Jueces españoles proponen a la UE blindar la independencia judicial con una norma europea
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) aprueba una propuesta de Directriz para establecer un Estatuto común de los Jueces de la Unión Europea
Parlamento Europeo. | Europa Press
Dotar a todos los jueces de la Unión Europea (UE) de un Estatuto común para «garantizar la aplicación del derecho europeo a todos los ciudadanos de la UE» y asegurar la independencia judicial en todo el territorio comunitario. Es el objetivo de una propuesta elaborada por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), segunda en número de jueces españoles afiliados, que ha sido remitida al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para su análisis y eventual debate en el Parlamento Europeo.
El documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, trata de establecer una serie de criterios mínimos basados en la doctrina y jurisprudencia emanada de distintas resoluciones del TJUE y del TEDH, así como en el Tratado Fundacional de la Unión Europea (TFUE) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otros. Cuenta con 46 artículos, y su primer capítulo está dedicado íntegramente a la independencia judicial.
Uno de los ejes centrales de esta propuesta para un Estatuto de los Jueces de la Unión Europea es el relativo a las medidas que deberían tenerse muy en cuenta para garantizar la independencia judicial, toda vez que «la preservación y efectividad del espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, que la Unión Europea ofrece a sus ciudadanos» requiere de «jueces independientes en sus estados miembros».
Acabar con las puertas giratorias
Así, en relación con las medidas para garantizar la independencia de los jueces de la Unión Europea, se destaca el poner fin a las puertas giratorias entre la Justicia y Política, de tal forma que aquellos jueces o magistrados que decidan pasar a la actividad política no puedan volver posteriormente a ejercer la actividad jurisdiccional. «Los Jueces de la Unión Europea no deben participar en funciones políticas, de tal modo que, una vez tenido lugar dicho acceso, no será posible volver a desempeñar
funciones jurisdiccionales», sostiene el documento remitido a la UE.
«La garantía de independencia es inherente a la misión de juzgar y resulta esencial para el buen funcionamiento del sistema de remisión prejudicial previsto en el artículo 267 TFUE, pues solo los órganos judiciales pueden promoverla», indica la propuesta de Directriz de la AJFV para establecer un Estatuto de Jueces de la Unión Europea, en su sexto artículo. Un texto que fue aprobado de forma definitiva el pasado viernes por el comité nacional de la AJFV, que ya entregó el pasado mes de septiembre un borrador avanzado de la propuesta al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, durante su reciente visita a España.
«La noción de independencia se aplica al ejercicio de funciones jurisdiccionales sin sometimiento a ningún vínculo jerárquico o subordinación respecto a terceros, y sin recibir órdenes o instrucciones de ningún tipo, incluso de los órganos judiciales superiores, quedando los Jueces de la Unión Europea protegidos de injerencias o presiones externas a la hora de juzgar o que puedan influir en sus decisiones», añade el documento.
Garantías para los jueces de la UE
Se trata de una propuesta pionera, ya que en la actualidad no existe ningún estatuto común para todos los jueces de la UE. «Es un ‘texto normativo’ en el que se intenta unificar estándares y fijar unos criterios mínimos para plasmar cuáles son los principios, garantías y derechos que se tienen que cumplir para garantizar la independencia de todos los jueces europeos», agrega el portavoz nacional de la AJFV, Jorge Fernández Vaquero, en declaraciones a este medio.
«Los principios no los inventamos nosotros. El TJUE y el TEDH han ido poniendo negro sobre blanco con sus sentencias de los últimos años cuáles son esos principios. Estamos viendo de manera muy gráfica y palmaria en países como Polonia y Hungría, y en otras naciones de forma menos explícita, cómo hay otros poderes que están intentando socavar principios o garantías básicas de los jueces», añade Fernández Vaquero.
Renovación del CGPJ
La propuesta, que se plantea en plenas negociaciones entre PSOE y PP para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cuatro años con el mandato caducado, hace referencia expresa a la separación de poderes y a la necesidad de que existan mecanismos de amparo de los jueces aprobados por la Comisión Europea y de obligado cumplimiento para todos los estados miembros. «Debe garantizarse la independencia de los jueces de la Unión Europea frente a los poderes legislativo y ejecutivo», indica el artículo 11 de la propuesta remitida a Bruselas.
Añade el texto que las garantías de independencia e imparcialidad de los jueces de la UE exigen también la existencia de normas «no solo acerca del nombramiento» de los jueces europeos, «sino también en materia de composición del órgano, duración del mandato y motivos de abstención, recusación y separación de sus miembros, que permitan disipar en el ánimo de los justiciables toda duda legítima en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho órgano frente a elementos externos y a su neutralidad».
Obligaciones para los jueces
El texto también hace referencia a las obligaciones que deben ser de obligado cumplimiento para los jueces. En este sentido, indica la propuesta de la AJFV, «los Jueces de la Unión Europea se abstendrán de actuaciones, actos o manifestaciones que pudieran alterar la confianza en su imparcialidad e independencia». Asimismo, aborda la necesidad de que el Poder Judicial de cada país disponga de los «medios adecuados» para la resolución de litigios «en un plazo razonable de tiempo».
El documento que la AJFV va a remitir a las autoridades comunitarias, también dedica un capítulo en exclusiva a reconocer a los jueces nacionales «como garantes de la aplicación del derecho de la Unión» y otro a los criterios de «selección, nombramiento y carrera profesional». Además, el capítulo cuarto de la propuesta se dedica al establecimiento de un «régimen retributivo» común. «Las remuneraciones, el sistema de jubilación y la asistencia sanitaria de los jueces de la Unión Europea estarán garantizados con rango de ley», señala el artículo 30 del documento. Los dos últimos capítulos versan sobre el establecimiento de un «régimen disciplinario» para todos los jueces europeos y la «responsabilidad civil» de los magistrados.
