valla, a causa de la renuncia o la vacilación de las autoridades españolas en prestar ayuda y auxilio». 

Todo ello, continuó, «pese a la estampida y la gran aglomeración de los inmigrantes en las puertas metálicas giratorias en el puesto fronterizo que se quedaron herméticamente cerradas, lo cual llevó a un aumento de heridos y muertos». Bouayach, que dirige el CNDH desde 2018, insistió en que las puertas siempre quedaron cerradas en el lado de Melilla, pese a que la responsabilidad de «abrirlas» recaía en las autoridades españolas; así como que tanto guardias civiles como policías «usaron la violencia» y no «asistieron» en ningún momento a los heridos que saltaban la valla o caían de la misma. 

«No hubo muertes en el lado español»

Fuentes del Instituto Armado, consultadas por THE OBJECTIVE, difieren de lleno. Desde la Guardia Civil, agentes desplegados en la ciudad autónoma, explican que no se registró ninguna muerte en el lado español, aunque sí heridos, tal y como reflejan las imágenes que se difundieron en esas fechas. Y que, por tanto, «era responsabilidad de las autoridades marroquíes asistir a las víctimas». 

Respecto al cierre de las puertas giratorias de la valla fronteriza, en la zona del barrio chino, las mismas fuentes señalan que debe «establecerse un protocolo como el que existía antes de la pandemia», y que a razón de esta quedó cancelado. Este acuerdo, antes del cierre de fronteras con Marruecos, en marzo de 2020, implicaba que si había personas graves en la valla, podían entrar en territorio nacional para ser trasladadas en ambulancia al Hospital Comarcal de Melilla. «Si había personas graves que no pueden tener asistencia en Marruecos, lo que urge es poner en marcha de nuevo este protocolo», sostienen. 

Desde el Ministerio del Interior, las fuentes consultadas por este periódico evitan entrar a valorar las conclusiones preliminares del Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí, pero insisten en que la actuación de la Guardia Civil se rigió siempre al amparo de la legalidad, fue proporcionada y respetó los derechos humanos. 

Alabado por Marlaska

El mismo organismo que ahora centra la culpabilidad del balance de fallecidos en la valla en las fuerzas de seguridad españolas fue alabado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando hace cuestión de diez días realizó una visita oficial al país alauí en compañía de la comisaría europea de Interior, Ylva Johansson, para tener un encuentro con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit. 

Grande-Marlaska señaló que Marruecos «estaba realizando un trabajo de contención importante hacia la emigración irregular, que debe ser reconocido». Sus elogios, no obstante, fueron a más después de que los tres responsables de Interior rubricaran el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos para incluir nuevos mecanismos que hagan frente a los nuevos métodos operativos utilizados por las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de seres humanos en el norte de África. Tras ello, Marlaska, Johansson y Laftit se felicitaron por el gran trabajo que estaba realizando la CNDH para aclarar los hechos en el paso fronterizo. 

Los guiños a la actuación marroquí tras el asalto masivo a la valla de Melilla no han sido pocos por parte del Gobierno español, que reanudó relaciones con el país vecino el marzo pasado después de que el presidente Pedro Sánchez enviase una carta al rey Mohamed VI apoyando su plan de autonomía para el Sáhara Occidental, en un giró histórico en la política internacional española.

Silencio de Sánchez

El pasado 24 de junio, desde el Ejecutivo se evitó en todo momento condenar las muertes en el lado marroquí. Sánchez, en declaraciones a la prensa, alabó la intervención tanto de las fuerzas de seguridad españolas como marroquíes, y les agradeció su actuación por impedir un asalto masivo. Todo ello pese a que en las últimas horas había trascendido un vídeo en el que los gendarmes del país vecino pegaban a los inmigrantes y otro en el que los mantenían hacinados y en pésimas condiciones tras haber sido detenidos.

Cinco días después del ‘viernes negro’, tal y como lo califican algunas oenegés, entre críticas de sus socios de Gobierno, oposición y distintas organizaciones que censuraban la actuación de Marruecos, el presidente Pedro Sánchez se veía obligado a recular en sus palabras y tildó las muertes de «tragedia» excusándose en que «no había visto las imágenes antes de hacer esa declaración». 

No obstante, evitó criticar la actuación policial marroquí y culpó del asalto migratorio a las «mafias internacionales», mientras que Rabat responsabilizaba directamente del asalto a Argelia, asegurando que los inmigrantes habían sido dirigidos por «milicianos experimentados» infiltrados a través de la frontera. Poco antes de la intervención del líder del Ejecutivo, la Fiscalía General del Estado encargaba una investigación para esclarecer los hechos registrados en la valla fronteriza, en la que, según el Ministerio Público, han podido verse afectados los derechos humanos y derechos fundamentales de las personas. 

Entre tanto, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo acordó el pasado jueves solicitar la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que declare sobre la actuación policial y la gestión del Gobierno en el asalto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio. Una petición solicitada por el eurodiputado español Miguel Urbán, de Anticapitalistas, a la que, sin embargo, el titular de Interior puede negarse.