Una nueva jubilación agrava el colapso del Supremo por la falta de renovación en el CGPJ
La salida de María Luisa Segoviano, presidenta de la Sala de lo Social, eleva a 17 las vacantes en el Alto Tribunal
Fachada del Tribunal Supremo. | EP
El Tribunal Supremo vive una situación límite. La jubilación de María Luisa Segoviano, presidenta de la Sala de lo Social, agrava el colapso del alto tribunal, que ya cuenta con 17 vacantes. El problema radica en la imposibilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer nombramientos discrecionales. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada en marzo de 2021 impide al Consejo designar nuevos cargos mientras el órgano de gobierno de los jueces se mantenga en funciones. PP y PSOE ultiman un acuerdo para renovar los vocales, cuyo mandato caducó hace cuatro años.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se declara la jubilación forzosa de la magistrada del Supremo por cumplir la edad legalmente establecida este 20 de octubre. La salida de Segoviano continúa menguando la Sala de lo Social, que se queda con ocho magistrados, ya que recientemente también se jubiló Ricardo Bodas. Por tanto, existen cinco vacantes, ya que la sala debe estar compuesta por 12 jueces y un presidente, según establece la ley de Demarcación y de Planta Judicial.
La particularidad del acuerdo radica en que fue alcanzado en una comisión permanente del CGPJ en julio y está firmada por Carlos Lesmes, que dimitió el 9 de octubre tras fracasar en el órdago que lanzó para que los principales partidos políticos negociaran la renovación del Consejo. Horas después de su marcha, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para una reunión con la que iniciar un diálogo que debe fructificar en un acuerdo que, de momento, no se ha producido, aunque las fuentes conocedoras lo ven cercano.
Relevo en el Supremo
La normativa establece que las Cortes son las encargadas de designar, por mayoría de tres quintos, a los 20 vocales del CGPJ. Cada Cámara elige a 10 vocales, cuatro entre juristas de reconocido prestigio y otros seis jueces de los 5.300 en servicio. Estos últimos son seleccionados de una lista cerrada con nombres que eligen los propios profesionales, avalados por sus colegas. Los nuevos miembros del Consejo saldrán de la lista que 51 nombres que ya estuvieron a punto de consensuar PP y PSOE en 2018, aunque una decena de aspirantes se han caído de la carrera por distintas causas.
La magistrada Rosa María Virolés será la encargada de asumir, de forma interina, la vacante que deja Segoviano como presidenta de la Sala de lo Social. El relevo no es baladí. El testigo pasa a Virolés por ser ahora la magistrada de mayor antigüedad en la mencionada Sala que, junto a la de lo Contencioso-Administrativo, es la que más afectada por la ley aprobada en marzo de 2021 que prohíbe al CGPJ hacer nombramientos discrecionales mientras este funciones. Las dos salas son, además, las que más reclamaciones acumulan por los efectos de la pandemia, lo que ha provocado un aumento de casos sin resolver.
Las fuentes consultadas por Europa Press elevan las vacantes en la cúpula judicial hasta 68. Buena parte de ellas se concentran en el Supremo, 17. Sin embargo, también afecta a los Tribunales Superiores de Justicia (30), las Audiencias Provinciales (20) y la Audiencia Nacional (uno). Hace ahora un año, en octubre de 2021, la Sala de Gobierno del Supremo aprobó un informe del gabinete técnico que alertaba de los riegos de no cubrir de forma urgente las vacantes en el alto tribunal.
Las consecuencias se traducen en 1.000 sentencias menos al año. El documento también advierte de la repercusión que tiene no cubrir vacantes en cada de una de las cinco salas del tribunal. Salvo en la Sala de lo Penal, a la que la falta de cobertura no le afecta por ahora, define la situación como muy preocupante. La solución para acabar con el colapso del Supremo pasa por dos caminos: un acuerdo entre los partidos para renovar el CGPJ o que el Tribunal Constitucional dirima los recursos presentados sobre la constitucionalidad de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
