El Gobierno prepara ya la primera reunión con el PP para hablar sobre medidas energéticas
La ministra para la Transición Ecológica acepta reunirse con el jefe económico de los ‘populares’ tras recibir la propuesta de ahorro energético que elaboró Feijóo
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera | Carlos Luján (EP)
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el responsable de Economía del PP, Juan Bravo, se reunirán este jueves para negociar la financiación autonómica y las medidas de ahorro energético que Alberto Núñez Feijóo ha puesto sobre la mesa, según fuentes ‘populares’ consultadas por THE OBJECTIVE.
Ribera y Bravo ya mantuvieron un intercambio de WhatsApp a finales de la pasada semana y quedaron en verse en breve. Este lunes por la tarde cerraron finalmente un encuentro, que tendrá lugar este jueves 22 de septiembre. La ministra le confirmó el acuse de recibo de la propuesta energética de los ‘populares’ y le emplazó a cerrar esta semana un encuentro a solas, el primero desde que Bravo dejó la Junta de Andalucía, donde era el consejero de Hacienda, para instalarse en Génova en el nuevo equipo de dirección de Feijóo.
El PP ve un cambio en la actitud del Gobierno ya que desde que Feijóo llegó a Génova le ha ninguneado.
El Gobierno emplaza al PP
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló hace diez días que el Gobierno estaba «a punto de mandar» la segunda propuesta sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, por lo que instó a los partidos a que presenten las suyas porque «en el Congreso no votan los territorios, sino los grupos políticos».
«Queremos consensuar (el nuevo modelo) territorialmente pero tiene que haber propuestas que vengan también lideradas por los partidos políticos y, hasta la fecha, yo no conozco que haya ninguna propuesta por parte del PP -o, por lo menos, a mí no me la han hecho llegar- que pueda alumbrarnos sobre las prioridades en la distribución que se tiene que producir», dijo en una rueda de prensa en Sevilla.
El Ejecutivo de Sánchez despreció la propuesta energética de Feijóo la semana pasada por ser «un copia y pega» de la Xunta de Galicia, en el que se incluyeron «hasta mayúsculas y negritas» en el apartado de conclusiones. La portavoz, Isabel Rodríguez, subrayó que el PP «ni tenía ni tiene una alternativa» en política energética. «Lamentablemente, lo que nos encontramos es muy decepcionante», hizo hincapié desde Moncloa.
En Génova creen que las citadas palabras de la portavoz del Ejecutivo han quedado atrás y que la disposición de Montero a reunirse con Bravo es la muestra, a juicio de las citadas fuentes, de que desde el Gobierno miran con otros ojos la oferta energética de los ‘populares’.
Feijóo aseguró también la pasada semana que desde su formación van a «intentar llegar a un acuerdo con la energía». Un consenso que se torna complicado atendiendo a las enormes diferencias entre Gobierno y oposición. «El Gobierno de España quiere vivir en el año 2020 como si tuviéramos la tecnología del año 2040», restó el líder de la oposición.
En este sentido, el ‘popular’ abogó por «acompasar la transición energética con la crisis que vive España de la mano de la Unión Europea, y no de forma improvisada y frívola como hemos hecho en España cerrando las térmicas». Una decisión que considera se ha tomado en base a un «prejuicio ideológico» por parte del Gobierno. «Lo que ha habido aquí es una improvisación energética muy importante y una ideologización de la política energética», insistió.
Una de las propuestas que Feijóo entregó al Gobierno -en el documento con 59 medidas– incluye la petición de alargar la vida útil de las centrales nucleares, algo que han repetido los ‘populares’ en las últimas semanas. Pero también una novedad, la «repotenciación» de este tipo de energía «cuando las condiciones lo hagan posible».
Bajo esta redacción difusa en el tiempo se esconde el deseo del PP de construir los llamados reactores modulares pequeños (SMR en la terminología inglesa) en las centrales ya existentes, según fuentes ‘populares’ consultadas por THE OBJECTIVE, y que tendrían una vida útil de 60 años y una potencia media de unos 300 megavatios eléctricos cada uno. En la práctica, supondría seguir el reciente ejemplo del Reino Unido, donde el Gobierno saliente de Boris Johnson anunció el marzo la construcción de este tipo de reactores.
La formación de Feijóo apuesta en su documento por alargar la vida útil de las centrales nucleares actualmente en activo, «mientras sea necesario» y no cerrarlas «antes de tener certeza sobre la finalización exitosa del proceso de transición energética». España cuenta con siete reactores nucleares operativos: Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona), junto con una fábrica de combustible nuclear en Juzbado (Salamanca) y un centro de almacenamiento de residuos radiactivos en El Cabril (Córdoba).
Las cuatro grandes empresas eléctricas que gestionan centrales nucleares (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP España) firmaron su compromiso para el apagón nuclear en marzo de 2019 durante el Gobierno en solitario de Sánchez. Así que los siete reactores dejarán de funcionar de manera escalonada entre 2027 y 2035.
El PP recuerda al Gobierno que la energía nuclear no emite CO2 y tiene la taxonomía verde de la UE. Además, la transición energética debe hacerse «de una forma racional», se indica en el texto, «tanto en términos de eficacia como de eficiencia, porque la robustez del sistema eléctrico dependerá de su flexibilidad y de la firmeza de las tecnologías que apoyen el despliegue renovable».
Ante el citado calendario de cierre, Génova indica que es «necesaria» una revisión de la «viabilidad» de las centrales para extender su vida útil más allá del período 2027-2035 «en las condiciones necesarias de seguridad y factibilidad técnica», de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear, puesto que se trata de «una energía de base, no emisora y con costes acotados».
España, el país más reticente de la UE
El equipo de Feijóo ha hecho hincapié en las últimas semanas en que España es el único país de la UE que no se ha pronunciado sobre la ampliación de la vida útil de sus centrales nucleares. El más reticente hasta ahora, Alemania, anunció recientemente la extensión de dos de sus plantas nucleares.
En la actualidad, hay 37 países en todo el mundo, que representan más de 5.000 millones de habitantes, que ya han anunciado oficialmente la construcción de 488 nuevas centrales nucleares, aunque Feijóo descarta crearlas de cero, sino que apuesta por aprovechar las ya existentes. «Para entender la magnitud de esta apuesta por la nuclear, conviene recordar que a día de hoy hay 437 centrales nucleares ya operando en todo el mundo y otras 59 en construcción, por lo que no parece desorientado plantear esta extensión de la vida útil de las centrales sin entrar en este documento a otros debates», se subraya no obstante.
Desde Génova se subraya también al Gobierno que la energía nuclear que se genera en España representa «aproximadamente» un20% del mix energético del país, «lo que la convierte en un elemento clave de estabilidad del sistema». De ahí que se hagan tres propuestas al respecto. La primera es la mencionada prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas «valorando también la posibilidad de su repotenciación cuando las condiciones lo hagan posible».
La segunda consiste en acordar, dentro de este «replanteamiento» de la política nuclear, un precio fijo para la generación nuclear que permita reducir la factura de la luz. Y en tercer lugar, el PP pide desbloquear «de forma inmediata» la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos de Villar de Cañas (Cuenca).
Este proyecto, que empezó bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, tiene más de 47.000 horas de estudio técnico del CSN y «faltarían alrededor de 800 horas para su finalización», según los ‘populares’. El Ejecutivo de Sánchez paralizó el permiso de construcción en julio de 2018, unas semanas después de que saliese adelante la moción de censura.
