Académicos piden al Congreso detallar por ley los medios que reciben publicidad institucional
Un grupo de profesores de varias universidades insta a mejorar la Ley de Transparencia para evitar la «financiación encubierta» a los «medios afines»
El Proyecto de Ley de Memoria Democrática y la proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en pleno extraordinario en el Congreso. | Alberto Ortega (Europa Press)
Un grupo de profesores de las universidades Autónoma de Barcelona, Carlos III de Madrid y Castilla-La Mancha ha entregado a los grupos parlamentarios en el Congreso un documento propositivo para reformar la legislación sobre publicidad institucional y otras formas de transferencias de fondos públicos a medios privados. El documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, pone el foco en la «falta de transparencia del proceso de planificación y contratación de la publicidad institucional por parte de las diferentes administraciones» así como su impacto sobre el pluralismo.
La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de diciembre de 2013, que rige a escala nacional, no incluye la publicidad institucional en el listado de publicidad activa. De forma genérica, anualmente se informa del presupuesto destinado a ello y al cierre del ejercicio se refleja cuánto se ha destinado a este propósito. Pero no se especifican los criterios para la obtención de estos fondos ni qué medios son los receptores.
La profesora de Comunicación Isabel Fernández Alonso, coautora del proyecto, explica que esto puede traducirse en «una forma encubierta de financiar a medios de comunicación afines al poder político». Por esta razón, desde su grupo sugieren que se articule un mecanismo de subvenciones con criterios objetivables y que se tengan en cuenta los ingresos que han recibido las empresas mediáticas en concepto de publicidad institucional a la hora de otorgarles ayudas.
El documento propositivo para mejorar la regulación sobre financiación pública de medios privados elaborado por este grupo de académicos es el resultado de un proyecto de I+D financiado por el Gobierno de España. PSOE, PP, Cs y Vox, así como diferentes entidades del sector de la comunicación, han mostrado interés por las propuestas. En especial, en un momento en el que la Unión Europea está elaborando una regulación para mejorar la transparencia en publicidad institucional en municipios de más de un millón de habitantes.
Sánchez, el que más riega a los medios
Como informó este periódico, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dotado con la friolera de 158,34 millones de euros el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional de 2022. Un montante que no solo es más del doble que los 66 millones de euros que se gastaron en 2020 en plena pandemia, sino que se trata del mayor gasto para esta partida en más de 14 años. Superando de este modo el desembolso del gobierno de su predecesor, Mariano Rajoy.
A través de la publicidad institucional muchos medios pueden gozar de una buena salud económica. El propósito de la publicidad institucional debería ser el de dar a conocer temas de interés público. En este apartado se engloban campañas como las de la DGT o las sanitarias durante la pandemia por covid-19. No obstante, este grupo de expertos advierte de que en la campañas comerciales, que reportan un dinero, como las de Renfe o Loterías del Estado, el dinero que se destina «es todavía más opaco».
Escollos para pedir los datos
Con el mecanismo actual, incluso cuando se solicita información a través del Portal de Transparencia o mediante una pregunta parlamentaria en el Congreso también resulta complicado conocer los datos: «Cuando les pides información te dicen que es muy difícil, que no se puede materializar. Y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno aconseja que esto no puede ser nunca un argumento».
Por esta razón, proponen que dentro de cada administración exista un organismo que se ocupe de sistematizar estos fondos, y que se estipulen unos criterios para efectuar estas transferencias de dinero público. También ven necesario que la evaluación de las campañas se lleve a cabo por parte de organismos externos (como la CNMC) y saber el sentido de estas campañas. En la actualidad muchas de estas campañas van dirigidas a la igualdad de género.
«No se sabe cuánto revierte la publicidad institucional en los medios de comunicación. Tampoco se puede saber si se da a medios afines más». A este respecto, también abogan por que los medios hagan público en el registro mercantil los ingresos que reciben de las administraciones públicas -ya sea del Ministerio, de los gobiernos autonómicos o de diputación o ayuntamientos-y bajo qué concepto.
El caso catalán
En Cataluña los medios afines al poder político reciben muchos más dinero que los medios con una línea constitucionalista. «Hay una desproporción. Además preguntamos por el criterio por el que se rigen y no respondieron». No obstante, y a diferencia de la ley estatal, la norma catalana de Transparencia obliga a publicar el gasto en publicidad institucional en el listado de la publicidad activa.
Lo que han observado en la región, donde hay más datos y en consecuencia es más fácil fiscalizar, muchos medios están en la cuerda floja y sobreviven gracias a estos fondos públicos. Como ejemplo, Isabel Fernández detalla el caso de El Punt Avui, que tras la intervención de la autonomía mediante el artículo 155 de la Constitución, inició un expediente de regulación de empleo. Por esto buscan que la mayoría de la Cámara se avenga a modificar la ley y fijar unos criterios de subvención clara que se basen en la audiencia y otros parámetros que imposibiliten un sometimiento de la línea editorial a los gobiernos de turno.
