Podemos acusa a Díaz de negociar a sus espaldas la eliminación de la sedición
El partido cree, al igual que parte de los independentistas, que la reforma para derogar el delito puede derivar en interpretaciones que criminalicen la protesta pacífica
a ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra; la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. | Isabel Infantes (EP)
La guerra soterrada entre Podemos y Yolanda Díaz sigue sumando nuevos capítulos. La formación morada ha admitido este lunes que no participó directamente en la negociación con el PSOE para suprimir el delito de sedición del código penal, cuyos detalles desconocían al ser asumida desde la vicepresidenta segunda y el presidente del grupo parlamentario confederal y representante de los ‘comunes’, Jaume Asens. Una situación que han aprovechado para advertir sobre el contenido de la reforma, que les preocupa por la posibilidad de que derive en interpretaciones que criminalicen la protesta pacífica, y en ese sentido estudiarán en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley si es necesario plantear enmiendas.
Una postura muy similar a la que han mantenido ciertas partes del independentismo, sobre todo las más próximas a la CUP y al expresident Carles Puigdemont, que ha sido trasladada en rueda de prensa por la coportavoz estatal de Podemos, María Teresa Pérez, para destacar no obstante que la derogación del delito de sedición es «muy buena noticia» porque era «anacrónico» y llevan «mucho tiempo reclamando». Y es que su postura es que el conflicto en Cataluña se soluciona desde la «política» y no desde la esfera judicial.
Eso sí, preguntada sobre si fueron informados de los pormenores de la propuesta legislativa, ha respondido que no conocían su contenido y que las conversaciones con el ala socialista se llevaron a cabo desde la vicepresidencia segunda. Unas palabras que luego ha contestado el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, al asegurar que todo el espacio confederal conocía que se estaba negociando este cambio del Código Penal, aunque se optó por no dar detalles no solo al partido morado sino también a las direcciones de IU y En Comú Podem, por discreción y para evitar filtraciones.
Por otro lado, otras fuentes del espacio confederal han recalcado a Europa Press que la líder de Podemos, Ione Belarra, fue informada por la vicepresidenta de los pormenores de la reforma cuando se cerró el jueves, destacando que antes ya estaba al corriente de que se estaba negociando con el PSOE la proposición de ley conjunta.
Por otro lado y sobre la opción de modificar también el delito de malversación con la vista puesta en los condenados del ‘procés’ y si temía que podría beneficiar a casos como el del expresidente andaluz José Antonio Griñán en caso de acometerse, la dirigente de la formación morada ha explicado que por ahora no hay una propuesta concreta, pero que si surge lo estudiarán.
Iglesias afea el «secretismo» de la reforma
No obstante y sobre la propuesta ya registrada entre PSOE y Unidas Podemos, Pérez ha reconocido que les suscita cierta preocupación que la redacción del delito de desórdenes públicos agravados pueda ser interpretada para «criminalizar la protesta». En consecuencia, ha apuntado que durante la tramitación parlamentaria se podrá valorar posibles cambios para «mejorar el texto», como ocurre en «multitud de ocasiones».
Este temor objetado por la formación se produce precisamente en un clima de tensión y de distanciamiento con Díaz, tras la exigencia de respeto para confluir con Sumar manifestada en la ‘Uni de otoño’. La postura de Podemos es similar a la verbalizada por el exvicepresidente segundo Pablo Iglesias el pasado viernes, que consideró un «avance democrático» la supresión del delito de sedición pero avisó de que no tendría sentido de que su eliminación concluya con la incorporación «por la puerta de atrás de otros tipos penales para criminalizar la protesta social».
También opinó que miembros de Podemos estaban estudiando en detalle una reforma que se había llevado a cabo con «enorme secretismo», defendiendo a su vez que existía un «consenso en toda la izquierda de que ninguna reforma puede servir para que activistas sociales que practican la desobediencia civil o protestan en la calle se puedan encontrar con nuevos tipos penales que sirvan para criminalizar la protesta social».
Fuentes de la negociación han indicado a Europa Press que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han estado coordinados en esta reforma legal, al considerar que lo correcto era modernizar el Código Penal para adecuarse al marco de las democracias europeas «más avanzadas». Y ello implicaba tanto eliminar propiamente este tipo penal como reducir las penas. Por otro lado, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, mantuvo negociaciones dentro del ala socialista con Asens, quien el viernes destacó que la derogación del delito de sedición era un objetivo planteado desde hace tres años y que han conseguido.
De esta forma y como ha venido reivindicado, las tesis del socio minoritario consistían en indultos, mesa de negociación y derogar la sedición, que han llegado a buen puerto en esta legislatura. En el seno de la formación morada han mostrado cautela con algunas aristas del texto, sobre todo por posible afectación a la interpretación que hagan los cuerpos policiales y jueces de este delito en caso de protestas sociales cotidinanas, y que atribuyen al PSOE, que ha ejercido su posición de fuerza mayoritaria en el Ejecutivo.
