El Supremo obliga a Interior a justificar el cese de los cargos a dedo tras el 'caso Corbí'
El Tribunal establece que los agentes en cargos de libre designación solo podrán ser destituidos «discrecionalmente con la correspondiente motivación»
El exjefe de la UCO Manuel Sánchez Corbí | TO
La sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso de casación del coronel Manuel Sánchez Corbí contra su cese —avalado previamente por la Audiencia Nacional— como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en 2020 a manos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras un litigio de cuatro años entre ambas partes, ha sentado jurisprudencia sobre los ceses de cargos de libre designación en el Instituto Armado.
Hasta esta semana, los agentes de la Guardia Civil que gozaban de una de estas plazas podían ser destituidos por falta de confianza sin que esta decisión estuviese motivada, es decir, justificada. Una doctrina consolidada en el régimen de personal de este Cuerpo. En otras palabras, bastaba con la decisión discrecional del departamento del que dependiese, en este caso, el Ministerio del Interior.
Sin embargo, ya no será así. En la sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, ha establecido que, al igual que ocurre con el resto de funcionarios de la Administración Pública, el cese de agentes en destinos de libre designación se podrá llevar a cabo siempre y cuando haya un motivo claro y legal, que en cualquier caso habrá que justificar. La decisión del TS cambia drásticamente la política de ceses en Interior y, al mismo tiempo, otorga seguridad a los cerca de 10.000 agentes que ocupan actualmente una plaza cuyo acceso se lleva a cabo sin concurso.
«Motivación expresa y clara»
«La motivación de los actos dictados en el ejercicio en el ejercicio de potestades discrecionales ha de ser expresa, clara, comprensible y concreta, identificando las razones sobre las que se fundamenta el cese de quien ocupa un puesto como funcionario nombrado por el sistema de libre designación», señala la Sala. Una exigencia fundamentada «en la interpretación de los artículos 35 y 58 del Reglamento General de ingreso de personal al servicio de la Administración General del Estado».
Lo que, en definitiva, según el Alto Tribunal, significa que «los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública, pueden ser cesados discrecionalmente con la correspondiente motivación».
Una doctrina jurisprudencial que, argumentan los magistrados, «resulta desde luego aplicable en el ámbito de la Guardia Civil»: «El marco jurídico propio de la Guardia Civil no impide, sino que confirma, la aplicación de nuestra doctrina sobre la motivación de los actos discrecionales en general, y de los que se concretan en el cese en los puestos a los que se accedió por el sistema de libre designación».
El ‘caso Corbí’
En el caso del exjefe de la UCO, en cambio, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS señala que el acto administrativo, es decir, el cese por parte del Ministerio del Interior, «aparece suficiente motivado, toda vez que se ponen de manifiesto las razones por las que se produce esa perdida de confianza, esencial en el desempeño de este tipo de puestos, y que resulta legal y expresamente concertada».
De este modo, el Supremo avala la decisión tomada por la cúpula de Interior y señala que la destitución de este mando fue «clara, suficiente, comprensible y específica». Sánchez Corbí fue cesado tras enviar un mail en julio de 2018 a la Jefatura de Policía Judicial y a todos los departamentos de la Unidad Central Operativa del Instituto Armado en el que les comunicaba que quedaba «temporalmente suspendida cualquier actividad» en estos departamentos que requirieran realizar gastos procedentes de los Fondos de Gastos Reservados.
Interior, no obstante, siempre sostuvo que esa orden solo respondía a una evaluación que el recién estrenado departamento, dirigido por Grande-Marlaska, quería hacer sobre cómo se estaban gestionando las partidas presupuestarias dirigidas a investigaciones en la UCO. En ningún caso, se pretendían anularlos fondos de esta unidad policial.
