El sector conservador del CGPJ pretende aplazar a octubre la renovación del TC
En el inicio de las negociaciones con el ala progresista, plantearán esperar a que se produzca la visita del comisario europeo de Justicia el 30 de septiembre
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, preside el Pleno extraordinario de este jueves. | CGPJ
Los vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelven a enfriar el plan del Gobierno de Pedro Sánchez para forzar un vuelco progresista en el Tribunal Constitucional (TC). En la reunión telemática que dará inicio este viernes a las negociaciones para consensuar a los magistrados de la corte de garantías, los interlocutores del ala conservadora plantearán la posibilidad de esperar a que se produzca la visita que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, tiene previsto realizar a España el próximo 30 de septiembre.
No quieren dejarse llevar por las prisas, según fuentes del CGPJ consultadas por THE OBJECTIVE. Creen que podría ser preferible esperar a ver si la visita de Reynders provoca algún acercamiento entre PSOE y PP para desbloquear la renovación del Consejo y cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. Añaden que, antes de hablar de nombres de posibles candidatos al TC, la prioridad debe ser ponerse de acuerdo sobre otros aspectos que mantienen paralizado el CGPJ. Entre otros, la ley impulsada por el Gobierno que impide al CGPJ cubrir las vacantes de magistrados en el Tribunal Supremo y otros órganos de la cúspide judicial desde marzo de 2021.
Precisamente este es uno de los puntos que los conservadores quieren consensuar con el sector progresista del CGPJ, antes de poner nombres de candidatos sobre la mesa. En la reunión de este viernes plantearán que se adopte alguna «medida razonable» que permita cubrir las vacantes de magistrados en el Tribunal Supremo. En la actualidad, el Alto Tribunal cuenta con 14 plazas de magistrados sin cubrir y en los próximos meses serán 20 las vacantes por las nuevas jubilaciones. Esta última cifra representa un 25% menos de los efectivos con los que contaba el Alto Tribunal antes de que entrase en vigor la reforma impulsada por el Gobierno que maniata al CGPJ.
La renovación del TC y la situación límite del Supremo
Lo que buscan es condicionar el nombramiento de magistrados para el TC a que se aprueben medidas que permitan cubrir las vacantes del Supremo. Al menos, que se les permita cubrirlas con la designación de magistrados en comisión de servicio hasta que se desbloquee la situación del CGPJ. La tradición marca que los candidatos al TC elegidos por el Consejo sean magistrados del Tribunal Supremo. Algo que podría agravar la situación límite que viven en algunas de las salas del Alto Tribunal. En la Sala Cuarta, por ejemplo, el próximo mes habrá cinco plazas vacantes de un total de 13 magistrados por la jubilación de dos de sus integrantes.
«Si proponemos a uno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo porque creemos que es el más idóneo, ya serían seis vacantes sobre un total de 13. Casi la mitad. Esto limita e influye mucho en nuestra capacidad de nombrar a los candidatos idóneos», indica una de las fuentes consultadas. Por eso, a diferencia de los progresistas, el sector conservador llega al inicio de las negociaciones sin querer poner nombres de candidatos sobre la mesa.
«Este viernes será la primera reunión, pero no va a ser la única. Nosotros no vamos a llevar candidatos porque creemos que hay que ponerse de acuerdo en más cosas», indica un vocal conservador. Si hay entendimiento, habrá una segunda reunión. Pero en ningún caso habrá consenso sobre candidatos este viernes. Los interlocutores designados por el sector conservador -José Antonio Ballestero y Carmen Llombart- no tienen capacidad para cerrar ningún acuerdo durante la reunión de mañana con el ala progresista. Cualquier propuesta o discrepancia será trasladada al resto del grupo de ocho vocales que ya consiguió aplazar la renovación del TC en el Pleno extraordinario del pasado 8 de septiembre.
Varapalo al Gobierno
En aquella reunión, los vocales del CGPJ pactaron por unanimidad las «reglas de procedimiento» para designar a sus dos candidatos al TC. Cualquier aspirante debe sumar una mayoría reforzada de tres quintos. Es decir, 12 votos de los 19 vocales con los que cuenta actualmente el Consejo. Ningún candidato alcanzaría la mayoría necesaria para ser designado si al menos cuatro de los vocales conservadores no se suman a los ocho que aglutina el sector progresista. Por ello, se emplazaron a iniciar las negociaciones para avanzar en la elección consensuada de candidatos.
Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach serán los interlocutores del ala progresista en la reunión de este viernes. Se espera que ellos sí propongan nombres de candidatos al TC en esta primera reunión telemática, mientras los conservadores aseguran que actuarán con «espíritu y lealtad absolutamente institucional». No obstante, el panorama puede suponer un nuevo jarro de agua fría para los intereses del Gobierno.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministerio del pasado martes, la ministra de Justicia, Pilar Llop, restó importancia al hecho de que el CGPJ no haya nombrado a sus candidatos antes del plazo del 13 de septiembre que impuso la última reforma legal del Gobierno. Unas declaraciones en las que se mostraba «segura» de que «en unos días» habría acuerdo entre los vocales del Consejo.
Visita del comisario Reynders
En esa rueda de prensa, Llop anunció la visita a España del comisario Reynders el próximo 30 de septiembre. Moncloa pretende acelerar para conseguir que la renovación del TC se complete antes de esa fecha, según avanzó El Confidencial. Sin embargo, los vocales conservadores del CGPJ plantearán esperar a ver qué resultado produce la visita del comisario europeo. Bruselas ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por el bloqueo de las instituciones judiciales.
La última ocasión fue el pasado lunes. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, envío una carta de apoyo al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. Una misiva en la que advirtió que el «correcto funcionamiento de las instituciones del Estado» -como el órgano de gobierno de los jueces- «no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate». En esa carta, Jourová reiteró la posición de Bruselas con respecto a la situación: la «urgencia y prioridad absoluta» de renovar el Consejo y, después de eso, abordar la reforma del modelo de designación de los vocales procedentes del turno judicial «teniendo en cuenta los estándares europeos».
