Encuestas internas dan la victoria al PSOE en Barcelona y motivan la sedición
Moncloa y Ferraz trazan el plan previsto para las elecciones de 2023: ‘operación indultos 2’ para apuntalar la victoria de Collboni y compensar la derrota en Madrid
El primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, interviene en la Fiesta de la Rosa del PSC, en Gavá, a 25 de septiembre de 2022, en Gavá, Barcelona, Cataluña, (España). | Europa Press.
Es insólito pero nada casual que una ministra de Hacienda verbalice en la tribuna de oradores del Congreso un compromiso sobre la reforma del Código Penal para los delitos de sedición entrando en la jurisdicción de su colega de Justicia. Cuando Maria Jesús Montero verbalizó este jueves este compromiso en respuesta a ERC no invadía el terreno de su compañera Pilar Llop sino que seguía el guión trabado desde el Palacio de La Moncloa de cara a la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2023.
Según desvelan fuentes gubernamentales a THE OBJECTIVE, las encuestas internas del PSOE arrojan una posible victoria del candidato del PSC al Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni: «Tenemos claras opciones de ganar». Unos datos recientes que han motivado que los consejeros áulicos del presidente le insten a priorizar nuevamente la agenda catalana aparcada tras los indultos y la parálisis de la mesa de negociación con Cataluña. Y así se explica que el Gobierno haya retomado una vieja reclamación como la sedición que, más que una exigencia presupuestaria de ERC sin concreción en el papel ni en los plazos, es un instrumento electoral del Ejecutivo.
Tras la debacle andaluza y la fuerza incontestable del PP de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, los socialistas han recabado datos que permite cuantificar el «éxito de los indultos» en el electorado progresista. «Illa está fuerte y volvería a ganar las elecciones pero una victoria en el Ayuntamiento de Barcelona sería una victoria en 2023». Una forma de blanquear la derrota en otras plazas como Madrid donde el varapalo está «absolutamente descontado», admiten fuentes gubernamentales y socialistas.
Operación ‘indultos 2’: la sedición
Por ello, el Gobierno de Pedro Sánchez recupera un debate sobre la sedición que estuvo en sus planes en su primera legislatura, antes de la concesión de los indultos, como fórmula para rebajar las penas a los condenados del 1-O, ya que una rebaja de las penas asociadas a este delito podría mermar los años de condena en prisión en base al «principio de favorabilidad penal». Ésta era la apuesta del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que fracasó cuando Sánchez decidió -en contra de algunos miembros de su equipo y su Gobierno- conceder los indultos como muestra de su voluntad de negociación.
La reforma del Código Penal se congeló entonces e incluso se llegó a descartar su aprobación esta legislatura por parte de Moncloa. Pero el debate vuelve en una operación ‘indultos 2’. Una estrategia para demostrar «que el estado no busca venganza», explican estas fuentes gubernamentales rescatando la palabra empleada por el presidente Sánchez cuando anunció su decisión de otorgar la medida de gracia a los 13 condenados del ‘prusés’. «Tenemos que demostrar que seguimos teniendo la mano tendida y que queremos la reconciliación, también con los que no fueron juzgados» como Marta Rovira y Carles Puigdemont, a quien va dirigida la medida de acercamiento.
Tramitación parlamentaria de 9 meses
Sin embargo, más allá de los anuncios de cara a la galería, el Ejecutivo admite que se trata de una medida que va para largo y dista mucho de ser inmediata. Al tratarse de una reforma de Ley Orgánica, se demoraría un plazo de 9 meses en el Congreso de los Diputados en el mejor de los casos. Y eso acelerando los trámites y sin que se encallara la negociación como ha ocurrido con todas las grandes leyes de la legislatura (Ley Mordaza, Ley de Vivienda, Memoria Democrática…).
Fuentes de Moncloa admiten que cuando el Gobierno alega que «no hay números» es porque la posición favorable de ERC es un apriorismo a negociar pero «una cosa es lo que nosotros entendemos sobre sedición y otra lo que entiende ERC. Para ellos no hubo delito el 1-O» con lo que la mera negociación sobre este punto sería «meterse en un jardín». A sumar, que «habría que pactarla con el PNV, Bildu y CC» y aunar las posiciones de todos los socios gubernamentales es ciertamente complejo a un año vista de las elecciones generales y seis meses de las municipales cuando el calendario electoral provoca que la actividad legislativa entre en dique seco.
