Cisma en la Fiscalía por el ascenso de Dolores Delgado

El ascenso de Dolores Delgado amenaza con crear el primer cisma del mandato de Álvaro García Ortiz. El fiscal general ha propuesto a su predecesora para la vacante de fiscal jefe de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo pese a no contar con el apoyo del Consejo Fiscal. El órgano consultivo también votó a favor de que Miguel Ángel Carballo continuara como número dos en la Audiencia Nacional, pero García Ortiz optó por Marta Durantez, una persona de su confianza. Los miembros del Consejo están molestos porque el nuevo dirigente se había comprometido a designar a los candidatos más votados.

El Consejo Fiscal mostró sus cartas el jueves. Ni Delgado ni Durantez contaban con el apoyo mayoritario de sus colegas. A pesar de ello, el fiscal general decidió proponerlas para las plazas a las que aspiraban. Eso supone que la predecesora de García Ortíz ascienda a la máxima categoría de la carrera del Ministerio Público.

Las voces disconformes han comenzado a aflorar. «Cuando tomó posesión en agosto nos dijo que no pretendía ser sectario, pero se ha desdicho a las primeras de cambio», sostienen fuentes del Consejo. La posibilidad de un ascenso rápido de Delgado había levantado suspicacias entre los fiscales, que señalaban los mayores méritos de otros aspirantes. Luis Rueda, el favorito del Consejo para la fiscalía togada del Supremo, incluso cuenta con experiencia para el cargo, ya que fue capitán auditor del Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa.

Los apoyos de Delgado

Los fiscales acudieron a la reunión con serias dudas de la imparcialidad de García Ortiz para decidir sobre Delgado, de la que fue subordinado. El Consejo, formado por 12 miembros, tenía el encargo de votar a los candidatos que presentaron sus credenciales para ocupar alguna de las 14 plazas convocadas por el Ministerio de Justicia el 1 de septiembre. Delgado, que competía con otros 19 aspirantes, se llevó el gato al agua pese a no contar con el apoyo mayoritario del Consejo Fiscal.

«Era un secreto a voces», admite un miembro del órgano consultivo. Este escenario pone en pie de guerra a buena parte del Consejo Fiscal. El criterio de sus vocales no es vinculante. La última palabra sobre los nombramientos la tiene el fiscal general. Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales, no oculta su decepción porque en el primer cónclave se haya decantado por «afinidades ideológicas y de amistad en lugar de premiar el mérito y la acreditada capacidad».

Entre los segundos remarca el nombre de Miguel Ángel Carballo, miembro de su organización, que dejará de ser teniente fiscal de la Audiencia Nacional. Su lugar lo ocupará Marta Durantez Gil, actualmente en la Secretaría General de la Fiscalía General del Estado, donde llegó en 2020 de la mano de Delgado. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE destacan su perfil progresista y su vinculación con García Ortiz, de quien ha sido compañera. Para algunos se trata de «una designación sectaria», justo de lo que prometió huir el nuevo fiscal general.

Carballo ha dirigido causas como la de los atentados de Cataluña y el caso del mayor de los Mossos, José Luis Trapero. Además, contaba con el apoyo de Jesús Alonso, su superior en la Audiencia Nacional, donde ha pasado los últimos años. En ese tribunal no sentó demasiado bien que Durantez presentara sus credenciales para rivalizar con Carballo. La consideran una paracaidista y hay quien incluso tilda de «escándalo» el cambio de cromos.

Otra de las cuestiones que ha sulfurado a buena parte de los fiscales es el trato a Luis Rueda, teniente fiscal del Tribunal de Cuentas. Este aspirante obtuvo seis votos del Consejo Fiscal para convertirse en jefe de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, por los cuatro de Delgado. «Su nombramiento parece una devolución del favor que le hizo ella», esgrime Dexeus.

La votación demostró que Delgado no cuenta con el apoyo de sus colegas. La exministra de Justicia solo recabó el favor de cuatro compañeros: dos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que formó parte, y otros dos miembros natos del Consejo, a quienes ella misma designó cuando desempeñaba el cargo de fiscal general. La mayoría de los votos, los seis de la Asociación de Fiscales, fueron a parar a Rueda, que desde 2007 actúa como número dos del Tribunal de Cuentas.

En diciembre ya se quedó con la miel en los labios. En aquella ocasión fue la propia Delgado la que le privó de convertirse en el nuevo fiscal jefe del Tribunal de Cuentas. El cargo lo acabó ocupando Manuel Martín-Granizo, a pesar de las críticas de la Asociación de Fiscales, que prefería a Rueda. Antes de desembarcar en el órgano fiscalizador había servido durante cuatro años en la Secretaría Técnica y uno en la Fiscalía Especial contra la Corrupción. Las fuentes críticas con el nombramiento de Delgado recuerdan que, además, es auditor militar.

La exfiscal general era consciente de que no obtendría el apoyo de sus compañeros. Las elecciones del 4 de mayo conformaron una mayoría crítica con su gestión. El nuevo Consejo está integrado desde entonces por seis vocales de la Asociación Fiscal y uno de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) frente a los dos de la organización progresistas, a la que pertenecía Delgado. A estos hay que sumar los tres vocales natos: la teniente fiscal del Supremo, la inspectora jefe y el nuevo fiscal general.

Una de las curiosidades del cónclave del jueves es que el vocal de APIF, Salvador Viada, tuvo que abstenerse de la votación porque su mujer, la fiscal Anticorrupción María Teresa Gálvez, competía por la misma plaza que Delgado. Gálvez ha investigado causas tan complejas como el caso Púnica. Al puesto también optaban Carlos Bautista, especializado en terrorismo, y varios fiscales que prestan servicio en el Tribunal Supremo, como Manuel Campos, Pedro Campoy, María Isabel de las Cuevas, Olga Sánchez o Luis Fernando Rey.

La maniobra del PSOE

Delgado dimitió como fiscal general el 20 de julio alegando razones de salud tras una operación de columna vertebral. Tan solo dos meses después sorprendía postulándose a la vacante en la Sala Militar del Alto Tribunal. En caso de obtenerla, para lo que debe nombrarla el Gobierno, ascenderá al escalafón máximo del Ministerio Público. En la actualidad ostenta plaza en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde debía reincorporarse en octubre. Ya no tendrá que hacerlo.

El PSOE intentó garantizar el ascenso de Delgado mediante una enmienda incluida en la Ley Concursal. Esta fórmula habría supuesto que tanto ella como sus sucesores al frente de la Fiscalía General del Estado fuesen promovidos a fiscal de sala del Supremo al abandonar sus cargos. Los socialistas acabaron retirando la propuesta por falta de apoyos parlamentarios. La oposición criticó la iniciativa porque suponía una reforma «por la puerta de atrás».