Una asociación de fiscales denuncia «las malas prácticas» del nuevo fiscal general del Estado

Cambiar todo para que nada cambie. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) acusa al nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de gatopardismo. La paradoja, creada por el italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa en su obra El Gatopardo, desarrolla el mantenimiento de las estructuras de poder mediante meros cambios en la superficie. La organización profesional lamenta «el continuismo en las malas prácticas» del fiscal general, que ha decidido ascender a la máxima categoría en la carrera fiscal a su predecesora, Dolores Delgado, a pesar de no contar con el respaldo del Consejo Fiscal.

García Ortiz sustituyó a Delgado en agosto, después de que la exministra decidiera dejar un cargo en el que se había expuesto demasiado con varias decisiones polémicas. El nuevo fiscal general se estrenó el jueves ascendiéndola como jefa de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. El Consejo Fiscal, un órgano meramente consultivo, prefería para el puesto a Luis Rueda, teniente fiscal del Tribunal de Cuentas y experto en la materia, ya que fue capitán auditor del Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa.

La APIF no es la primera organización que critica el ascenso de la exministra de Justicia. Ya lo había hecho la mayoritaria Asociación de Fiscales, para quienes la designación carece de «sustento normativo». García Ortiz apenas ha presidido dos reuniones del Consejo Fiscal. La primera, a mediados de septiembre, sirvió para constituir el órgano. La segunda, celebrada el pasado jueves, ha supuesto el primer cisma en el Ministerio Público.

Los votos del Consejo Fiscal

«Las dos primeras sesiones del Consejo Fiscal confirman que los mismos hábitos que se producían con la anterior fiscal general continúan con su sucesor», destaca la APIF en una nota de prensa. La Comisión Ejecutiva de la organización se ha mostrado «asombrada» con los primeros nombramientos efectuados por García Ortiz y con los argumentos que ofrece. Cree que «omiten méritos y trayectorias profesionales de compañeros para favorecer a otros fiscales del círculo más próximo al fiscal general».

La APIF sostiene que existen «500 perfiles en el escalafón con más méritos que los aspirantes y las elegidas» para algunos de los 14 puestos que convocó el Ministerio de Justicia el pasado 1 de septiembre. Considera que este hecho es «la continuación lamentable de esas políticas que condujeron a que la Carrera Fiscal se pronunciara rotundamente en contra en las últimas elecciones al Consejo Fiscal». Además, afirma que el criterio de no renovar a quien lleva 10 años en un puesto es «arbitrario».

«Se aplican las excepciones que le convienen al fiscal general. Es decir, si llevas 10 años no sigues salvo que le interese que sigas». No solo están molestos con la designación de Delgado. La reunión del jueves deparó más sorpresas, como la elección de la progresista Marta Durantez Gil como teniente fiscal de la Audiencia Nacional. El actual titular, Miguel Ángel Carballo, presentó sus credenciales para renovar la plaza y obtuvo siete de los 12 votos del Consejo Fiscal, pero García Ortiz optó por la actual Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, antigua compañera y persona de su confianza.

La organización que lidera Salvador Viada afirma lo llamativo de que los vocales «voten a quien es, o a quienes quieren que sea, su jefe directo». Sostiene que es lo que pasó en los casos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el de la Fiscalía Anticorrupción o el de la Fiscalía Togada. «No reparan en que la apariencia de imparcialidad en la votación (y el prestigio del Consejo) padece de manera irremediable, especialmente cuando la antigua favorecedora se convierte en favorecida».

La APIF también achaca al nuevo fiscal general que no permitiese votar «una cuestión profesional capital para la Carrera Fiscal» como es la necesidad de disponer de un presupuesto propio. Y eso, a pesar de haber incluido la propuesta en el orden del día. «Solo puede explicarse por el interés del fiscal general de no encontrarse en una posición de confrontación aparente con el Gobierno dado el general consenso de que esa es una necesidad vital para la fiscalía», insiste la asociación de Viada, único representante de APIF en el Consejo Fiscal.

Un presupuesto propio

Las elecciones del 4 de mayo conformaron una mayoría crítica con la gestión de Delgado. El órgano está ahora integrado por seis vocales de la Asociación Fiscal (AF), dos de la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenecía la exministra, y uno de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). El Consejo Fiscal se completa con tres miembros natos, entre ellos García Ortiz.

La organización que lidera Viada considera que el fiscal general pudo no votar o votar en contra, pero que optó porque no votara nadie «a pesar de que no está vinculado por el resultado de la votación». La APIF considera que este modus operandi lesiona los derechos de los vocales y del conjunto de los fiscales que esperan acciones de sus representantes en el Consejo Fiscal. Además, contraviene el artículo 14 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.