La pandemia disparó un 22% los delitos de atentado contra las fuerzas de seguridad
Los datos del INE revelan que 2021 fue el año en el que se registraron más condenas por esta falta de la última década
Varios agentes de Policía Nacional, en una imagen de archivo. | TO
La pandemia ha disparado un 22% los delitos de atentado contra las fuerzas de seguridad. Es lo que se desgrana de los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Frente a la media de 12.000 condenas por este tipo de falta al año, 2021 alcanzó la cifra de 14.660, la más alta de la última década. Los sindicatos policiales coinciden en que este incremento se debe, entre otros factores, a una mayor crispación social debido a las restricciones sanitarias por el coronavirus que marcaron la vida de los ciudadanos entre 2020 y 2021.
Sin ir más lejos, según denunciaron los sindicatos de los Mossos, a principios del pasado año, los delitos de atentado a la autoridad, resistencia y desobediencia a la policía autonómica crecieron cerca un 44,5% —en más de 4.500 casos)—, en el primer curso de la pandemia. Pese a que otros delitos descendieron, tales como robos en domicilios o hurtos, el atentado contra los policías aumentó, según las fuentes consultadas, principalmente porque los agentes eran los encargados de controlar el cumplimiento de las medidas.
Por su parte, el Ministerio del Interior recogió en su estadística interna un aumento 23,9% en el número de agresiones y atentados a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 2020, coincidiendo con el estado de alarma por la covid-19. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) critica que los últimos datos del INE pueden ser «solo el principio» si el Gobierno saca adelante la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. A su juicio, esta norma quiebra el principio de autoridad de los agentes e implicará que las agresiones contra ellos sigan aumentando.
Ley de Seguridad Ciudadana
«Lejos de garantizar la protección de los policías como máximos garantes de la seguridad ciudadana ante un futuro incierto, el Gobierno y sus socios aceleran los trámites para presentar antes de finales de este año una ‘reforma a la baja’ de la Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana. Y lo hacen sin contar con uno de los colectivos más afectados, el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», denuncian desde el SUP.
Esta organización policial advierte que la modificación del Ejecutivo rebajará el castigo por desobediencia a los agentes, recortará los medios de contención para hacer frente a los altercados violentos de carácter multitudinario, retirará la prohibición de difusión sin autorización de imágenes grabadas a policías en su trabajo o rebajará la presunción de veracidad de los relatos de los policías frente a de los supuestos delincuentes en actas policiales.
Funcionarios de prisiones
Las estadísticas sobre agresiones a los funcionarios policiales del INE no incluyen, sin embargo, a los funcionarios de prisiones, a un paso, según señaló a principios de septiembre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de alcanzar el estatus de agentes de la autoridad. Se trata del grupo de funcionarios más agredido en el desempeño de su trabajo. Según las estadísticas, cada 36 horas se produce al menos una agresión contra un funcionario de una de las 65 cárceles gestionadas por el Gobierno central.
A finales de marzo, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición de ley, presentada por el Partido Socialista, que modificaba el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria y reconocía, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
En una visita al centro penitenciario El Dueso, en Santoña (Cantabria), el 2 de septiembre, Marlaska señaló que la tramitación para reconocer por ley a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad estaba «muy avanzada» y se esperaba aprobar en unas de las próximas sesiones de la Cámara baja. El titular de Interior aseguró que los trabajadores penitenciarios era «una de las prioridades» de su cartera.
Se trata de un reclamo histórico de este colectivo que sitúa a los trabajadores al mismo nivel que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En base a las estadísticas anuales que recaba la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, órgano dependiente del Ministerio del Interior, en la última década [2011-2021] estos trabajadores han sufrido un total de 2.913 agresiones. Los sindicatos de prisiones llevan varios años reclamando este reconocimiento porque lo consideran una medida disuasoria frente a posibles ataques de presos y una vía para reducir la violencia en las cárceles.
