Bruselas se ofrece a mediar en el diálogo entre Gobierno y PP para desbloquear el CGPJ
El comisario de Justicia ha querido dejar claro que la situación en España «no es en absoluto» comparable a la situación de otros Estados miembro, como Polonia
El comisario de Justicia, Didier Reynders. | Europa Press
El comisario de Justicia, Didier Reynders, espera poder «acercar» posiciones entre el Gobierno y el Partido Popular para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su visita a España los próximo 29 y 30 de septiembre, un viaje durante el que se verá con ministros, oposición y asociaciones de jueces para insistir en la urgencia de renovar el órgano de gobierno de los jueces y reformar el sistema para su designación.
«Podemos también implicarnos en el diálogo, no solamente pedir que haya un diálogo (entre las fuerzas políticas) sino tratar de acercarles. Ya lo hemos hecho e intentaré hacerlo en esta visita», ha indicado el comisario a periodistas en Bruselas, a su llegada al Consejo de ministros europeos de Asuntos Generales.
De este modo, el político belga se ha referido al «doble papel» que puede desempeñar el Ejecutivo comunitario frente al bloqueo en el CGPJ no sólo insistiendo sobre las recomendaciones del último informe sobre Estado de derecho en el que Bruselas subrayó la urgencia de la situación, sino también mediando entre las partes para «organizar un diálogo».
«Intentamos organizar un diálogo entre fuerzas políticas porque el cambio del CGPJ necesita mayorías tales que requiere de la colaboración entre las principales fuerzas políticas», ha razonado Reynders, para quien es urgente que «se pongan en marcha» los nuevos nombramientos como la necesidad de abordar «muy rápidamente» la reforma del sistema.
En cualquier caso, el comisario de Justicia ha querido dejar claro que la situación en España «no es en absoluto» comparable a la situación de otros Estados miembro en los que, como ha ocurrido con Polonia, Bruselas ha iniciado procedimientos más severos tras constatar una «regresión» en su sistema democrático.
«En España lo que intentamos es mejorar la situación existente, no es en absoluto el mismo procedimiento», ha indicado Reynders al ser preguntado por la posibilidad de iniciar un expediente sancionador o activar el artículo 7 de los Tratados como ya ha hecho el Ejecutivo comunitario contra Polonia por los riesgos sistémicos al Estado de derecho en ese país.
Así, el que fuera viceprimer ministro belga ha argumentado que a España «no se le reprocha ninguna nueva legislación que fuera en la mala dirección», sino que se apunta que hay normas «que desde hace tiempo no están en conformidad» con los estándares europeos.
En sus recomendaciones a España, Bruselas hace suyos los criterios del Consejo de Europa –institución ajena a la UE– por los que los nombramientos de los vocales en los órganos de gobierno de los jueces deben ser realizados por sus pares para evitar que sean objeto de politización.
Utilizarán «otros instrumentos» si la situación continúa
En este contexto, la Comisión Europea espera de España que siga las recomendaciones de su informe de julio y asuma como «prioridad» la renovación del CGPJ para emprender «inmediatamente después» la reforma del sistema de elección, aunque Bruselas se da de plazo hasta la próxima evaluación anual para observar si las autoridades siguen tales recomendaciones.
Sólo en caso de que la situación «durante años no mejorara», ha concluido el comisario, el Ejecutivo comunitario «tendría que pensar en otros instrumentos» para presionar a España.
A falta de cerrar su agenda de dos días en Madrid, Reynders tiene previsto reunirse con varios miembros del Gobierno, entre ellos la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y con el con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, según han informado fuentes del gobierno y del CGPJ.
Además de esta cuestión, el comisario lleva en su agenda abordar con las autoridades el uso del software de espionaje ‘Pegasus’, programa supuestamente utilizado para espiar a líderes independentistas y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por cuya utilización en distintos Estados miembro se ha creado una comisión.
