Albares, obligado a inhibirse en los temas de Huawei por su relación con una ejecutiva

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se abstendrá en los asuntos de Huawei que lleguen a la mesa del Consejo de Ministros por su relación sentimental con la vicepresidenta de la filial española, la franco-libanesa Therese Jamaa, según ha explicado a THE OBJECTIVE un portavoz de la Oficina de Información Diplomática (OID).

Sobre el jefe de la diplomacia se cierne un posible conflicto de intereses que preocupa a una parte del Ejecutivo, según fuentes gubernamentales consultadas por este diario, ya que el hecho de que Albares y Jamaa sean pareja podría condicionar la opinión del Ministerio de Asuntos Exteriores cuando el Ejecutivo tenga que decidir la lista de proveedores de 5G de alto riesgo que no podrán participar en las infraestructuras de esta nueva tecnología.

Albares se divorció de la madre de sus cuatro hijos, la que fuera jueza de enlace entre Francia y España Hélène Davo, durante su etapa de embajador en París. Cuando en julio del año pasado fue nombrado ministro de Exteriores su actual pareja, la citada Therese Jamaa, ya estuvo entre los invitados a su primer acto de bienvenida en el Palacio de Santa Cruz, la sede histórica del ministerio.

En aquel momento, la ejecutiva de origen libanés era la directora general de GSMA, la patronal que cada año organiza el Mobile World Congress en Barcelona. Pero en enero de este 2022, Jamaa fue fichada por Huawei como vicepresidenta de su filial española, un cargo de nueva creación. Este movimiento del gigante chino causó preocupación en Moncloa y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que dirige Nadia Calviño, según diversas fuentes.

Albares no se abstuvo en el decreto del 5G

Apenas dos meses después, en marzo, el Ejecutivo promulgó el decreto-ley de Ciberseguridad 5G en el que se establecía un marco de obligaciones que allanaba el camino para vetar proveedores que significaran un riesgo para las infraestructuras estratégicas españolas. Una normativa que podría traducirse en el futuro veto de suministradores chinos como Huawei o ZTE.

Albares no se inhibió en la reunión del Consejo de Ministros en la que se aprobó la citada Ley de Ciberseguridad cuando Jamaa ya estaba en ese momento de número dos en la filial española de la multinacional china, según indica el Ejecutivo en una pregunta a este diario a través del Portal de Transparencia, aunque no estaba obligado a ello ya que se trata de una normativa genérica que no señalaba a ninguna empresa en concreto.

En este sentido, el portavoz de la OID subraya a este diario que Exteriores «no es competente en materia de legislación digital y de ciberseguridad» y que, por el momento, el Consejo de Ministros «no ha tomado ninguna decisión sobre Huawei desde que Albares es ministro de Exteriores», por lo que el ministro «no ha tomado ninguna decisión en el ejercicio de su cargo relacionado con esa empresa».

La legislación sobre ciberseguridad plantea, a juicio de Exteriores, «un marco jurídico general que busca controlar los riesgos sobre el 5G» en España. «Algo que, en cualquier caso, establece un marco para las compañías en su conjunto y no para ninguna en particular. Por todo lo anterior, no existe conflicto de interés alguno», opina la OID.

Más problemática para Albares es la próxima elaboración de la lista con los nombres de los suministradores que formarán parte de la lista de proveedores de 5G de alto riesgo. Ahí sí que podría estar Huawei, tal y como quiere Estados Unidos, que presiona para que España dé ese paso.

La tarea para elaborar dicha lista está encomendada al departamento de Calviño, pero la decisión tiene que ser refrendada en Moncloa por el Consejo de Seguridad Nacional, donde el ministro de Exteriores tiene un asiento entre sus miembros, antes de la luz verde definitiva en el Consejo de Ministros donde él también participa.

En ese caso, la OID avanza que Albares no tendrá inconveniente en inhibirse. «En el momento en que sea necesaria la inhibición sobre cualquier asunto relacionado con este tema o cualquier otro que lo requiera, el ministro lo hará», hace hincapié el portavoz del ministro de Exteriores. Es lo que hizo la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en las deliberaciones y votaciones de febrero y agosto de 2021 que afectaron a Naturgy, la empresa en la que trabaja su marido desde hace años (leer abajo).

Si Huawei fuese incluida en dicha lista por el equipo de Calviño y Albares no se abstuviera en ambas reuniones, entonces el ministro podría incurrir en una vulneración de la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, en cuyo artículo 11 se define qué es el conflicto de intereses y se advierte de que se debe «evitar que sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades».

