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La Justicia catalana envía a juicio a la consellera Garriga y a dos altos cargos por el 1-O

Los tres fueron detenidos en 2017, en la operación destinada a abortar la logística del referéndum ilegal, que provocó el registro del departamento de economía

La Justicia catalana envía a juicio a la consellera Garriga y a dos altos cargos por el 1-O

Coche de la Guardia Civil vandalizado durante el registro a la consejería de economía. | Europa Press

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado enviar a juicio a la consellera Natalia Garriga, por desobediencia, y a los ex altos cargos del Govern Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, en su caso también por prevaricación, malversación y revelación de secretos, por los preparativos del 1-O.

Así lo ha acordado en un auto la sala civil y penal del alto tribunal catalán, tras desestimar los recursos de los acusados y confirmar la resoluciones en que se dio por finalizada la instrucción del caso y se les procesaba por su participación en los preparativos del referéndum del 1 de octubre de 2017, cuando ejercían como altos cargos de la consellería de Vicepresidencia y Economía liderada por Oriol Junqueras.

El TSJC ha decidido abrir juicio oral tras rechazar los últimos recursos de las defensas, en los que por ejemplo Jové pidió que se llevaran a cabo nuevas diligencias para investigar si el CNI y las fuerzas de seguridad le espiaron como a otros independentistas, si bien la sala lo ha desestimado porque entiende que ello no tendría efectos sobre unos hechos anteriores.

En el caso la consellera de Cultura, Natalia Garriga, la magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret acordó en abril pasado, poco antes de dar por finalizada la instrucción, dejar sin efecto su procesamiento por un delito de malversación y limitarlo únicamente al de desobediencia grave a la autoridad, que se castiga con inhabilitación y multa pero no conlleva penas de prisión.

Garriga, Jové y Salvadó fueron detenidos el 20 de septiembre de 2017, en la operación ordenada por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona para abortar la logística del 1-O que dio pie al registro de la sede del Departamento de Vicepresidencia y Economía, dirigido por Oriol Junqueras, donde los tres ejercían como altos cargos.

Tras las últimas elecciones catalanas, Garriga fue nombrada consellera de Cultura y la causa contra ella, que estaba ya ultimada, pasó del juzgado de instrucción 13 al TSJC, que la incorporó al proceso contra los diputados de ERC y ex altos cargos de Economía Josep Maria Jové, quien era su superior en el Departamento, y Lluís Salvadó.

La Fiscalía, que todavía tiene que presentar su escrito de acusación, sostiene que Garriga incurrió en un delito de desobediencia grave, por «desatender los mandatos» del Tribunal Constitucional y colaborar en la organización del 1-O desde su cargo de directora de servicios de la secretaría general de Vicepresidenta, pero no de malversación.

En concreto, la Fiscalía acusa a la consellera de ejercer de «enlace» entre Jové y una de las procesadas no aforadas por el 1-O para obtener un local donde almacenar el material electoral del referéndum y de «transmitir instrucciones» para la cesión de unas naves de Bigues i Riells (Barcelona).

Según el ministerio público, también hizo gestiones para que la web del referéndum pudiera ser accesible para cualquier persona y asistió a un acto en abril de 2017, organizado por el Departamento de Vicepresidencia, «con el que se pretendía transmitir a la ciudadanía el compromiso de los miembros y demás altos cargos del Govern con el referéndum ilegal que se iba a convocar en breve».

Por su parte, según el auto de procesamiento, Jové, miembro de la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, tuvo una «participación activa» en la preparación del 1-O y, por su cargo como ex secretario general de Vicepresiencia, «conoció y autorizó» gastos superiores a los 2,1 millones de euros para el referéndum ilegal.

La juez basó parte de sus indicios contra Jové a partir de las anotaciones en su agenda ‘Moleskine‘ intervenida por la Guardia Civil cuando fue detenido el 20 de septiembre de 2017, en una etapa en la que, según la magistrada, «desoyó» los mandatos del Tribunal Constitucional al intervenir activamente en la búsqueda de los locales donde debía llevarse a cabo el referéndum.

En cuanto a Salvadó, que también fue detenido el 20 de septiembre de 2017, el auto de procesamiento resalta su implicación en la elaboración de las denominadas estructuras de Estado, haciendo especial hincapié en la Agencia tributaria de una eventual Cataluña independiente y en la recaudación de todos los impuestos.

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