El PSOE enturbia el pacto judicial con el PP al intentar colar a De Prada en el Constitucional
El Senado amplía hasta diciembre el plazo para recibir propuestas para sustituir a Alfredo Montoya. Los ‘populares’ dan por hecho que mantendrán su plaza
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la reunión de este lunes. | Sergio Pérez (EFE)
La Justicia española está en un brete. La dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha forzado a los partidos a dialogar. La renovación de sus vocales y de las cuatro vacantes del Constitucional irán de la mano. La negociación incluirá al sustituto de Alfredo Montoya, que abandonó el tribunal de garantías por enfermedad. El PP confía en mantener la plaza, que depende del Senado. El plazo para que las regiones presenten candidaturas se ha ampliado hasta el 12 de diciembre, pero los populares consideran que la propuesta de Aragón, el juez José Ricardo De Prada, enturbia cualquier pacto judicial.
El Parlamento aragonés ha sido el único que ha remitido al Senado un candidato para ocupar la vacante que dejó Montoya en el Constitucional en julio. Regiones como Valencia y Extremadura, gobernadas también por los socialistas, solicitaron a la Cámara Alta que ampliara el plazo para proponer candidatos, cuya fecha límite era este martes. Otras comunidades, como Madrid, han declinado proponer un aspirante hasta que «no se consiga una solución global a la situación actual».
Montoya, del sector conservador, abandonó el cargo en julio por enfermedad. Aragón ha propuesto que lo sustituya De Prada, un magistrado que tiene la vitola de bestia negra del PP. No en vano fue uno de los autores de la sentencia que condenó a los populares por sus actividades ilícitas de la trama Gürtel, lo que abrió las puertas de La Moncloa al PSOE a través de una moción de censura.
Las vacantes del Constitucional
En el PP observan la jugada con incredulidad. Creen que el intento de los socialistas de colar a De Prada en el Constitucional a través del Senado es una maniobra para llegar a la negociación en posición de fuerza. Los líderes de los principales partidos retomaron el lunes los contactos para acabar con la situación de excepcionalidad que vive la Justicia española, con mandatos caducados, nombramientos paralizados y una distancia sideral para resolver el entuerto.
Es prioritario renovar los 20 vocales del CGGP y cuatro de los 12 magistrados del tribunal de garantías cuyo mandado caducó en junio. El Gobierno tiene que designar dos de las cuatro vacantes del Constitucional, que con los cambios tendrá una mayoría progresista. Los populares consideran que el Ejecutivo puede nombrar a De Prada a través de ese lote y que esta propuesta es una fórmula para enfangar el tira y afloja que mantienen ambas formaciones desde hace meses.
Las otras dos plazas a cubrir corresponden al órgano de gobierno de los jueces. Cada sector selecciona un nombre, aunque los conservadores no han elegido aún a ningún candidato. Hasta cinco aspirantes declinaron el ofrecimiento. Los líderes de PSOE, Pedro Sánchez, y PP, Alberto Núñez Feijóo, acordaron en una primera toma de contacto que la negociación del Constitucional y del CGPJ fuesen de la mano. Se incluirán criterios de «idoneidad» para los candidatos y se analizará un cambio de modelo en la elección con un informe de los propios vocales del Consejo.
Los populares confían en que una vez garantizada la mayoría progresista en el Constitucional, el PSOE les permita mantener la plaza que dejó desierta Montoya por enfermedad, tras cumplir solo cinco de los nueve años de su mandato. «Esa plaza vacante fue a propuesta del PP en el acuerdo al que llegamos en su día. No ha vuelto a haber más debate», reconoce un alto cargo del partido. Cree que, de esa forma, se respetarían los equilibrios en el tribunal que interpreta la Carta Magna.
En la reunión del lunes en La Moncloa no se habló de nombres. Sin embargo, tras el encuentro, Esteban González Pons, interlocutor del PP, reconoció que se trató renovar la plaza del Senado porque la negociación sería global. En la calle de Génova considera que la vacante que dejó el magistrado por enfermedad correspondería por cuota a su organización.
Mayoría cualificada
Montoya fue nombrado magistrado del Constitucional en marzo de 2017 a propuesta del Senado. Por tanto, la Cámara Alta es la encargada de sustituirle. El juez madrileño presentó su renuncia por motivos de salud en julio. Sufrió un ictus en verano de 2021 que le obligó a apartarse de sus funciones. Esperó durante meses para retomar la labor, pero declinó hacerlo tras comprobar que no estaba totalmente recuperado.
Las fuentes jurídicas consultadas explican a THE OBJECTIVE que el sustituto de Montoya debe ser un conservador. Cuando fue elegido por el Senado, este contaba con mayoría del PP, algo que allanó su camino hasta el Constitucional. El escenario ha cambiado y ahora son los socialistas quienes cuentan con más escaños, 113. No obstante, para elegir su remplazo es necesaria una mayoría cualificada de tres quintos, para lo que se requiere el concurso de las dos principales fuerzas en la Cámara Alta (ambas suman 217 de sus 265 miembros en esta legislatura).