El punto 2.b) de ese artículo de la citada ley, esgrimido por el Gobierno en el caso de Maroto, deja claro que un conflicto de intereses se aplica a «los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad». Una situación en la que se encuentran Albares y Jamaa, quien se aloja en la vivienda oficial del ministro en el Palacio de Viana, otra de las sedes de Exteriores, cuando viaja a Madrid, según desveló El Confidencial en julio.

La Ley de Ciberseguridad establecía un plazo de tres meses, que expiraba a finales de junio de este año, para elaborar dicha lista, pero el director general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, Arturo Azcorra, anunció a principios de julio en la primera jornada del congreso DigitalES Summit 2022 que el plazo se extendería «varios meses más» debido a la complejidad regulatoria y el trabajo conjunto que se está haciendo con diferentes ministerios y departamentos.

El alto cargo del ministerio que dirige Calviño también advirtió que este listado, que todavía debe definir si efectivamente existen proveedores de infraestructuras de 5G con un riesgo alto o medio, había tenido que incorporar la nueva realidad geopolítica tras la invasión de Rusia a Ucrania, así como los diferentes movimientos y riesgos de ciberseguridad que se habían ido produciendo desde la aprobación de la ley.

La última novedad en torno a la lista de proveedores de 5G de alto riesgo es que el Gobierno prevé ahora que no se hagan públicos los nombres de los suministradores que formarán parte de ella, lo que beneficia a Huawei. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que esta decisión se basa en razones de seguridad y que además busca no señalar a las compañías afectadas limitando daños empresariales colaterales. 

Cuando se elabore y se cierre la lista -y en el caso de que existan proveedores de alto riesgo-, la decisión se comunicará a los proveedores afectados y a las empresas de telecomunicaciones que potencialmente puedan utilizar sus servicios. Será una comunicación privada y sin difusión. Del mismo modo, tampoco se realizará una publicación oficial ni se emitirá un comunicado al respecto, ni a prensa, ni a la opinión pública.

Las razones oficiales son las implicaciones de seguridad nacional que tendría una comunicación de estas características, pero además la dinámica de la propia lista. La Ley de Ciberseguridad publicada en el BOE en mayo indica que un proveedor declarado de alto riesgo, como podría ser el caso de Huawei, puede apelar a la decisión o bien presentar nueva documentación que al cabo de pocos meses le permita ser excluido del listado. De esta manera, al no hacerse pública la lista no se estigmatiza a los afectados que siempre tendrá la posibilidad de volver a ser aceptados.

La consultora de José Blanco asesoró a Huawei

Estas dilaciones a la hora de confeccionar el listado de proveedores de 5G de alto riesgo y el hecho de que la lista no se vaya a hacer pública han causado preocupación en las fuentes gubernamentales a las que ha tenido acceso este periódico, quienes recuerdan que la consultora Acento de José Blanco, por la que han pasado algunos de los actuales altos cargos de Moncloa -caso de Antonio Hernando-, fue contratada por Huawei en el pasado para intentar influir tanto en Bruselas como en Madrid con el fin de que los gobiernos y operadoras locales no vetaran al gigante chino de sus redes 5G, y así contrarrestar las presiones de Estados Unidos, que le acusa de espiar para Pekín con su tecnología.

En el Registro de Transparencia de la Comisión Europea figura un contrato de 50.000 euros que Huawei abonó a Acento en 2020. La asesora de Blanco intentó influir en las propuestas legislativas de la UE relacionadas con innovación, protección de datos, seguridad digital y comercio.

Se da la circunstancia de que en octubre de 2020 Pedro Sánchez apoyó públicamente a Huawei. En la cumbre hispano-lusa realizada ese mes indicó que el gigante chino sí estaría en la red española, sorprendiendo incluso a las empresas de telecomunicaciones que operan en nuestro país. «Antes de que termine este año, el 75% del territorio español va a tener acceso a la tecnología 5G. Y lo estamos haciendo con distintas empresas como Huawei. Vamos a seguir apostando por estas tecnologías», dijo entonces.

Por el momento, ni Telefónica, ni Orange ni Vodafone han usado a Huawei para la llamada ‘red core’ -la que compromete los datos más sensibles-, aunque Acento sí consiguió el apoyo explícito de Sánchez, como se refleja en aquellas declaraciones del presidente de Gobierno.