Alejandro Luzón parte como favorito para renovar la plaza de fiscal jefe de Anticorrupción

Alejandro Luzón aspira a ser fiscal jefe de Anticorrupción cinco años más. El actual responsable es el favorito para renovar la plaza, que acaba de convocar el Ministerio de Justicia. Se trata de una de las 14 vacantes publicadas el jueves por el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se elegirán por el sistema de libre designación. Los aspirantes tienen 10 días naturales para presentar su candidatura, algo que fuentes jurídicas dan por hecho en el caso de Luzón, cuyo mandato venció en julio. Durante ese tiempo ha afrontado investigaciones mediáticas como la del Rey emérito o la adquisición de mascarillas en la pandemia.

Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE coinciden en que Luzón es la persona más indicada para el puesto. Goza del respeto de todas las asociaciones de fiscales, su trabajo es muy valorado y mantiene una buena sintonía con el nuevo Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz, de quien depende en última instancia su nombramiento. «Solo lleva un turno y lo lógico es que continúe. Para eso tiene que querer. No tendrá problemas», revela un vocal del Consejo Fiscal que, antes de decidir su voto, preceptivo pero no vinculante, quiere conocer al resto de candidatos.

Luzón, madrileño de 58 años, es el miembro que más experiencia acumula en esta fiscalía especial, a la que se incorporó en 1995, el año de su creación. Permaneció en ella de forma ininterrumpida hasta 2015, cuando dio el salto a la Fiscalía General del Estado (FGE) como asesor. Dos años después fue elegido fiscal jefe de Anticorrupción en sustitución de Manuel Moix, que dimitió tan solo 87 días después de ser nombrado al conocerse que poseía una empresa offshore junto a sus hermanos en Panamá.

Luzón, un aspirante de consenso

«Lo lógico es que vuelva a presentarse», revela otra fuente de la carrera fiscal. No obstante, descarta pronunciarse sobre si apoya su renovación porque el plazo de solicitudes continúa abierto. Este diario no ha podido contactar con Luzón para confirmar si concurrirá de nuevo a la plaza de fiscal jefe de Anticorrupción. Si desea hacerlo deberá aportar en los próximos días un proyecto de actuación que, según recomienda Justicia, no debe superar la extensión de 20 páginas.

Una vez que se cierre el plazo, la Inspección Fiscal da cuenta de las solicitudes recibidas y se abre un proceso de selección. El primer paso es convocar al Consejo Fiscal para debatir la idoneidad de los aspirantes. Este órgano asesor del Ministerio Fiscal está constituido por el Fiscal General del Estado, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, el fiscal inspector jefe y nueve vocales elegidos entre los miembros de la carrera fiscal. En este momento, seis pertenecen a la Asociación de Fiscales (AF), conservadora; dos a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y uno a la Asociación Profesional Independiente (APIF).

​El voto de este consejo es preceptivo, no vinculante. La última palabra la tiene el fiscal general, que propone el aspirante al Gobierno y este aprueba su nombramiento en el Consejo de Ministros. Lo habitual es que se designe a la persona que más votos obtiene, pero no tiene por qué ser así. No obstante, ese no será un obstáculo para que Luzón repita. No está vinculado a ninguna asociación de fiscales pero cuenta con el respeto de todas. En julio de 2017 recibió ocho votos, entre ellos los seis del ala conservadora. Unos meses antes, en febrero, cuando salió elegido Moix, contó con el respaldo de los representantes progresistas.

El aval del fiscal general tampoco será un problema. La relación entre ambos es muy buena desde los tiempos en que García Ortíz era Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y, por tanto, número dos de Dolores Delgado. Las fuentes consultadas revelan que antes de dimitir acordó con su sucesor renovar a Luzón. Consideraba que había hecho un buen trabajo y, por eso, le demostró su confianza en más de una ocasión. Una de ellas, cuando la Fiscalía Europea intentó dirigir el denominado caso Ayuso.

Delgado concluyó que Anticorrupción tenía las competencias para investigar si la Comunidad de Madrid había cometido delitos de tráfico de influencias, falsedad documental o prevaricación con el contrato que firmó al principio de la pandemia con un amigo de la familia de la presidenta regional. La buena sintonía también se vio reflejada durante el Consejo Fiscal en el que se debatió el caso Stampa. En la reunión, Luzón secundó a su jefa tras dejar fuera del departamento a Ignacio Stampa, uno de los fiscales que impulsaron la investigación contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo en la Audiencia Nacional.

Otra circunstancia que juega a favor de Luzón es la línea continuista del Ministerio Fiscal. Antes de abandonar el cargo, Delgado decidió mantener a los responsables de fiscalías clave, como el caso de Jesús Alonso en la Audiencia Nacional. Y eso, a pesar de que Alonso pertenece a la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria y conservadora, mientras que la dirigente forma parte de la organización progresista. La marcha de Delgado también se solucionó sin sobresaltos, con el ascenso de su segundo, García Ortíz. Él mismo anunció que mantendría la línea de su antecesora.

Investigar al Rey emérito

Luzón ingresó en la carrera fiscal en 1989. Su primer destino fue la Audiencia Provincial de Toledo. Tras pasar por el Tribunal Superior de Madrid, fue designado para la recién creada Fiscalía Anticorrupción en 1995. Pasó dos décadas en ese destino. Ha formado parte de casos de especial relevancia mediática, como el de las tarjetas black de Bankia, Alierta, Afinsa, el director general de la Guardia Civil Luis Roldán o los Fondos Reservados, en el que condenaron a la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Felipe González.

Durante su mandato ha tenido que investigar macrocausas de corrupción como Gürtel, Púnica, Lezo, el caso Villarejo o las adjudicaciones de mascarillas durante la pandemia. También debió lidiar con investigaciones preeliminares (no judicializadas) como el contrato de la Comunidad de Madrid en el que medió el hermano de Isabel Díaz Ayuso o las presuntas irregularidades del presidente de la Real Federación de Fútbol Española, Luis Rubiales, para celebrar la Supercopa en Arabia Saudí. Sin duda, la que mayor revuelo causó fue la de la fortuna del Rey emérito, que acabó archivada.