'Devoluciones en caliente', una realidad que el Gobierno oculta hace años en Ceuta y Melilla
Un mando de la Guardia Civil reveló en la instrucción del ‘caso Tarajal’ que estas prácticas se realizan en las fronteras desde el levantamiento de las vallas
El presidente del Gobierno y el ministro del Interior. | EP
Las ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos no solo se han efectuado durante el mandato del actual Gobierno. El retorno de inmigrantes a su territorio de origen, inmediatamente después de haber alcanzado suelo español, es una realidad que sucesivos ejecutivos, tanto del PSOE como del Partido Popular, han ocultado durante al menos veinte años. Prácticamente desde que se levantaron las vallas y, en mayor número, desde 2005, cuando comenzaron los asaltos masivos a los pasos fronterizos de ambas ciudades autónomas.
Las pruebas están recogidas en los testimonios de distintos agentes desplegados en Melilla, que esta semana revelaron, según publicó THE OBJECTIVE, el rechazo en la frontera de al menos 500 inmigrantes por parte de la policía marroquí el pasado 24 de junio, cuando más de 2.000 subsaharianos intentaron traspasar la valla, y al menos 23 murieron tras intentarlo en una de las mayores tragedias en la valla que se conocen hasta la fecha; y que cuatro meses después ha puesto sobre las cuerdas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
También están en los juzgados después de que distintos mandos de la Guardia Civil hayan admitido la expulsión en caliente de inmigrantes en sede judicial. El ejemplo más reciente es el ‘caso Tarajal’. La investigación judicial, finalmente archivada por la juez a finales de 2019, por la muerte de 15 inmigrantes en 2014 cuando intentaban llegar a nado a la costa de Ceuta mientras el Instituto Armado usaba material antidisturbios, reveló que las devoluciones eran una práctica común desde el año 1999.
En el sumario de la causa, adelantado por El País, el capitán jefe de la Unidad de la Compañía Rural de Seguridad en Melilla, responsable del operativo policial en 2014, explicó a los investigadores y posteriormente a la juez que las devoluciones en caliente se venían produciendo «desde la construcción de la valla del perímetro fronterizo, siguiendo las directrices de la Jefatura de la Comandancia». En su declaración, no obstante, este mando no las calificaba así, sino como «rechazo en frontera» de acuerdo con la denominación que comenzó a utilizar en la época de Mariano Rajoy el Ministerio del Interior.
Disposición de la ‘ley mordaza’
Desde 2014, tras la tragedia en la playa del Tarajal, en Ceuta, y las pruebas de distintas ONG documentando esta realidad, el Gobierno, entonces en manos del Partido Popular, comenzó a admitir la existencia de las devoluciones en caliente, pero bajo otro nombre: rechazo en frontera. El departamento dirigido en esa época por Jorge Fernández Díaz defendía que estaban cubiertas por la normativa y en 2015 les dio cobertura legal en una disposición adicional de la Ley de seguridad ciudadana, más conocida como ‘ley mordaza’.
La explicación de Fernández Díaz era que las expulsiones estaban amparadas legalmente porque los inmigrantes no entran a España cuando superan la valla, sino cuando traspasan la línea de guardias civiles y policías que hay desplegados para frenar su intento irregular de llegar al país. Un punto que fue rechazado por la Unión Europea, el Defensor del Pueblo y las oenegés, que consideran que esta realidad viola la legislación nacional, europea e internacional sobre derechos humanos.
Además de la declaración de este jefe del Instituto Armado, otro informe de la Guardia Civil, incorporado a la causa de la tragedia del Tarajal, también admitía que la expulsión inmediata de inmigrantes se «consolidó» en 2005 cuando se produjeron los primeros asaltos multitudinarios a las vallas de las ciudades autónomas.
Los agentes piden un protocolo
Pese a que el actual Ministerio del Interior sigue negando que el pasado 24 de junio se produjesen devoluciones de centenares de subsaharianos que pisaron suelo español, los guardias civiles sí lo afirman abiertamente y explican que, pese a que el Gobierno lo oculta, son las directrices que todavía marca la legislación actual. Pues la disposición adicional que aprobó el Ejecutivo de Rajoy está vigente, mientras la reforma de la ‘ley mordaza’ continua debatiéndose en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Razón por la que las asociaciones de guardias civiles le piden al ministro que fije un «protocolo claro de actuación».
«La falta de protocolos perjudica gravemente la actuación de los guardias civiles. Arriesgan sus vidas al cumplir el trabajo en la frontera. La entrada de la guardia marroquí en suelo español está contemplada para las devoluciones en caliente, y nosotros actuamos en base a los procedimientos legales que tenemos disponibles para trabajar. Otra cosa es que el poder legislativo español u europeo dicte otra cosa. Por lo tanto, tendremos que cumplir con esos cambios, pero a día de hoy es lo que tenemos para cumplir con nuestro trabajo», señalan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
Desde Jucil explican que el operativo policial del pasado junio en Melilla «fue un desastre por la falta de previsión y de medios». Motivos por los que, ante la avalancha de inmigrantes, no tuvieron otra opción que requerir de la ayuda de los gendarmes marroquíes para expulsar a los subsaharianos que los guardias civiles iban deteniendo en la valla.
Una actuación, argumentan fuentes de esta asociación, respaldada por fallos europeos. En concreto, prosiguen, por la sentencia 172/2020, del 19 de noviembre de 2020, de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que sostiene que los «estados pueden rechazar la entrada de aquellos extranjeros que crucen la frontera por lugares distintos a los habilitados».
